Viernes, 08 de junio, 2018
Los defensores de los derechos humanos Florencio Pérez Nájera y Alejandro Hernández García, del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fueron asesinados violentamente el 4 de junio. Las autoridades deben poner fin a esta oleada de homicidios que se suman a los seis defensores de los derechos humanos asesinados en Guatemala en menos de un mes
El 3 de junio, Florencio Pérez Nájera (de 42 años) y Alejandro Hernández García (de 40) fueron a la comunidad de Llano Largo, departamento de Jutiapa (sur) para participar en una reunión del CODECA y no regresaron a su casa. La mañana del 4 de junio, sus familias encontraron sus cadáveres cerca de la entrada de su caserío, muertos al parecer por heridas de machete. Como líderes del CODECA, defendían la tierra, el territorio y los derechos laborales en sus comunidades. Estos homicidios han tenido lugar un mes después de que el presidente Jimmy Morales desacreditara y estigmatizara las actividades del CODECA en un discurso público pronunciado el 2 de mayo.
Este es el sexto ataque mortal contra personas que defienden los derechos humanos en Guatemala en menos de un mes, lo que hace temer por la seguridad de todos los defensores y defensoras del país. Todos los homicidios tuvieron lugar en un contexto de violencia recurrente contra personas que defendían los derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente, incluidos los recientes homicidios de Luis Arturo Marroquín (miembro del CODECA) y de Ramón Choc Sacrab, José Can Xol y Mateo Chamám Paau, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que inicien una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre los homicidios de Florencio Pérez, Alejandro Hernández, del CODECA, y otros defensores y defensoras de los derechos humanos del CCDA. La investigación debe incluir la teoría de que el ataque sea una posible represalia por las actividades legítimas de estas personas en defensa de los derechos humanos, tal como se menciona en la recientemente adoptada Instrucción General del Ministerio Público que aprueba el Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos;
- instándolas a tomar todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad de todos los miembros del CODECA y del CCDA en peligro, de acuerdo con los deseos de las propias personas afectadas;
- pidiéndoles que condenen esta oleada de homicidios, que reconozcan públicamente la importancia y legitimidad de la labor de todas las personas que defienden los derechos humanos en Guatemala y que se abstengan de usar un lenguaje que desacredite, estigmatice, insulte, desprecie o discrimine a estas personas.
Envíen llamamientos antes del 18 de julio de 2018 a:
Fiscal general
María Consuelo Porras
Fiscal General de la República
15 avenida 15-16 zona 1, Edificio Gerona 8° Nivel, C. P. 01001
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Correo-e: mariadelcarmengarciaescobar@gmail.com
Twitter: @MPGuatemala
Tratamiento: Estimada Señora Fiscal
Ministro de Gobernación
Enrique Antonio Degenhart
Asturias 6a avenida 13-71 zona 1
C. P. 01001
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Correo-e: ministrodegobernacion@mingob.gob.gt (cc: smvasquez@mingob.gob.gt)
Twitter: @MinGobGuate
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
Y copias a:
Presidente de COPREDEH
Jorge Luis Borrayo
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH)
Avenida La Reforma 2-18, zona 9
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Correo-e: copredeh@copredeh.gob.gt
Información complementaria
Las personas que defienden los derechos humanos en Guatemala llevan a cabo sus actividades en un entorno extremadamente hostil, especialmente las que trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Sufren constantes amenazas, intimidación, ataques, campañas de difamación y estigmatización.
En 2017, la ONG guatemalteca Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA) registró 496 ataques contra personas que defienden los derechos humanos. En mayo de 2018, la fiscal general emitió una Instrucción General interna que contenía directrices para investigar de forma efectiva los ataques contra quienes defienden los derechos humanos.
El CCDA es una organización campesina fundada en 1982 que trabaja para promover el acceso a la tierra y los derechos laborales de los campesinos mayas. Según los informes, ya ha sufrido anteriormente ataques e intimidaciones. En junio de 2016, el líder indígena Daniel Choc Pop fue asesinado en San Juan Tres Ríos. En junio de 2017 se registraron varios ataques contra sus oficinas y sus líderes. En mayo de 2018, José Can Xol y Mateo Chamám Paau, dos líderes locales del CCDA, fueron asesinados en las comunidades de Choctún Basilá y San Juan Tres Ríos. Los dos se dedicaban a proteger y defender sus comunidades en un largo conflicto sobre la tenencia de tierras. Ambos habían participado, junto con autoridades nacionales, en la mesa redonda de negociación y diálogo para encontrar soluciones a los múltiples conflictos de tenencia de tierras que afectan a las comunidades de la región.
En mayo de 2018, Luis Arturo Marroquín, miembro de la coordinadora nacional del CODECA, murió por disparos en San Luis Jilotepeque, en la zona centro oriental de Guatemala. Este incidente tuvo lugar una semana después de que el presidente Jimmy Morales desacreditara y estigmatizara las actividades del CODECA en un discurso público pronunciado el 2 de mayo.
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala, ordenó a Guatemala que adoptara e implementara una política pública integral para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. A pesar de que se han realizado algunos progresos, el proceso para crear la política pública aún no ha concluido. La impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos guatemaltecos.
Además, el sistema de justicia se utiliza habitualmente de forma indebida para criminalizar a defensores y defensoras de los derechos humanos, en un intento de desarticular los movimientos y las organizaciones, desgastar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y sacarlos de la escena pública. Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional “Defendemos la tierra con nuestra sangre”: Personas defensoras del territorio y del ambiente en Honduras y Guatemala y América: Situación de los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Índice: AMR 34/8539/2018