“Es una amarga ironía que, mientras el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado, el Parlamento húngaro haya votado hoy introducir una ley dirigida contra las personas y organizaciones que apoyan a personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes”, declaró Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa

Tras la aprobación en Hungría de un paquete de leyes punitivas, incluida una que criminaliza el trabajo legítimo realizado sobre la migración por activistas y ONG, Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:

“Es una amarga ironía que, mientras el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado, el Parlamento húngaro haya votado hoy introducir una ley dirigida contra las personas y organizaciones que apoyan a personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes”.

"La criminalización de un trabajo esencial y legítimo de derechos humanos es un ataque descarado contra las personas que buscan refugio frente a la persecución y contra quienes realizan un trabajo admirable para ayudarlas. Es un nuevo récord a la baja en la represión cada vez más intensa de la sociedad civil, y es algo a lo que nos resistiremos en cada paso que se dé.”

“Lucharemos contra la creciente marea de intolerancia institucional hacia las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y contra los intentos de estigmatizar, intimidar y asustar a las organizaciones de la sociedad civil húngaras.”

“La inquebrantable labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos en Hungría es más esencial que nunca, y nos comprometemos a luchar hombro con hombro con ellas.”

Información complementaria

El informe Hungary: New laws that violate human rights, threaten civil society and undermine the rule of law should be shelved se ha publicado hoy.

El proyecto de ley aprobado hoy en el Parlamento por abrumadora mayoría penaliza una serie de actividades legales en apoyo de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes, todas ellas protegidas tanto por el derecho internacional de los derechos humanos como por la legislación de la UE. Quienes incumplan esta ley pueden enfrentarse a hasta un año de prisión.

También se aprobó un proyecto de ley aparte que proponía una “séptima enmienda” a la Constitución. Este proyecto socava los derechos humanos y el Estado de derecho en Hungría al prohibir el reasentamiento de poblaciones extranjeras, restringe la capacidad de la gente de protestar pacíficamente, mina la independencia del poder judicial, criminaliza la falta de vivienda y dispone que las autoridades estatales protegerán la “cultura cristiana” de Hungría.

Si se toman todos juntos, estos cambios en la ley húngara constituyen una grave amenaza al derecho a pedir asilo, a la libertad de circulación, reunión y expresión y al derecho a no sufrir discriminación.