“La idea de que más de 700 personas hayan podido ser juzgadas en el mismo día y estén expuestas a ser condenadas a muerte tras un juicio manifiestamente injusto y que viola la Constitución misma de Egipto es inconcebible”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África

El juicio colectivo de 739 personas, muchas de ellas acusadas de delitos punibles con la muerte en relación con el campamento de Al Rabaa del 14 de agosto de 2013, es una grotesca parodia de justicia, ha manifestado Amnistía Internacional ante la sentencia que se espera que dicte un tribunal penal de El Cairo mañana.

Entre los acusados figura el fotoperiodista y preso de conciencia Mahmoud Abu Zeid, conocido como “Shawkan”, que fue detenido cuanto documentaba la protesta. Amnistía Internacional pide que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

“La idea de que más de 700 personas hayan podido ser juzgadas en el mismo día y estén expuestas a ser condenadas a muerte tras un juicio manifiestamente injusto y que viola la Constitución misma de Egipto es inconcebible”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“No cabe calificarlo más que de parodia de justicia, que arroja una oscura sombra sobre la integridad del sistema judicial entero de Egipto y supone una burla al debido proceso.”

Entre los 739 acusados hay miembros de la Hermandad Musulmana, grupo prohibido ahora en Egipto, acusados de participar en protestas no autorizadas y de otros delitos que abarcan desde asesinato hasta “incitación a infringir la ley”, “pertenencia a un grupo ilegal”, “concentración ilegal” y participación en actos violentos.

Durante las sesiones del juicio, los fiscales no presentaron pruebas de la responsabilidad individual de cada uno de los 739 acusados, ni insistió el tribunal en la necesidad de establecer tal responsabilidad, lo que hace que el juicio sea flagrantemente injusto. Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que dejen en libertad a todas las personas detenidas por protestar pacíficamente y retiren los cargos contra ellas; las que sean sospechosas de cometer delitos violentos deben ser sometidas a un juicio justo, en el que no se recurra a la pena de muerte, o ser puestas en libertad.

El fotoperiodista de 30 años Shawkan está acusado de 24 delitos, entre ellos asesinato, “concentración ilegal” y otro actos de violencia.

Lo detuvieron cuando realizaba su trabajo cubriendo la protesta. El fiscal no ha presentado ninguna prueba que permita declararlo culpable de asesinato u otro acto de violencia. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Egipto tiene la obligación de hacer valer el derecho a la libertad de reunión pacífica, que está garantizado también por la Constitución egipcia, y el acto de “concentración ilegal” no deber tratado como delito.

Shawkan está en prisión preventiva desde la dispersión del campamento de Al Rabaa el 14 de agosto de 2013. Su prolongada detención en espera de juicio constituye una violación de la legislación misma de Egipto, que establece en dos años el periodo máximo de prisión preventiva.

“Shawkan lleva ya casi cuatro años detenido sin sentencia judicial, el doble del periodo máximo previsto por la legislación egipcia. Es una medida claramente punitiva y que tiene por objeto silenciar a otras personas que puedan llevar a cabo alguna forma de periodismo o activismo contra las autoridades egipcias”, ha añadido Najia Bounaim.

El 14 de agosto de 2013, las fuerzas de seguridad egipcias dispersaron con violencia campamentos instalados en las plazas cairotas de Al Rabaa al Adawiya y Al Nahda, matando al menos a 900 personas e hiriendo a miles más. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad egipcias ha rendido cuentas por lo que se conoce ya como la matanza de Al Rabaa.