"Seguir adelante con la demolición no sólo es cruel, sino que constituye también traslado forzoso, acto tipificado como crimen de guerra”, ha explicado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

Las autoridades israelíes deben anular de inmediato su plan de demolición del pueblo beduino palestino de Jan al Ahmar y traslado forzoso de la comunidad que vive allí, ha manifestado Amnistía Internacional ante la llegada prevista de las excavadoras el 1 de junio tras haber autorizado el Tribunal Supremo de Israel la demolición la semana pasada.

La comunidad va a ser trasladada a un lugar situado cerca del antiguo vertedero municipal de Jerusalén, en las proximidades del pueblo de Abu Dis.

"La indignante decisión, tomada la semana pasada por el Tribunal Supremo, de permitir al ejército israelí demoler el pueblo de Jan al Ahmar entero fue un golpe terrible para las familias, que llevan casi un decenio haciendo campaña y librando una batalla judicial para continuar en sus tierras y conservar su forma de vida. Seguir adelante con la demolición no sólo es cruel, sino que constituye también traslado forzoso, acto tipificado como crimen de guerra”, ha explicado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Jan al Ahmar tiene alrededor de 180 habitantes, pertenecientes a la tribu beduina yahalin. Está rodeado por varios asentamientos ilegales israelíes, establecidos al este de Jerusalén.

Los miembros de la tribu beduina yahalin llevan más de 60 años luchando para conservar su forma de vida. Expulsados de sus tierras del desierto del Néguev/Naqab en la década de 1950, han sido sometidos de manera recurrente a hostigamiento, presión y reasentamiento por los sucesivos gobiernos israelíes.

A finales de agosto de 2017, el ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, anuncióque su gobierno iba a evacuar a la comunidad entera dentro de unos meses. El 24 de mayo, el Tribunal Supremo de Israel falló en favor de la demolición del pueblo entero, incluida la escuela, que está construida con neumáticos y proporciona educación a unos 170 niños y niñas de cinco comunidades beduinas distintas.

El Tribunal determinó que el pueblo se había construido sin los permisos de edificación necesarios, algo que es imposible conseguir para la población palestina de las partes de Cisjordania controladas por Israel, conocidas como “Zona C”.

“Las autoridades israelíes han destruido la vida a miles de personas palestinas, debido al trauma y la angustia causados durante años a hombres, mujeres, niños y niñas con su política totalmente discriminatoria de, primeramente, denegarles los permisos de construcción y, luego, demoler sus hogares, sus escuelas y sus estructuras para el ganado”, ha señalado Magdalena Mughrabi.

“En vez de tomar constantemente medidas punitivas contra la población palestina por construir sin permiso, las autoridades israelíes deben detener la construcción y ampliación de asentamientos ilegales en Cisjordania, como primer paso para retirar a la población civil israelí que vive en ellos.”

“El fallo del Tribunal Supremo es sumamente peligroso y puede sentar un precedente para otras comunidades que se oponen a los planes israelíes de realojarlas en centros urbanos. Las autoridades israelíes deben cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales y abandonar todo plan de traslado forzoso de Jan al Ahmar y otras comunidades."

Información complementaria

Jan al Ahmar se encuentra unos kilómetros al sur del asentamiento de Kfar Adumin, en el territorio ocupado de Cisjordania. La comunidad beduina que vive allí sufre constantes actos de violencia de los colonos israelíes, dirigidos incluso contra niños y niñas, así como ataques contra sus hogares. Las autoridades israelíes se niegan a conectar el pueblo con la red de suministro de agua y electricidad y han limitado su acceso a las zonas de pastoreo.

La comunidad lleva oponiéndose a las órdenes pendientes de demolición de edificios y estructuras, incluida la “escuela de neumáticos”, desde 2009. Ese año, los habitantes de los cercanos asentamientos israelíes de Kfar Adumin, Alon y Nofei Prat elevaron una petición al Tribunal Supremo de Israel para que permitiera al ejército israelí ejecutar las órdenes de demolición pendientes.

Jan al Ahmar forma parte de un conjunto de 46 comunidades palestinas de Cisjordania que corren riesgo de traslado forzoso debido a los planes israelíes de realojo y la presión que se ejerce sobre ellas para que se marchen. Estas comunidades están situadas en la denominada “Zona C” de los Acuerdos de Oslo, firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1993. En esta zona, que abarca más del 60 por ciento de la Cisjordania ocupada, el ejército israelí mantiene el control total en materia de seguridad. La Administración Civil de Israel, organismo militar, controla la planificación y zonificación.

El ejército israelí ha anunciado recientemente nuevos planes de demolición de los pueblos de Ein al Hilweh y Umm Yamal, en el valle del Jordán; Yabal al Baba, al este de Jerusalén, y la quinta parte de los edificios del pueblo palestino de Susiya, en los montes del sur de Hebrón.

Las políticas de Israel de establecer a civiles israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, destruir gratuitamente bienes y llevar a cabo traslados forzosos de población palestina que vive bajo ocupación violan el cuarto Convenio de Ginebra y constituyen crímenes de guerra, tipificados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Desde 1967, Israel ha sometido a desalojo y desplazamiento forzosos a comunidades enteras y ha demolido más de 50.000 viviendas y estructuras palestinas.