La Asamblea Nacional aprobó, el 27 de abril de 2018, una ley que sustituye el artículo 306 del Código Penal y prevé la imposición obligatoria de la pena de muerte a toda persona declarada culpable de “expresión blasfema” y actos considerados “sacrílegos”

La autoridades mauritanas deben anular la reciente aprobación de una ley sobre delitos de apostasía que prevé la imposición obligatoria de la pena de muerte por “expresión blasfema” y “actos sacrílegos”, han manifestado hoy 21 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

Las autoridades deben también poner fin a la detención arbitraria de un bloguero, Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, cuyo caso parece estar relacionado con la aprobación de la ley en este momento, y garantizar su seguridad. Mkhaïtir fue declarado culpable de apostasía y condenado a muerte en diciembre de 2014, pero un tribunal le redujo luego la pena a dos años de prisión. Aunque ya ha cumplido su condena, las autoridades continúan manteniéndolo recluido.

La Asamblea Nacional aprobó, el 27 de abril de 2018, una ley que sustituye el artículo 306 del Código Penal y prevé la imposición obligatoria de la pena de muerte a toda persona declarada culpable de “expresión blasfema” y actos considerados “sacrílegos”. La nueva ley elimina la posibilidad, contemplada en el artículo 306, de sustituir por prisión la pena de muerte en el caso de determinados delitos de apostasía si su autor se arrepiente con prontitud. La ley amplía también el ámbito de aplicación de la pena de muerte para incluir los “actos de renegar”.

Prevé también una pena de hasta dos años de prisión y una multa de hasta 600.000 uguiyas (alrededor de 13.804 euros) por “ofender la moral pública y los valores islámicos” y por “incumplir las prohibiciones de Alá” o contribuir a su incumplimiento.

La Asamblea Nacional aprobó esta ley cuando la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos celebraba su 62º periodo ordinario de sesiones en la capital mauritana, Nuakchot. La Comisión Africana ha afirmado reiteradamente que los países deben abolir la pena de muerte o establecer una moratoria, conforme a la tendencia continental y mundial, haciendo hincapié en que, en los Estados que no la hayan abolido aún, es esencial que se aplique sólo por los delitos más graves, entendiendo como tales los que comporten homicidio intencional, y en que las personas condenadas a muerte tienen derecho a solicitar clemencia, el indulto o la conmutación por medio de un procedimiento transparente y con el debido proceso legal.

Asimismo, las Naciones Unidas han manifestado reiteradamente que la imposición obligatoria de la pena de muerte, incluso por los más graves delitos, está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos.

Mauritania no lleva a cabo ejecuciones desde 1987. Ha ratificado numerosos tratados internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la vida, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La aprobación de la ley que prevé la imposición obligatoria de la la pena de muerte por determinados delitos de apostasía representa un enorme retroceso para la abolición de la pena capital.

El momento en que se ha aprobado la ley parece estar relacionado con el caso de Mkhaïtir. En 2014, un tribunal de Nuadibú lo condenó a muerte por apostasía en aplicación del artículo 306, en relación con la publicación en Internet de un artículo donde se condenaba el uso de la religión para legitimar prácticas discriminatorias contra la clase marginada de los herreros de Mauritania, con la que Mkhaïtir se identifica.

Sin embargo, el 9 de noviembre de 2017, el Tribunal de Apelaciones de Nuadibú le conmutó la pena por dos años de prisión y una multa, tras reconocer su arrepentimiento. Una semana más tarde, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y sustituyó el artículo 306.

Puesto que Mkhaïtir había cumplido ya casi tres años de reclusión en el momento en que el Tribunal de Apelaciones le redujo la pena, tenía que haber sido puesto en libertad. Sin embargo, sigue detenido en régimen de incomunicación. El 2 de mayo de 2018, las autoridades mauritanas informaron al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial de que Mkhaïtir se hallaba sometido a “detención administrativa por su propia seguridad”.

A lo largo de los procedimientos judiciales seguidos contra Mkhaïtir, miles de personas salieron a la calle en varias ciudades, entre ellas Nuadibú y l Nuakchot, para pedir que fuera condenado a muerte y ejecutado. En la prisión siguió recibiendo amenazas de muerte, y también las han recibido sus familiares, amigos y partidarios.

Además de Mkhaïtir, otros mauritanos que se han pronunciado en contra la esclavitud y la discriminación en Mauritania están expuestos a sufrir represalias, entre ellas detención arbitraria, tortura y otros malos tratos y prohibición de sus actividades o de sus organizaciones.

Organziaciones firmantes 

Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture France ; Amnesty International; Anti-Slavery International; Association des Femmes Chefs de Famille (Mauritanie) ; Association Mauritanienne des Droits de l'Homme (Mauritanie) ; Committee to Protect Journalist ; Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains (Mauritanie) ; Ensemble Contre la Peine de Mort ; Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme ; Forum des Organisations Nationales des Droits de l’Homme en Mauritanie (Mauritanie) ; Freedom Now ; Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social (Mauritanie) ; Human Rights Watch ; Initiative de la Résurgence du Mouvement Abolitionniste (Mauritanie) ; International Humanist and Ethical Union; PEN America; PEN International; Reporters Sans Frontières ; SOS Esclaves (Mauritanie) ; Touche pas à ma nationalité (Mauritanie) ; World Coalition Against the Death Penalty.