Según afirman los grupos de derechos humanos, desde que el grupo armado de los huzíes y sus aliados tomaron el control de grandes zonas de Yemen a finales de 2014, miles de personas han sido víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura por su presunta afiliación política o creencias religiosas

Asmaa al Omeissy, de 22 años y madre de dos niños de corta edad, salió del sur de Yemen en busca de seguridad y para reunirse con su padre en la capital del país, Saná. Pero lejos de conseguirlo, fue sometida a una horrible experiencia que la ha convertido en la primera mujer yemení que se sabe que ha sido condenada a muerte por cargos relacionados con la “seguridad del Estado”. 

En septiembre de 2016, su esposo, presunto miembro de Al Qaeda, huyó abandonándola durante una emboscada de las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí cerca de la ciudad meridional de Al Mukalla. Tras la emboscada, las tropas de la coalición la detuvieron brevemente y después la dejaron marchar. Pero éste fue sólo el principio de sus problemas. 

Un amigo de la familia se había ofrecido a llevarla en automóvil desde Al Mukalla a la capital, Saná, controlada por los huzíes, para que se reuniera con su padre. En el automóvil viajaba otro pasajero. El 7 de octubre de 2016, las fuerzas de seguridad huzíes dieron el alto al vehículo en un puesto de control de la capital y se llevaron a sus ocupantes para interrogarlos. Después, el padre de Asmaa al Omeissy también fue citado y detenido.

Estas detenciones señalaron el comienzo de una terrible experiencia de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, y condenas a muerte tras un juicio manifiestamente injusto. Dada su relación con el conflicto armado en Yemen, estas violaciones de los huzíes pueden constituir crímenes de guerra.

Según afirman los grupos de derechos humanos, desde que el grupo armado de los huzíes y sus aliados tomaron el control de grandes zonas de Yemen a finales de 2014, miles de personas han sido víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura por su presunta afiliación política o creencias religiosas. Amnistía Internacional y otros grupos locales e internacionales de derechos humanos han documentado estos casos y han instado a los huzíes a respetar sus obligaciones de derecho internacional.

Pero lejos de atender estos llamamientos, los huzíes han ampliado su campaña de represión contra oponentes y críticos, incluidos periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Entre los detenidos hay personas a las que consideran simpatizantes de sus adversarios —el gobierno de Yemen reconocido por la ONU, radicado en el sur— y de la coalición dirigida por Arabia Saudí, que los apoya. Además, los huzíes han ido utilizando cada vez más el sistema judicial para ajustar cuentas políticas, con varios juicios manifiestamente injustos que han acabado en condenas a muerte. 

Estos juicios y el proceso que condujo a ellos demuestran un completo desprecio por las leyes yemeníes y el derecho internacional. Asmaa al Omeissy y los otros tres coacusados en su caso, por ejemplo, no pudieron ponerse en contacto con el mundo exterior durante meses mientras los trasladaban de un centro a otro, incluida una unidad “secreta” del Departamento de investigaciones Criminales. A Asmaa no le permitieron saber nada de sus dos hijos, fruto de un anterior matrimonio, que ahora tienen cuatro y siete años y viven con familiares en el sur. 

Asmaa fue golpeada delante de su padre, Matir al Omeissy, de 50 años, que según me dijo, presenció cómo una agente de policía le daba puñetazos y varazos. Además, la joven fue obligada a presenciar cómo torturaban a otros dos detenidos en el caso colgándolos del techo por las muñecas mientras les propinaban patadas y puñetazos por todo el cuerpo.

La interrogaron sobre su presunta relación con Al Qaeda y la acusaron injustamente de cometer un “acto sexual ilegítimo” con sus compañeros de viaje. “Fue una guerra psicológica”, me dijo el padre de Asmaa al Omeissy. 

“¿Pueden imaginar lo que supone para una mujer estar sola en una sala [de interrogatorio] y que la acusen de tales cosas siendo inocente?”, decía, mientras explicaba cómo sus interrogadores trataban de que su hija se viniera abajo atacando su “honor”. En Yemen, las relaciones fuera del matrimonio son ilegales y tabú.

Hasta mayo de 2017 no se presentaron por fin cargos contra Asmaa al Omeissy y los otros dos detenidos y su caso se trasladó al famoso Tribunal Penal Especializado de Saná, que se ocupa de casos de “terrorismo” y “seguridad del Estado”. Entre otros cargos, fue acusada de “ayudar a un país extranjero en estado de guerra con Yemen”, en referencia a Emiratos Árabes Unidos, parte de la coalición. Ninguno de los acusados tuvo representación letrada durante el juicio.

Mientras que los tres hombres quedaron en libertad bajo fianza —dos de ellos por razones médicas— meses antes de que el tribunal dictara sentencia, Asmaa al Omeissy fue la única acusada que permaneció bajo custodia, no se sabe exactamente por qué. También fue la única que estaba en la sala el 30 de enero —los otros tres hombres habían huido a zonas de Yemen fuera del control de los huzíes— cuando el juez la condenó a muerte, al igual que a otros dos de los acusados. Además, por el falso cargo de “acto indecente” fue condenada a recibir 100 azotes, y su padre a 15 años de cárcel. 

Quienes han hablado con Asmaa al Omeissy en la Prisión Central de Saná me han dicho que está muy baja de ánimo. Sus condiciones penitenciarias siguen siendo absolutamente deplorables. Tiene que pagar por la comida, no tiene acceso a ropa ni productos de higiene y sus familiares no la visitan por temor a que los detengan.

Las condiciones en las cárceles yemeníes hace tiempo que son inhumanas y degradantes, pero los activistas locales afirman que bajo el control de los huzíes no han hecho más que empeorar. Las personas detenidas están hacinadas en celdas sucias y atestadas, y son sistemáticamente extorsionadas para que den dinero.

Aunque en el pasado había informes de abusos contra las mujeres detenidas, como violaciones y otras formas de violencia sexual, los activistas dicen estar impresionados por el reciente aumento de los informes de tales abusos. Un defensor de los derechos humanos me dijo que su grupo ha documentado cientos de casos de detenidas sometidas a tortura y humillación, entre otras cosas “utilizándolas de forma degradante en labores de construcción”. 

El padre de Asmaa al Omeissy me dijo que quiere que el mundo conozca el caso de su hija y sepa que es inocente. Un abogado ha recurrido la sentencia, pero le está costando conseguir el sumario. Mientras, el tribunal ha estado imponiendo abundantes condenas a muerte, como la de enero contra un hombre de 52 años preso de conciencia y miembro de la comunidad bahaí, Hamid Haydara.

Las autoridades huzíes deben dejar de hacer burla de la justicia: es preciso que anulen de inmediato estas sentencias condenatorias y penas de muerte dictadas de forma poco adecuada y pongan fin al uso de este castigo intrínsecamente cruel. Cada día que Asmaa al Omeissy pasa entre rejas en espera de ejecución agrava esta injusticia, la pone en peligro de sufrir nuevas violaciones y le roba tiempo de estar con sus hijos.

Nota: Publicado originalmente en Newsweek.

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