Christopher Young fue ejecutado en Texas al atardecer del 17 de julio después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado negara la clemencia y de que el gobernador rechazara intervenir

Christopher Young había sido condenado a muerte en 2006 por el asesinato de Hasmukh Patel, cometido en noviembre de 2004. Este mismo mes, sus abogados pidieron clemencia a la Junta de Indultos y Libertad Condicional, afirmando que Young “ya no es el joven que era” (tenía 21 años en el momento de los disparos) y que su conducta en los últimos años —apoyando a otros presos y tratando de enseñar a los jóvenes los peligros de la violencia— contradecía la decisión del jurado de que debía ser ejecutado. Entre quienes pedían clemencia se encontraba Mitesh Patel, hijo de la víctima. Mitesh Patel reconocía que la ejecución no ayudaría en nada ni a él si a su familia, y sólo tendría consecuencias negativas para los seres queridos de Christopher Young. También reconocía que Christopher Young había perdido a su propio padre, asesinado cuando él tenía ocho años, y el trauma que aquello le había causado.

El 13 de julio, la Junta de Indultos y Libertad Condicional votó por unanimidad en contra del indulto. Los abogados de Christopher Young recurrieron esta decisión en un tribunal federal de primera instancia, alegando que existían pruebas claras de que la votación se había visto empañada por la discriminación racial. Señalaron que, este mismo año, la Junta de Indultos había recomendado unánimemente la clemencia para Thomas Whitaker, y el gobernador había conmutado su condena a muerte, después de que el propio padre del preso pidiera clemencia en tanto que víctima del delito y persona que se convertiría de nuevo en víctima a causa de la ejecución. Thomas Whitaker es blanco; Christopher Young era negro. Al pedir una suspensión de la ejecución, el abogado de Christopher Young dijo al juez federal que conocía seis casos en Texas en los que familiares de la víctima de asesinato habían pedido clemencia, y en cinco de ellos, todos de presos afroamericanos, la clemencia se había denegado. El sexto era el caso de Whitaker.

En su resolución del 17 de julio, el juez federal de primera instancia dijo que “esta historia de clemencia concedida y denegada, si es cierta, resulta sumamente inquietante”. No obstante, señaló, mientras “en un mundo racional” podría pedir la presentación de pruebas y su examen, “por desgracia esa opción no se contempla en las normas para suspender una ejecución”. Aquí, “se pide al tribunal que tome una determinación sobre la cuestión crítica de un posible sesgo racial en el primer día laborable tras la actuación de la Junta, y 24 horas antes de la ejecución programada”. La norma para dictar una suspensión, dijo, era si el preso podía “demostrar con firmeza” que, si se le permitía proceder con el caso, tenía posibilidades de éxito. Al mismo tiempo, se estaba pidiendo al preso que hiciera lo “casi imposible”: demostrar la existencia de discriminación racial cuando “quienes practican la discriminación racial rara vez anuncian sus motivos” y cuando “es difícil obtener pruebas circunstanciales”. En su sentencia, el juez federal de primera instancia señaló que los miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional no habían “ofrecido ninguna explicación de su decisión” ni “motivos para creer” que la petición de clemencia de Christopher Young había “recibido un examen significativo, no digamos ya el minucioso estudio que debería ser el mínimo imprescindible cuando hay una vida en juego”. “Lo ideal”, dijo, habría sido que la fiscalía estuviera decidida a demostrar que el proceso no se había visto “contaminado” por la discriminación racial y que dicho proceso “no sólo era justo, sino que se veía que era justo”. El juez federal de primera instancia denegó la moción, y la Corte de Apelaciones federal confirmó esta decisión el 17 de julio.

Antes de ser ejecutado, Christopher Young dijo: “Quiero asegurarme de que la familia Patel sabe que los amo como ellos me aman. Asegúrense de que los chicos del mundo saben que me están ejecutando, y que esos chicos de los que he sido mentor mantienen esta lucha”.

Texas ha sido responsable de 553 de las 1.479 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que la Corte Suprema confirmó los nuevos estatutos de pena capital en 1976. Además, ha sido responsable de ocho de las 14 ejecuciones llevadas a cabo en el país este año.

Índice: AMR 51/8810/2018