Desde febrero de 2018 se ha informado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de al menos 33 casos de desaparición en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, norte de México. Hasta el momento se han encontrado 13 cadáveres. En su mayoría los han encontrado sus familiares. En mayo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos emitió una serie de alertas sobre estos casos. Algunas desapariciones indican la posible implicación de la Marina mexicana, basándonos en declaraciones de testigos y en material audiovisual recopilado durante los sucesos.

Varios familiares o testigos recibieron amenazas después de denunciar sus casos a las autoridades o hacer públicas sus demandas. Muchos han expresado su temor y la necesidad de que el Estado les brinde protección. Además, la Marina mexicana ha incumplido su promesa inicial de permitir a estas personas la entrada en sus instalaciones para buscar a sus seres queridos desaparecidos. Algunos familiares señalaron que estaban sufriendo acoso o intimidación tras pedir información en instalaciones de la Marina. La ONG que acompaña a las familias (el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo) ha sufrido constantes ataques en las redes sociales y ha sido acusada de “apoyar a criminales”. El 6 de junio, tras una reunión con decenas de familiares de desaparecidos, las autoridades federales se comprometieron a realizar una serie de acciones, que incluían acelerar la búsqueda, garantizar la rapidez de las investigaciones y garantizar la protección de las familias.

Los familiares de Ángel (14), José Daniel Trejo García (41), Jorge Antonio Hernández Domínguez (18) y José Luis Bautista Carrillo (32) dijeron a Amnistía Internacional que, hasta el momento, la Procuraduría General de la República no ha llevado a cabo una investigación exhaustiva ni ha progresado en la investigación sobre las desapariciones, que tuvieron lugar entre marzo y mayo. Además, los familiares de José Eugenio Hernández Romero (14), desaparecido al atardecer del 23 de abril y cuyo cadáver fue hallado unos días después, aún no han podido acceder a una copia del expediente de la investigación sobre su muerte, a pesar de que tienen derecho a hacerlo. El hilo común que une estos casos es que los testigos describen haber visto a miembros de la Marina llevarse en sus vehículos a los desaparecidos.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que investiguen de forma urgente y rápida la desaparición y las ejecuciones denunciadas en los últimos meses, dando prioridad a la búsqueda de las personas desaparecidas y al examen de las pruebas y el trabajo de campo;

- garantizar protección a los familiares que piden vigilancia u otras medidas de seguridad, y apoyo público a los defensores y defensoras de los derechos humanos implicados en estos casos;

- pidiendo a la Marina mexicana que coopere plenamente con todas las investigaciones y que proporcione información detallada sobre las operaciones que ha realizado en los últimos meses en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Envíen llamamientos antes del 1 de agosto de 2018 a:

En México, en la actualidad, hay más de 37.000 personas desaparecidas. Tamaulipas es el estado con más casos de desaparición del país, con un total de 5.990 personas en paradero desconocido a 30 de abril de 2018, según cifras oficiales. Este número ha aumentado desde entonces.

Entre febrero y mayo de 2018 hubo un fuerte aumento del número de desapariciones denunciadas en la ciudad de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. Muchas de ellas, según las familias, fueron desapariciones forzadas a manos de la Marina.

Del 12 al 15 de junio, varias autoridades federales realizaron una delegación de seguimiento en Nuevo Laredo para continuar con los compromisos formulados a los familiares durante una reunión de alto nivel celebrada el 6 de junio. Durante esta delegación de seguimiento, varias autoridades entrevistaron a las familias individualmente para contribuir a las investigaciones.

Aunque esto es importante, las familias han denunciado a Amnistía Internacional que se está perdiendo un tiempo crucial a la hora de realizar búsquedas esenciales de pruebas materiales sobre el terreno. En varios casos, algunos de los cuales tuvieron lugar hace hasta tres meses, aún no se han analizado datos clave tales como registros y seguimientos de llamadas telefónicas, vídeos de vigilancia de empresas cercanas a los lugares de la desaparición, huellas dactilares y otras pruebas similares.

Hasta el momento, la mayoría de las búsquedas de personas desaparecidas las han llevado a cabo las propias familias, con gran riesgo personal. Durante esas búsquedas han encontrado 13 cadáveres.

Índice: AMR 41/8639/2018