En la zona agrícola de Embetseni, en la localidad de Malkerns (Suazilandia), 61 personas residentes en cuatro fincas fueron desalojadas a la fuerza de sus casas el 9 de abril; 33 eran menores de edad. Representantes de la empresa agrícola privada que tiene la titularidad de los terrenos, el alguacil del Tribunal Superior de Mbabane y agentes armados de la policía local estuvieron presentes durante la demolición de las fincas. Llegaron por la mañana y dijeron a las familias que retiraran todas sus pertenencias de las casas si no querían perderlas en la demolición. Después, las excavadoras demolieron las cuatro fincas.

En contravención de las normas internacionales de derechos humanos, no se avisó a los residentes de las fincas con la debida antelación ni se les proporcionó alojamiento alternativo, por lo que estas personas quedaron sin hogar y expuestas a sufrir otras violaciones de derechos humanos. Sólo un día antes del desalojo, en una reunión con la policía local celebrada el 8 de abril a petición de las familias afectadas, para tratar del rumor de un desalojo inminente, se les comunicó la orden de desalojo, fechada el 14 de julio de 2017. La primera noche tras el desalojo forzoso, alrededor de cinco miembros de una familia tuvieron que dormir a la intemperie, otra familia pasó la noche en la residencia del jefe local y otra más se vio obligada a refugiarse en un corral de gallinas. Otras fueron alojadas en una escuela de primaria.

La empresa agrícola privada que tiene en propiedad los terrenos ocupados por las cuatro fincas lleva inmersa en una batalla legal con los residentes desde 2013, cuando las familias entablaron acciones judiciales para reclamar el reconocimiento de su derecho a esas tierras basándose en que llevaban viviendo en ellas desde 1957. La empresa había solicitado el desalojo de la comunidad.

Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:

- instando a las autoridades a respetar el derecho a una vivienda adecuada de las familias desalojadas garantizando que reciben un alojamiento alternativo adecuado con carácter urgente;

- pidiéndoles que pongan fin de inmediato a los desalojos forzosos y garanticen que todo desalojo se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales y regionales de derechos humanos.

Envíen llamamientos antes del 24 de mayo de 2018 a:

En 1957, las familias fueron inicialmente desalojadas de los terrenos donde vivían para facilitar una operación de extracción de madera y reasentadas en los terrenos de los que han sido desalojadas el 9 de abril de 2018.

La empresa agrícola privada tiene la titularidad de los terrenos, que adquirió de Ususthu Pulp Limited en 1999. Sin embargo, las familias aseguran que las tierras que habitaban eran concesiones (terrenos adquiridos durante el colonialismo y posteriormente transferidos al rey).

Los terrenos en cuestión vienen siendo objeto de una disputa sobre su ocupación entre las familias que residían en ellos y la empresa agrícola privada que los tiene en propiedad.

En 2013, la empresa privada presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y éste, el 31 de mayo de ese año, resolvió que la prescripción adquisitiva no era aplicable y ordenó a las familias desalojar los terrenos en el plazo de 21 días.

Más adelante, en 2017, la empresa privada acudió al Tribunal Supremo (causa 902/2011) para solicitar una orden de desalojo basada en la sentencia del Tribunal Supremo en 2013. El desalojo efectuado el 9 de abril se hizo en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de julio de 2017 que ordenaba la demolición de cualquier estructura levantada en la comunidad afectada. Según las normas internacionales de derechos humanos, incluso en los casos en que se considera justificado un desalojo, debe seguirse el debido proceso. Ninguna persona debe quedar sin hogar o expuesta a sufrir otras violaciones de derechos humanos como consecuencia del desalojo.

Las familias habían pedido que la empresa les proporcionara alojamiento alternativo. Sin embargo, ésta sólo propuso indemnizar a las familias con 10.000 emalangeni (unos 850 dólares estadounidenses) por cada finca afectada, y las familias rechazaron la propuesta argumentando que era una cantidad insuficiente para trasladar sus enseres y adquirir otra vivienda.

Suazilandia tiene un largo historial de desalojos forzosos, documentado por Amnistía Internacional.

Índice: AFR 55/8208/2018