Jueves, 17 de mayo, 2018
Está previsto que Clifton Williams sea ejecutado en Texas el 21 de junio por un asesinato cometido en 2005. Los tribunales han rechazado la alegación de que sufre discapacidad intelectual. Sus abogados están tratando de conseguir una nueva revisión de esta cuestión, y han pedido la clemencia del ejecutivo
Cecilia Schneider, de 93 años, fue asesinada a golpes y puñaladas, y a su cadáver le prendieron fuego, durante un robo en su casa el 9 de julio de 2005. Clifton Williams, que en el momento del delito tenía 21 años, fue acusado del asesinato de la anciana, punible con la pena capital, y en octubre de 2006 fue declarado culpable y condenado a muerte. En el juicio y durante la apelación, sus abogados alegaron que sufría una discapacidad intelectual, y que su ejecución violaría la sentencia dictada en 2002 por la Corte Suprema de Estados Unidos en Atkins v. Virginia, que prohibía la pena de muerte para las personas con ese tipo de discapacidad. Dos expertos de la defensa evaluaron su cociente intelectual en menos de 70, mientras que el experto de la acusación lo evaluó en 70 en un test, 71 en otro, y 73, 78 y 83 en otros (normalmente, se considera que un cociente intelectual de 70-75 es un indicador de una posible discapacidad intelectual). Los abogados de Williams alegan que, con el margen de error, su cociente intelectual podría ser de tan sólo 65, y se sumaría a las pruebas de sus déficits de adaptación.
La sentencia Atkins deja en manos de los Estados la determinación de cómo aplicar la prohibición constitucional. En ausencia de una ley aprobada por la cámara legislativa, en 2004 la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas creó un marco para que jueces y abogados evaluaran las alegaciones de discapacidad intelectual en casos de pena capital (conocido como los “factores Briseño”). Desde el principio suscitó preocupación el hecho de que este marco no era científico y no protegía suficientemente a las personas a las que la sentencia Atkins pretendía eximir de la ejecución. No fue hasta la sentencia Moore v. Texas, en 2017, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que los factores Briseño eran “una invención de la Corte de Apelaciones en lo Penal no ligada a ninguna fuente reconocida” y que contravenían su resolución, emitida en Hall v. Florida en 2014, según la cual las decisiones sobre la discapacidad intelectual deben estar “basadas en las opiniones de expertos médicos”.
Para entonces, los tribunales de Texas ya habían determinado que Clifton Williams no sufría una discapacidad intelectual. En 2013, un juez federal se mostró de acuerdo, utilizando la norma sobre deferencia establecida por la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz (AEDPA, por sus siglas en inglés) de 1996 para la revisión federal de las sentencias de los tribunales estatales. Según escribió este juez, “aunque un investigador diferente podría haber llegado a una conclusión diferente” sobre si Clifton Williams sufría una discapacidad intelectual, en virtud de la norma establecida por la AEDPA sus abogados no habían podido rebatir la “presunción de que la determinación del tribunal estatal era correcta”. Puesto que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito había sostenido anteriormente “que los factores Briseño no contradicen la resolución Atkins”, la apelación de Clifton Williams respecto al uso de los factores Briseño hecho por la Corte de Apelaciones en lo Penal “debe rechazarse”. El Quinto Circuito confirmó esta decisión en 2014, reiterando que anteriormente había afirmado los factores Briseño como “un mecanismo adecuado para hacer cumplir la prohibición Atkins contra la ejecución de acusados de delitos capitales que sufrieran discapacidad intelectual”. En 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó asumir el caso.
La fecha de ejecución se ha programado para el 21 de junio. Los abogados de Clifton Williams están tratando de presentar una nueva apelación en los tribunales a la luz de la decisión de Moore v. Texas para reabrir su alegación sobre la discapacidad intelectual de su cliente.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, con sus propias palabras y citando el número de recluso 999515:
- manifestando su oposición a la ejecución de Clifton Williams y pidiendo que se le conmute la condena de muerte;
- señalando los indicios de que bordea la discapacidad intelectual, y el hecho de que sus abogados mantienen que su estado alcanza la discapacidad intelectual real, lo que convertiría su ejecución en inconstitucional;
- señalando que el poder del ejecutivo para otorgar clemencia no se ve sujeto a las mismas restricciones con las que pueden encontrarse los tribunales en estas cuestiones;
- explicando que no pretenden disculpar la delincuencia violenta ni restar importancia al sufrimiento que causa.
Envíen llamamientos antes del 21 de junio de 2018 a:
Sección de Indultos, Junta de Indultos y Libertad Condicional
Clemency Section, Board of Pardons and Paroles
8610 Shoal Creek Blvd., Austin, Texas 78757-6814, EE. UU.
Fax: +1 512 467 0945
Correo-e: bpp-pio@tdcj.state.tx.us
Tratamiento: Señores miembros de la Junta / Dear Board members
Gobernador
Governor Greg Abbott
Office of the Governor, P. O. Box 12428
Austin, Texas 78711-2428, EE. UU.
Fax: +1 512 463 1849
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor
Información complementaria
En su sentencia Atkins, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que ejecutar a personas con “discapacidad intelectual” era contrario al “consenso nacional” contra ese uso de la pena de muerte. La Corte no definió la discapacidad intelectual, pero señaló las definiciones utilizadas por los órganos profesionales, que hacían referencia a un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media (evaluado normalmente por el cociente intelectual), limitaciones del funcionamiento adaptativo relacionadas con ese funcionamiento intelectual, y un comienzo anterior a los 18 años de edad. En Hall v. Florida, en 2014, la Corte resolvió que la determinación de si una persona sufría discapacidad intelectual en este contexto debía “basarse en el marco diagnóstico establecido por la comunidad médica”.
En su resolución sobre Briseño en 2004, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas mostró cierto escepticismo respecto a Atkins y señaló que, en su opinión, las definiciones expertas utilizadas en los servicios sociales (conforme señalaba Atkins) no eran adecuadas para decidir si se podía eximir a una persona de la ejecución. La Corte de Apelaciones en lo Penal alegó que su cometido era definir el “nivel y grado de discapacidad intelectual en el cual la ciudadanía de Texas estaría de acuerdo en que una persona debe ser eximida de la pena de muerte”, y sugirió que “la mayoría de la ciudadanía de Texas podría estar de acuerdo” en que el personaje ficticio de Lennie en la novela de John Steinbeck De ratones y hombres estaría exento. En otras palabras, los factores Briseño se basaban en una interpretación errónea de Atkins, la cual, aunque dejaba que los Estados decidieran la manera de cumplir con la norma constitucional que establecía, no les dejaba decidir que algunas personas con discapacidad no estaban protegidas: todas lo estaban.
Al describir el aspecto de la definición relativo al funcionamiento adaptativo como “excesivamente subjetivo”, la Corte de Apelaciones en lo Penal elaboró siete “factores probatorios” que se utilizarían para evaluar si un delincuente sufría una discapacidad intelectual (formulados en torno a cuestiones como si la persona tenía “planes formulados” o actuaba por impulso, si su conducta mostraba “liderazgo” o si la persona podía “ocultar hechos o mentir de forma efectiva”). La Corte de Apelaciones en lo Penal sugirió que, aunque los expertos pudieran acordar que una persona acusada sufría una discapacidad intelectual, un juez o un jurado podían decidir que esa persona no estaba exenta de la pena de muerte. El uso de los factores Briseño ha contribuido al bajo índice de éxito de las apelaciones basadas en la sentencia Atkins en Texas comparado con otros estados en los que se aplica la pena de muerte (un estudio realizado en 2014 mostró que el índice medio nacional de éxito era del 55%, frente al 17% de Texas). En Moore v. Texas, en 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que la “adhesión [de la Corte de Apelaciones en lo Penal] a los siete factores probatorios Briseño impedía aún más su evaluación del [...] funcionamiento adaptativo”, y “por diseño y aplicación [...] crea un riesgo inaceptable de que se ejecute a personas con discapacidad intelectual”.
En la resolución dictada en 2014 por el Quinto Circuito en el caso de Clifton Williams (tres años antes de Moore v Texas), uno de los jueces señaló que hacía mucho que le preocupaba que los factores Briseño pudieran “eludir la resolución Atkins”, pero no pensaba que en el caso de Clifton Williams importara porque ni el jurado ni la Corte de Apelaciones en lo Penal se habían basado en esos factores para rechazar su alegación de discapacidad intelectual. Los abogados de Clifton Williams han manifestado que esto es “demostrablemente falso”, que en el juicio la fiscalía siguió los factores Briseño al instar a los miembros del jurado a rechazar la alegación de discapacidad intelectual, y que la opinión de la Corte de Apelaciones en lo Penal que rechazaba la alegación de discapacidad intelectual estaba en sí misma “moldeada y formulada” por el marco Briseño.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En la actualidad, 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. En Estados Unidos se han llevado a cabo 1.475 ejecuciones desde 1976, fecha en que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los nuevos estatutos de pena capital. Texas ha sido responsable de 550 de estas ejecuciones: el 37% del total nacional.
Índice: AMR 51/8429/2018