Ariel Ruiz Urquiola es doctor en ciencias biológicas y anteriormente trabajaba como investigador en la Universidad de La Habana. En 2015 compró una casa en la zona de la Sierra del Infierno, en el Parque Nacional de Viñales, lugar declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad situado en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba. Tras adquirir el derecho a cultivar la tierra de propiedad estatal que rodea su casa, en 2016 comenzó un proyecto medioambiental con su familia y amistades para preservar las especies locales y desarrollar proyectos agrícolas sostenibles.

La mañana del 3 de mayo de 2018, dos guardabosques (organismo nacional encargado de la protección del “patrimonio forestal, la fauna silvestre y la caza”) visitaron las tierras de Ariel. Según testigos que hablaron con Amnistía Internacional, los guardabosques preguntaron si tenía los permisos correspondientes para construir una valla alrededor de la casa, talar árboles y poseer una sierra mecánica. Ariel les invitó a ir con él a la casa para comprobar los permisos. Por el camino, les pidió que le mostraran su identificación y, cuando uno de ellos se negó a hacerlo, Ariel se refirió a ellos como “policías rurales”. Los hombres interpretaron el término como “guardias rurales”, que en Cuba tiene una connotación negativa ya que se refiere a funcionarios de la dictadura de Batista. Los guardabosques abandonaron la zona y, esa misma tarde, tres agentes de policía se presentaron con una orden judicial, detuvieron a Ariel y lo llevaron a la cercana comisaría de Viñales.

Basándose en los documentos judiciales que Amnistía Internacional ha podido examinar, Ariel fue acusado de desacato (“[e]l que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público [...])” hacia los guardabosques y el 8 de mayo fue condenado a un año de prisión (la pena máxima según el artículo 144.1 del Código Penal) por el Tribunal Municipal de Viñales. La decisión fue confirmada en apelación por el Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río el 22 de mayo. Según la familia, el abogado de Ariel no tuvo acceso ni al detenido ni a su expediente hasta el mismo día del juicio. Ariel fue encarcelado primero en la Prisión Provincial de Pinar del Río y, el 11 de junio, la familia fue informada de que lo habían trasladado al cercano Correccional Cayo Largo. Su hermana, Omara Urquiola, informó a Amnistía Internacional de que los funcionarios penitenciarios la habían amenazado para que dejara de hablar con la prensa internacional, diciéndole que suspenderían las visitas de Ariel y su comunicación con su familia. Ariel Ruiz Urquiola tiene un historial de criticar públicamente a las autoridades cubanas en relación con cuestiones medioambientales.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- instando a las autoridades a poner en libertad inmediata e incondicional a Ariel Ruiz Urquiola, pues es un preso de conciencia encarcelado únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión;

- instándolas a garantizar que, hasta que sea puesto en libertad, no sufre malos tratos, intimidación ni amenazas, y que tiene acceso periódico a su familia y a abogados de su elección;

- pidiéndoles que garanticen el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, también para las voces críticas, y pidiéndoles que deroguen toda la legislación que limite indebidamente estos derechos.

Envíen llamamientos antes del 20 de julio de 2018 a: 

Ariel Ruiz Urquiola tiene un largo historial de activismo medioambiental pero, según su familia, no se identifica como opositor político al gobierno. En 2008, durante su participación en un seminario internacional en México como investigador de la Universidad de La Habana, criticó públicamente la presunta pesca ilegal de tortugas marinas en Cuba. En 2009, las autoridades universitarias suspendieron su trabajo sobre las tortugas marinas. Entre 2010 y 2013 continuó con su trabajo en la Universidad de La Habana, pero cambió su campo de investigación al estudio de la fauna en la zona de la Sierra de los Órganos, en la provincia de Pinar del Río. Tras unas desavenencias con los directivos del centro universitario, primero fue degradado de cargo y sueldo y, en 2016, fue despedido de la Universidad tras ser acusado de repetidas ausencias. Tras su despido, Ariel criticó públicamente la decisión diciendo que se trataba de un “abuso de poder”. El despido fue confirmado por el Tribunal Municipal Popular de La Habana Vieja en una sentencia de 2016.

La legislación cubana dispone que el Estado es el propietario de la mayor parte de la tierra en Cuba. Sin embargo, las personas individuales pueden adquirir derechos de usufructo sobre las tierras estatales no utilizadas, y adquieren así ciertos derechos para usar esas tierras para motivos específicos establecidos por la ley. En 2016, Ariel Ruiz Urquiola obtuvo esos derechos sobre la tierra que rodea la casa que compró en 2015.

La familia de Ariel Ruiz Urquiola cree que las autoridades lo han encarcelado deliberadamente como represalia por su activismo medioambiental y como estrategia para privarle de las tierras estatales en las que lleva a cabo su proyecto medioambiental. En virtud de la legislación nacional, el usuario de una tierra propiedad del Estado pierde el derecho a utilizar esa tierra si se ausenta de ella, lo que significa que, si Ariel es encarcelado durante un año, puede perder el derecho a cultivar la tierra.

Amnistía Internacional se opone a las leyes que prohíben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o figuras públicas, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, o a banderas o símbolos (como las leyes sobre lesa majestad y desacato). Asimismo, se opone a las leyes que penalizan la difamación, ya sea de personalidades públicas o de particulares, ya que este tipo de actos deben ser competencia del derecho civil.

El delito de “desacato” (artículo 144.1 del Código Penal de Cuba) es una restricción indebida del derecho a la libertad de expresión, ya que las autoridades públicas deben tolerar más críticas que las personas particulares. El uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión.

Índice: AMR 25/8541/2018