“La UE debe dejar de recurrir a la Guardia Costera Libia para contener a la gente en Libia y, por el contrario, trabajar para cerrar centros de detención, reasentar a personas refugiadas en Europa y permitir que el ACNUR asista a todas las personas refugiadas que están en Libia”, prosiguió Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

“El aumento de personas migrantes y refugiadas interceptadas en el mar por las autoridades libias se ha traducido en el traslado de al menos 2.600 personas, solamente en los últimos dos meses, a precarios centros de detención donde están expuestas a sufrir tortura y extorsión”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La organización mundial de derechos humanos acusa a los gobiernos europeos de complicidad en estos abusos al apoyar activamente a las autoridades libias a la hora de impedir las travesías marítimas y devolver a personas a centros de detención en Libia.

“La UE hace la vista gorda ante el sufrimiento causado por sus crueles políticas de inmigración que delegan en Libia el control fronterizo”, afirmó Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Cuando los líderes europeos no escatiman esfuerzos para asegurarse de que la Guardia Costera Libia intercepta el mayor número posible de personas, están devolviendo a estas personas migrantes y refugiadas directamente a los centros de detención de Libia, conocidos por los abusos y la tortura. Nadie debería devolver a nadie a Libia”.

Hay al menos 7.000 personas migrantes y refugiadas en los centros de detención libios, donde los abusos abundan y la comida y el agua escasean. Esto representa un gran aumento respecto de marzo, cuando había 4.400 personas migrantes y refugiadas detenidas, según las autoridades libias.

“La UE debe dejar de recurrir a la Guardia Costera Libia para contener a la gente en Libia y, por el contrario, trabajar para cerrar centros de detención, reasentar a personas refugiadas en Europa y permitir que el ACNUR asista a todas las personas refugiadas que están en Libia”, prosiguió Heba Morayef.

Desde finales de 2016, los Estados miembros de la UE —sobre todo Italia— han implementado una serie de medidas para cerrar la ruta migratoria que pasa por Libia y atraviesa el Mediterráneo, incluida la de impulsar la capacidad de la Guardia Costera Libia para interceptar a personas migrantes y refugiadas y devolverlas a Libia.

Italia y otros países europeos han proporcionado a la Guardia Costera Libia equipos, incluidas al menos cuatro lanchas motoras, así como formación y otros tipos de apoyo. A principios de 2018, la Guardia Costera Italiana comenzó el traspaso de la coordinación de las operaciones de salvamento en las aguas internacionales próximas a Libia a la Guardia Costera Libia, iniciativa sólo posible gracias al apoyo proporcionado por buques de la Armada italiana y personal estacionado en Libia.

Solamente en abril de 2018, la Guardia Costera Libia interceptó a 1.485 mujeres, hombres, niños y niñas en el mar y los trasladó de vuelta a Libia. Las interceptaciones realizadas en mayo elevan el número total de personas afectadas y devueltas a Libia este año a 6.340, según el ACNUR.

Una vez interceptadas, las personas refugiadas y migrantes son trasladadas a centros de detención del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal libio, tristemente famosos por mantener a las personas recluidas de forma arbitraria e indefinida y someterlas a violaciones graves de derechos humanos, como reveló Amnistía Internacional en un informe en diciembre de 2017.

Las personas migrantes y refugiadas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron abusos terribles como torturas, trabajo forzoso, extorsión y homicidios ilegítimos a manos de las autoridades libias, traficantes y grupos armados.

A principios de mayo de 2018, Médicos Sin Fronteras emitió un comunicado de prensa que hacía sonar la alarma sobre la situación humanitaria de 800 personas recluidas en condiciones peligrosas de hacinamiento en un centro de detención de la ciudad de Zuwara, en el oeste de Libia. Según la ONG médica, las personas detenidas carecían de acceso a comida o agua y estaban confinadas en espacios tan pequeños que apenas podían tumbarse.

“La UE y sus Estados miembros deben replantearse su cooperación con Libia y condicionar todo apoyo a este país, sea económico o de otro tipo, a la plena cooperación de las autoridades libias para respetar los derechos de las personas refugiadas y migrantes en el país. Esto debe comenzar con la liberación de las que están recluidas actualmente en centros de detención y poniendo fin a la detención automática de personas refugiadas y migrantes”, dijo Heba Morayef.

Además, todas las personas migrantes y refugiadas liberadas deben recibir protección y asistencia mientras permanezcan en suelo libio, dijo Amnistía Internacional.

Las autoridades libias deben asimismo negociar un memorándum de entendimiento con el ACNUR para reconocer el estatuto de éste en Libia y permitir que lleve a cabo todo su mandato.

Los Estados miembros de la UE deben comprometerse también a aumentar la cuota de reasentamiento para garantizar la protección de personas refugiadas que de otro modo quedarían abandonadas en Libia.

Información complementaria:

Los nuevos datos sobre el número de personas migrantes y refugiadas detenidas en Libia indican un cambio preocupante en la tendencia al descenso iniciada tras las evacuaciones humanitarias y retornos dirigidos por la OIM desde octubre de 2017.

Solamente este año, la OIM ha evacuado desde Libia a 5.620 personas dentro de su programa de retornos “voluntarios”, que ofrece a las personas recluidas en los centros de detención para migrantes la posibilidad de regresar a su país de origen. Aunque este programa ofrece una salida a muchas personas, podría empujar a personas que necesitan protección internacional a regresar a su país de origen, donde podrían correr el riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos.