Una jueza ha impedido que el estado de Nevada lleve a cabo su primera ejecución en 12 años unas horas antes del momento previsto, el 11 de julio. La jueza suspendió temporalmente la ejecución de un preso que había renunciado a presentar las apelaciones a las que tenía derecho, luego de que el fabricante de uno de los fármacos que el estado tenía previsto utilizar en la inyección letal presentase una demanda

La ejecución, programada para el 11 de julio, habría sido la primera en Estados Unidos en utilizar la combinación de tres fármacos, midazolam (sedante), fentanilo (opiáceo) y cisatracurio (paralizante). El Departamento de Prisiones de Nevada presentó un protocolo de ejecución revisado al actual director general de Salud Pública que incluía el midazolam —fármaco que ha estado presente en varias ejecuciones “fallidas” en Estados Unidos— como sustituto del diazepam, por haber caducado recientemente la partida de este fármaco en poder del estado. Según el director del Departamento de Prisiones de Nevada, el director general de Salud Pública había dicho que el midazolam, el fentanilo y el cisatracurio eran “apropiados y eficaces para el uso previsto”.

Tras conocerse esta intención de usar midazolam, el fabricante del fármaco, Alvogen, interpuso una demanda ante un tribunal de Las Vegas, en la que sostenía que las autoridades de Nevada habían adquirido cierta cantidad del fármaco “mediante un subterfugio con la intención no revelada e impropia de usarlo para la próxima ejecución”. Según la demanda, el midazolam “no está aprobado para uso en este tipo de aplicación. Los intentos realizados en el pasado por otros estados de usar el medicamento en inyecciones letales han generado una extraordinaria controversia”.

Cuando faltaban unas nueve horas para la ejecución, el tribunal federal de primera instancia del Octavo Distrito Judicial, donde se había presentado la demanda, dictó una orden de suspensión temporal que impedía que el estado llevara a cabo la ejecución, en espera de nuevas vistas judiciales. La juez falló que la orden era necesaria para “preservar el statu quo e impedir daños irreparables” que se habrían producido si las autoridades del estado hubieran “usado indebidamente el producto midazolam de Alvogen en la ejecución”. Alvogen, sostenía la jueza, sufriría “daños irreparables para su reputación como empresa productora de fármacos que mejoran la calidad de vida y salvan vidas” si las autoridades del estado eran “autorizadas a usar indebidamente su producto midazolam”. La jueza prohibió al estado el uso del midazolam de Alvogen “en la pena capital hasta nueva orden de este Tribunal”. La jueza fijó una vista para el 10 de septiembre de 2018.

Aunque la orden de ejecución permaneció vigente hasta el final de la semana, las autoridades no presentaron recurso contra el auto judicial.

Nevada ha llevado a cabo 12 ejecuciones desde que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó las nuevas leyes de pena capital en 1976 y desde que Nevada aprobó su actual ley de pena capital en 1977. De estas ejecuciones, 12 fueron de lo que se denomina “voluntarios”, presos que habían renunciado a sus apelaciones. El preso cuya ejecución estaba prevista para el 11 de julio también ha renunciado a sus apelaciones.

Desde que Nevada llevó a cabo su última ejecución, 22 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos comunes. En la actualidad hay 142 países abolicionistas en la ley o en la práctica. Desde la última ejecución de Nevada, seis estados de Estados Unidos han abolido la pena de muerte (Nueva Jersey, Nuevo México, Illinois, Connecticut, Maryland y Delaware). Los gobernadores de los estados de Oregón, Pensilvania y Washington han dictado moratorias de las ejecuciones.

En Estados Unidos se han llevado a cabo 12 ejecuciones en los meses transcurridos de 2018, con lo que la cifra de ejecuciones llevadas a cabo en el país desde 1976 asciende ya a 1.477. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente.