Desde el 18 de abril han tenido lugar varias protestas por toda la capital del país, Managua, y en otras ciudades de Nicaragua (Bluefields, León, Estelí, Masaya), que han movilizado a cientos de personas de distintos sectores de la sociedad que no estaban de acuerdo con las reformas realizadas en el sistema de seguridad social.

Al menos 28 personas han muerto y se ha informado de varias personas heridas, detenidas o desaparecidas.

Aunque el presidente Daniel Ortega anunció el 22 de abril la derogación de las reformas de la seguridad social, persisten los informes sobre detenciones y desapariciones de manifestantes.

La represión contra periodistas ha sido especialmente enérgica, y va en aumento. Cuando comenzaron las manifestaciones el 18 de abril, las fuerzas de seguridad y civiles armados que simpatizan con el gobierno golpearon a varios periodistas y los amenazaron con robarles el equipo. El 19 de abril, el gobierno censuró los medios de comunicación nacionales y cortó las emisiones de tres canales. El 21 de abril, un asaltante no identificado mató de un disparo en la cabeza a un periodista que realizaba una emisión en Facebook Live sobre la conmoción que se estaba viviendo en Bluefields.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- pidiendo al presidente de Nicaragua que garantice de inmediato el derecho a la libertad de expresión y de reunión;

- instando a las autoridades a mantener un debate con sectores de la sociedad civil, incluidas las víctimas de la represión estatal, para buscar una solución pacífica a esta grave situación;

- pidiéndoles que inicien una investigación oportuna, imparcial e independiente sobre los ataques y los homicidios, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables de estos hechos ante la justicia;

- pidiéndoles que pongan de inmediato en libertad a las personas detenidas exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.

Envíen llamamientos antes del 5 de junio de 2018 a:

La reforma inicialmente propuesta y aprobada por el presidente Daniel Ortega implicó un aumento de las contribuciones de los trabajadores, trabajadoras y empleadores al sistema de seguridad social del país, y una contribución adicional de los y las pensionistas que provocaría una disminución de las pensiones. Tras días de protestas, el 22 de abril el presidente Ortega anunció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social revocaba finalmente la reforma.

Tal como se documentó en el informe anual 2017/2018 de Amnistía Internacional, en Nicaragua persisten impunemente los ataques contra quienes defienden los derechos humanos. También se han recibido informes de uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía contra personas que protestan pacíficamente contra la construcción del Gran Canal Interoceánico, así como informes de detención arbitraria de manifestantes. También se ha informado de acoso e intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos por oponerse al proyecto.

Encontrarán más información en https://www.amnesty.org/es/countries/americas/nicaragua/report-nicaragua/.

Índice: AMR 43/8282/2018