"Sería muy decepcionante que la catastrófica situación de los derechos humanos en Corea del Norte quedara totalmente soslayada mientras continúa el deshielo de las relaciones diplomáticas”, declaró Hiroka Shoji, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental

La casi total negación de los derechos humanos en Corea del Norte no debe ser ignorada en la histórica reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente norcoreano Kim Jong-un, ha afirmado Amnistía Internacional.

Hiroka Shoji, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental:

“A millones de personas se les siguen negando sus derechos humanos en Corea del Norte, donde hasta 120.000 personas están en campos penitenciarios, en peligro de sufrir tortura, trabajo forzoso y ejecuciones. Sería muy decepcionante que la catastrófica situación de los derechos humanos en Corea del Norte quedara totalmente soslayada mientras continúa el deshielo de las relaciones diplomáticas.”

El mes pasado, Amnistía Internacional escribió al presidente Trump describiéndole las graves violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas que se producen en Corea del Norte y señalando las siguientes áreas fundamentales en las que presionar al presidente Kim Jong-un:

Campos penitenciarios

Se calcula que entre 80.000 y 120.000 personas siguen recluidas en los campos penitenciarios, donde presas y presos políticos corren peligro de ser sometidos a tortura, trabajo forzoso y otros malos tratos, y de ser ejecutados. Algunas violaciones que se cometen en estos campos constituyen crímenes de lesa humanidad. Muchas de las personas que están en campos penitenciarios no han sido condenadas por ningún delito reconocido internacionalmente: están detenidas de forma arbitraria por su relación con personas que el Estado considera una amenaza, lo que se denomina “culpabilidad por asociación”.

Es preciso que los observadores internacionales tengan acceso inmediato a todos los centros de detención y que se tomen medidas para poner en libertad a todas las personas recluidas por actividades que no deben ser criminalizadas.

Libertad de expresión

La ciudadanía de Corea del Norte está tristemente aislada del resto del mundo. Sigue habiendo graves limitaciones en el acceso a la información y a las comunicaciones. Aunque más de tres millones de habitantes de Corea del Norte tienen conexión de telefonía móvil, se trata fundamentalmente de una red nacional, donde los servicios internacionales están bloqueados. Se somete a vigilancia, acoso o incluso detención a quienes tratan de ponerse en contacto con familiares y amistades que han salido del país.

Familias separadas

Se calcula que un millón de coreanos y coreanas han sido separados o alejados a la fuerza de sus familias por desplazamientos durante la guerra, desapariciones forzadas y secuestros, y que en Corea del Sur, Japón y otros países hay unos 30.000 norcoreanos y norcoreanas que no disponen de ninguna vía legal para comunicarse con sus familiares en Corea del Norte.

Las autoridades norcoreanas deben eliminar las restricciones injustificadas en las comunicaciones internacionales, incluidos los contactos entre las dos Coreas. El gobierno también debe resolver los secuestros y cooperar con las investigaciones realizadas por otros Estados sobre tales denuncias.

Ayuda humanitaria

Según el Programa Mundial de Alimentos, en Corea del Norte hay 10,3 millones de personas que sufren desnutrición. Los niños y niñas pequeños y  las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se encuentran entre la población más afectada. Muchas personas sufren desnutrición crónica. Corea del Norte debe aceptar la ayuda internacional, y permitir el acceso sin trabas del personal de ayuda humanitaria.

Personas que trabajan en el extranjero

Corea del Norte sigue enviando trabajadores y trabajadoras a otros países para generar ingresos, la mayoría para el gobierno. Las autoridades norcoreanas mantienen un estrecho control sobre las comunicaciones y los movimientos de estas personas, a las que, además, se priva de información sobre los derechos laborales del país de acogida, donde están sometidas a jornadas laborales excesivamente largas y sufren condiciones de explotación.