Durante esta VIII Cumbre de las Américas, Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados para que en la declaración final se incluyan compromisos firmes para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas sin distinción. Estos compromisos deberán ser traducidos en acciones y políticas de inmediata implementación en las Américas

Amnistía Internacional saluda la realización de la VIII Cumbre de las Américas, como un espacio regional que promueve el diálogo entre los diversos Estados del continente americano. La organización considera indispensable la necesidad de priorizar los derechos humanos como eje transversal de las políticas públicas en las Américas para el abordaje integral del tema central de esta Cumbre: “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Al respecto, en el hemisferio americano continúan latentes importantes brechas sociales, económicas, y de participación; con fuertes retos en materia de acceso a la justicia, impunidad, goce y disfrute de derechos humanos para las mayorías.  Así, las Américas continúan siendo la región más desigual y violenta del mundo.

La discriminación y la desigualdad siguen estando presentes en el continente, exacerbadas  por los estragos causados por los altos niveles de violencia: oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Las personas defensoras de los derechos humanos también sufren de esta violencia al realizar su labor. Los pueblos indígenas continúan padeciendo la discriminación, con constante vulneraciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a tierras ancestrales y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que les afectan. En general, han sido pocos los avances de los Estados americanos respecto de la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

La persistencia de violencia extrema continúa siendo una realidad para millones de personas en el continente, incluidos países como Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. Esta violencia se ve alimentada por la proliferación de armas ilegales y por el crecimiento de la influencia y presencia de grupos del crimen organizado.

Muchos Estados continúan recurriendo a tácticas represivas, incluidos el uso indebido de las fuerzas de seguridad y de los sistemas de justicia para silenciar la disidencia y las críticas, permitiendo que se deje en la impunidad el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, y gobernando en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación muchas veces sostenida por la corrupción y por la falta de rendición de cuentas. Por otro lado, un elevadísimo número de personas huyen de sus hogares para escapar de la represión, la violencia, la discriminación y la pobreza. Muchas de estas personas sufren de nuevos abusos al emprender el viaje o al llegar a otros países de la región.

Ante este contexto, durante esta VIII Cumbre de las Américas, hacemos un llamado a los Estados para que en la declaración final se incluyan compromisos firmes para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas sin distinción. Estos compromisos deberán ser traducidos en acciones y políticas de inmediata implementación en las Américas. 

Amnistía Internacional desea aprovechar esta oportunidad de este encuentro regional para reiterar ante todos los Jefes de Estado asistentes a esta Cumbre algunas consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio: 

La retórica regresiva en materia de derechos humanos y sus efectos en las Américas

Millones de personas en toda la región afrontan una crisis de derechos humanos agravada por retrocesos en la protección de los derechos humanos en legislaciones, políticas y las prácticas, y por el uso creciente de una retórica regresiva y divisoria.

En los Estados Unidos, la administración del presidente Trump ha puesto de manifiesto su retórica anti derechos, a favor de la discriminación y la xenofobia; la misma que se pone en evidencia a través de la firma de una serie de órdenes ejecutivas que amenazan los derechos humanos de millones de personas, en el país y en el extranjero.  Las órdenes ejecutivas que suspendieron el programa de reasentamiento de refugiados por 120 días; así como la reducción del límite anual de admisión de personas refugiadas a 45,000 en medio de una crisis global de refugiados, tienen  un efecto devastador sobre personas centroamericanas, mexicanas y de otros países de la región que buscan protección debido a la violencia generalizada en sus países.

Particularmente, la cancelación de programas humanitarios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permite a nacionales de El Salvador, Haití y Nicaragua trabajar legalmente; o la terminación de la Acción Diferida para la llegada de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que pone en peligro los permisos temporales de trabajo de 700,000 inmigrantes indocumentados, no sólo tienen efectos nocivos, pero además representan fuertes retrocesos en materia de derechos humanos, inmigración y refugio. 

Por otro lado, en Venezuela, donde se vive la peor crisis de derechos humanos en su historia, la retórica de agresión contra voces disidentes del Presidente Maduro, es utilizada para justificar graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, ataques contra civiles y torturas y otros malos tratos, en medio de una crisis humanitaria que afecta a la población en general.

Las mujeres y niñas también están experimentando consecuencias devastadoras, debido a las regresiones en materia de derechos humanos. En Estados Unidos, al reincorporar y expandir la ley mordaza (global gag rule) se ha restringido alrededor de $8,8 mil millones en fondos de ayuda exterior para programas internacionales de salud que ofrecen o incluso mencionan la palabra aborto en su trabajo. Sólo en América Latina, donde los expertos estiman que 760,000 mujeres son tratadas anualmente por complicaciones de abortos inseguros, las políticas del gobierno estadounidense pone en riesgo la vida de muchas niñas y mujeres.

Otro lamentable ejemplo es la resolución del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, adoptada en octubre del 2017, por la cual se prohíbe la difusión y utilización de materiales referentes a lo que el Ministerio consideró como “la teoría y/o ideología de género”, ha representado un grave retroceso en materia de derechos humanos y contradice las obligaciones internacionales del Estado paraguayo.

Las mujeres, niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI), sufren discriminación y violencia permanente por prejuicios y estereotipos que se mantienen en nuestras sociedades. Borrar la educación para la igualdad de la malla curricular es promover esa violencia y discriminación desde el Estado, con gravísimas consecuencias.

Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad

La impunidad continúa siendo generalizada y pieza fundamental en los abusos y violaciones de los derechos humanos en muchos países del hemisferio. Algunos ejemplos recientes ponen en descubierto la pendiente deuda histórica que se tienen en materia de justicia:

En países como México las detenciones y reclusiones arbitrarias son generalizadas y a menudo dan lugar a otras violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales no son investigadas adecuadamente. Más de 35.000 personas se encuentran desaparecidas, además de las alarmantes cifras de ejecuciones extrajudiciales. La tortura y otros malos tratos son una práctica constante a la que recurren con impunidad y de manera habitual las fuerzas de seguridad para obligar a personas a firmar “confesiones” falsas.

Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se evidencia que incluso en el caso de los 43 estudiantes Ayotzinapa, sujetos a desaparición forzada desde 2014, la investigación oficial se sostuvo a través de tortura y otros malos tratos, encubrimiento y manipulación de evidencia. El resto de los casos tampoco son gestionados de mucha mejor manera.

Por otra parte, el ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, así como el derecho de gracia, que extingue todos los procesos penales que se seguían contra él. Esta medida tiene graves consecuencias para el derecho de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de violaciones graves de derechos humanos a verdad, justicia y reparación.

El año pasado, el rechazo social a la impunidad y a la corrupción llevo a cientos de personas a las calles en Guatemala, y el país afrontó una crisis política cuando varios miembros del gobierno renunciaron a sus cargos en respuesta al intento del presidente Jimmy Morales de expulsar al director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo independiente establecido en 2006 por el Estado y la ONU para reforzar el estado de derecho tras el conflicto.

En Chile, las autoridades archivaron en el 2017 una investigación sobre el presunto secuestro y tortura del líder mapuche Víctor Queipul Hueiquil, lo que transmitió un mensaje desalentador a quienes defienden los derechos humanos en todo el país, ya que pareciera no haberse llevado a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. La machi Francisca Linconao, lideresa indígena, y otras 10 personas mapuches fueron absueltas de los cargos de terrorismo que pesaban contra ellas, por falta de pruebas que las implicaran en las muertes de dos personas, ocurridas en enero de 2013. Sin embargo, en diciembre, la Corte de Apelaciones declaró nula esa sentencia.

Crisis de personas refugiadas

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante el 2017 más de 57.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las deja expuestas a los mismos peligros y condiciones de la que trataban de huir.

Además de la crisis de personas refugiadas que sufre Centroamérica, la organización no puede dejar de resaltar la situación en Venezuela, que ha provocado un aumento significativo del número de personas refugiadas venezolanas. Este aumento no se entiende sin dimensionar la crisis de derechos humanos por la que pasa este país. 

Protestas y el uso excesivo de la fuerza

Las autoridades de varios países, incluidos Colombia, Argentina, Venezuela, Paraguay y Puerto Rico, han respondido recientemente a protestas sociales en las calles con un uso innecesario y excesivo de la fuerza.

Pese a que la tasa de homicidio disminuyó en Honduras, Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por los altos niveles de violencia e inseguridad. La impunidad imperante debilitaba la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. Recientemente, en todo el país hubo protestas multitudinarias (para denunciar la falta de transparencia en torno a las elecciones presidenciales de noviembre) mientras las fuerzas de seguridad emplean excesivamente la fuerza para reprimir estas movilizaciones. De acuerdo con organizaciones locales, más de 30 personas fallecieron en este contexto, decenas fueron heridas y más de 1000 personas fueron detenidas.

Por otro lado, en Venezuela, las fuerzas de seguridad también hicieron uso excesivo y abusivo de la fuerza contra quienes protestaban pacíficamente: entre otras cosas, emplearon gas lacrimógeno y balas de goma. En este marco de conflictividad social ocurrieron más de 120 muertes. Miles de personas fueron detenidas de forma arbitraria, y se registraron numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos. El sistema judicial ha sido utilizado con frecuencia para acallar la disidencia —entre otras cosas mediante el uso de tribunales militares para juzgar a civiles— y para perseguir y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Personas defensoras de derechos humanos

Honduras continúa siendo el país más peligroso de la región para quienes defienden los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. En Guatemala y Honduras los agentes estatales y no estatales vinculados a empresas nacionales y trasnacionales los hacen blanco de campañas difamatorias que buscan desprestigiarles por su labor. De igual forma, las personas defensoras sufren de intimidación, amenazas y ataques, sin que sean investigadas apropiadamente. Con frecuencia, en Guatemala se hace un uso indebido del sistema de justicia para atacar, hostigar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos.  

En el caso del asesinato de la renombrada defensora de derechos humanos Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016, un informe reciente de un equipo de abogados internacionales expone graves deficiencias de la investigación oficial. Al respecto, la organización exhorta autoridades que se dirijan líneas investigativas conducentes a determinar la responsabilidad e individualización de los autores intelectuales. Por otro lado, desde el asesinato de dicha defensora, varios activistas medioambientales y de derechos humanos de Honduras han sido objeto de hostigamiento y amenazas

En Colombia, el incremento de ataques contra defensoras y defensores, especialmente lideresas y líderes comunitarios, defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y personas que hacen campaña en favor del proceso de paz, es sumamente preocupante. Así, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, más de 100 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en el 2017. Esto se suma a las amenazas de muerte que son atribuibles a grupos paramilitares. En la mayoría de los casos las autoridades no han sido capaces de identificar a los responsables de las muertes ni de las amenazas.

En Cuba, un gran número de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos continúan sufriendo hostigamiento, intimidación, despidos indebidos de empleos estatales y detenciones arbitrarias, con el fin de silenciar las críticas. La censura, tanto dentro como fuera de Internet, sigue vigente. Entre los presos y las presas de conciencia figura el líder del grupo a favor de la democracia, Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Cardet Concepción, que ha sido condenado a tres años de prisión por criticar públicamente al expresidente Fidel Castro. En otro ejemplo, las Damas de Blanco, un grupo de mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos, siguen siendo un objetivo clave de la represión de las autoridades.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú, que confirma la absolución de la defensora Máxima Acuña Atalaya, tras cinco años de procedimientos judiciales infundados por usurpación de tierras, marca un hito para los defensores y defensoras medioambientales en la región; pero aún queda mucho por hacer para garantizar una protección efectiva e integral a favor de las personas defensoras de los derechos humanos en el continente.

Derechos de los pueblos indígenas

En las Américas, las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas continúan presentes en países como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, entre otros.

En Argentina, se continúa criminalizando a los pueblos indígenas. Así, el uso de procesos penales para hostigarlos, ataques policiales, incluyendo palizas e intimidación son una realidad. Rafael Nahuel de la comunidad mapuche murió de manera violenta en noviembre de 2017 durante un desalojo llevado a cabo por fuerzas de seguridad.

En Colombia, una ola de homicidios de indígenas pertenecientes a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado pone de relieve las limitaciones en la aplicación del Acuerdo de Paz. El asesinato de Gerson Acosta (líder del cabildo indígena Kite Kiwe en Timbío, Cauca, que recibió varios disparos al abandonar una reunión comunitaria) ilustra de manera trágica la ineficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para proteger la vida y la seguridad de líderes comunitarios y otros integrantes de los pueblos indígenas.

En Perú se han promulgado leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio, y socavaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, Perú continúa desatendiendo el derecho a la salud de cientos de miembros de pueblos indígenas cuyas únicas fuentes de agua han sido contaminadas con metales tóxicos, y carecen de acceso a una atención médica adecuada.

En Ecuador se sigue violando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, con situaciones que incluyen intromisiones del Estado en los territorios indígenas para la futura extracción de petróleo.

En igual sentido, se continúa negando a los pueblos indígenas del Paraguay sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que los afectan. Pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado no ha brindado a la comunidad Yakye Axa acceso a sus tierras, y tampoco ha resuelto un caso sobre la propiedad de unas tierras expropiadas a la comunidad Sawhoyamaxa.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconoció la falta de consulta previa al pueblo indígena Xinca de Santa Rosa y Jalapa, que se vio afectado negativamente por la actividad minera. En Brasil, varios conflictos sobre la tierra e invasiones de territorios de pueblos indígenas por parte de madereros y mineros ilegales tienen como consecuencia ataques violentos contra comunidades indígenas.

Igualdad y no discriminación

En toda la región, las mujeres y las niñas siguen siendo sometidas a una amplia gama de abusos y violaciones de derechos humanos, que incluyen violencia, discriminación y violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos.

La impunidad de delitos como la violación, los homicidios y las amenazas es generalizada. La discriminación en la investigación y persecución de este tipo de delitos está muy arraigada y a menudo se ve reforzada por la falta de voluntad política y recursos limitados para tales fines.

La persistente violencia de género por ejemplo en República Dominicana se tradujo en un aumento en la cifra de homicidios de mujeres y niñas. La violencia de género en contra de mujeres y niñas también es motivo de honda preocupación en México, y empeoró en países como Nicaragua y El Salvador.

Existe un aumento del número de homicidios de mujeres en puestos de liderazgo en Colombia, y no hay avances claros para garantizar el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia. Sin embargo, las organizaciones colombianas de mujeres lograron que el acuerdo de paz establezca que los sospechosos de haber cometido delitos de violencia sexual deben comparecer ante los tribunales de justicia transicional.

Por otra parte, Las personas LGBTI afrontan condiciones persistentes de discriminación, hostigamiento y violencia en la región, en especial en países como Haití, Honduras y Jamaica, entre otros. En República Dominicana se encontró descuartizado en un terreno baldío el cuerpo de una mujer transgénero, Jessica Rubi Mori. Mientras en Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional invalidó parte de una ley que daba derecho a contraer matrimonio civil a las personas transgénero que han cambiado de género en sus documentos de identidad.