En la madrugada del 3 de julio, los habitantes de la zona rural del municipio de Argelia, Cauca, en la región suroccidental de Colombia, encontraron siete cadáveres en una carretera que une los poblados de La Belleza y Sinaí. Según la información recibida, los cadáveres presentaban disparos a quemarropa y señales visibles de tortura y otros malos tratos. El 5 de julio, las autoridades pudieron identificar seis de los siete cadáveres, dos de los cuales eran de ex combatientes registrados del grupo guerrillero desmovilizado FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Amnistía Internacional ha recibido de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) información que indica que en las últimas semanas se han repartido panfletos de grupos paramilitares, identificados como Comando Popular de Limpieza y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en los que los dos grupos advertían de que “eliminarán” a ladrones, violadores y difusores de rumores, y declaraban “objetivos militares” a las personas ajenas al municipio.

La población de Argelia tiene miedo, ya que podría tratarse de una advertencia de futuros actos de violencia. Los habitantes informaron de la presencia de diversos grupos armados en la zona, incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos disidentes que no participaron en el Acuerdo de Paz, grupos paramilitares y bandas delictivas que, según se cree, están implicadas en tráfico de drogas. El municipio de Argelia está identificado como un corredor de actividad de narcotráfico.

Escriban inmediatamente en español, en inglés o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:

- ordenen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de los siete hombres hallados en Argelia, Cauca;

- desmantelen los grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas tanto por los órganos internacionales como por Amnistía Internacional;

- brinden protección a la comunidad, garantizando que los actos de violencia no se repiten y que se respetan sus derechos humanos.

Envíen llamamientos antes del 17 de agosto de 2018 a:

Presidente

Juan Manuel Santos

Presidente de la República

Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26

Bogotá, Colombia

Correo: contacto@presidencia.gov.co

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos            

Fiscalía General

Nestor Humberto Martínez

Fiscal General de Colombia

Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D. C., Colombia

Correo-e: despacho.fiscal@fiscalia.gov.co

Tratamiento: Estimado Señor Fiscal

Y copias a:

Defensor del Pueblo

Carrera 9 Núm.16 – 21

Bogotá D. C., Colombia

Correo-e: asuntosdefensor@defensoria.gov.co

Las negociaciones entre el grupo guerrillero Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia y el gobierno colombiano comenzaron formalmente en octubre de 2012 con el objetivo de poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno. La primera versión del Acuerdo de Paz fue firmada por las partes el 26 de septiembre de 2016 y sometida a referéndum el 2 de octubre de ese mismo año. El Acuerdo fue rechazado en el referéndum, lo que arroja dudas sobre la continuación de las conversaciones de paz y plantea cuestiones sobre cómo llegar a un equilibrio entre la necesidad de alcanzar un acuerdo de paz y las obligaciones internacionales contraídas por Colombia respecto a la justicia y los derechos de las víctimas. El 24 de noviembre de 2016 se firmó una nueva versión del acuerdo de paz que, en una votación posterior, fue aprobada por mayoría en el Congreso el 1 de diciembre de 2016.

Amnistía Internacional ha manifestado en varias ocasiones que la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz en territorios históricamente afectados por la violencia podría contribuir a que no se repitan esos crímenes. En algunos departamentos, como el Chocó, el Cauca, Antioquia y Norte de Santander, persisten las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, incluidos asesinatos de miembros de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas, desplazamientos forzosos colectivos, confinamiento de las comunidades en determinadas zonas del país, reclutamiento forzoso de niños y niñas para servir en los grupos armados, violencia sexual y uso de minas antipersonal.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, el conflicto armado se ha intensificado en algunas zonas debido a enfrentamientos armados entre las fuerzas guerrilleras del ELN, los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado, todos los cuales intentan llenar el vacío de poder que han dejado las FARC.

El municipio de Argelia, en el Cauca, ha sido escenario de muchos actos violentos durante el conflicto armado de Colombia. En 2015, un día después de que la población de Argelia tuviera enfrentamientos con el ejército —que terminaron con una persona muerta y tres heridas—, una bomba colocada por el grupo guerrillero de las FARC mató a tres agentes de policía. Los enfrentamientos entre la comunidad y las fuerzas de seguridad han sido constantes, y normalmente están relacionados con operaciones de erradicación de hoja de coca; el municipio tiene una gran densidad de cultivos de coca.

Desde 2015 se ha recibido información sobre la presencia de grupos paramilitares en el departamento del Cauca, lo que suscita temor entre los habitantes y amenaza a los líderes de las comunidades. El defensor del Pueblo ha advertido en numerosas ocasiones sobre la vulnerabilidad de la comunidad. A pesar de estas advertencias, el Estado aún no ha respondido de forma integral ni oportuna, y los habitantes se sienten amenazados por la diversidad de grupos armados que ahora se enfrentan por el control del territorio.

Hace justo un año, en el municipio de Bolívar, también en el Cauca, se hallaron seis cadáveres en circunstancias similares, al parecer relacionados con cuestiones de narcotráfico; los cadáveres se encontraron apilados y con disparos a quemarropa. Las investigaciones realizadas hasta la fecha no han conducido a que los responsables del delito rindan cuentas, lo que indica también el alto grado de impunidad de que gozan los crímenes de este tipo en la región del Cauca.

En los últimos dos meses han sido víctimas de homicidio al menos 10 personas defensoras de los derechos humanos, que supuestamente apoyaban la campaña del candidato a la presidencia Gustavo Petro. El grupo paramilitar AGC ha estado repartiendo unos panfletos en los que amenaza con matar a los simpatizantes de Gustavo Petro, a quien un alto porcentaje de la población de Argelia apoyó en las últimas elecciones presidenciales.

Índice: AMR 23/8744/2018