Un acuerdo firmado el 27 de marzo establece que Alabama no dictará otra orden de ejecución contra Doyle Hamm, cuya ejecución programada para el 22 de febrero tuvo que ser cancelada después de que el equipo encargado de administrar la inyección letal intentara infructuosamente encontrar una vena accesible durante dos horas y media

Doyle Hamm fue declarado culpable y condenado a muerte en 1987 por el asesinato de Patrick Cunningham. Hamm, que tenía 29 años en el momento del delito, cumplió 61 el 14 de febrero de 2018, después de 30 años en el corredor de la muerte. Tiene las venas muy dañadas a causa del cáncer linfático que padece y del tratamiento que recibe para él, así como por su consumo previo de drogas por vía intravenosa.

El 5 de marzo se presentó ante un tribunal federal un recurso de hábeas corpus que comenzaba con una descripción de lo que le sucedió a Doyle Hamm durante el intento de ejecución del 22 de febrero: “La noche del jueves 22 de febrero de 2018, el estado de Alabama ató a Doyle Lee Hamm a la camilla de inyección letal de la cámara de ejecución del Centro Penitenciario de Holman y dio comienzo a la ejecución. Desde el momento en que la Corte Suprema de Estados Unidos denegó su petición de una suspensión, hacia las 20.45 CST [hora del centro de Estados Unidos], hasta aproximadamente las 23.30 CST, cuando se canceló la ejecución, el equipo encargado de administrar la inyección letal insertó a Hamm agujas y catéteres en las piernas, los tobillos y la ingle, en un intento de lograr acceso intravenoso para poner fin a su vida mediante la inyección letal. Durante los siete meses previos a la ejecución, los abogados de Doyle Hamm habían advertido de forma vehemente, reiterada, diligente y adecuada al estado de Alabama, a la gobernadora de Alabama, a la Fiscalía General de Alabama, a la Dirección de Asuntos Penitenciarios, a los alcaides de los centros penitenciarios tanto de Donaldson como de Holman, a la Corte Suprema de Alabama, al tribunal federal de primera instancia del Distrito Norte de Alabama, a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta y a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, DC, de que, a causa de su estado de salud, cualquier intento de acceder a las venas de Hamm causaría un dolor y sufrimiento innecesarios que violarían la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”. La petición alegaba que un segundo intento de ejecución “por cualquier medio o método” violaría la Constitución. A la petición se le adjuntó un informe médico preliminar realizado por el médico que examinó a Doyle Hamm después de su primer intento de ejecución; el informe incluía fotografías de las heridas punzantes causadas durante ese intento del 22 de febrero.

El 26 de marzo, los abogados de Doyle Hamm y la fiscalía de Alabama alcanzaron un acuerdo privado para resolver todos los litigios pendientes en los tribunales federales y estatales respecto a la ejecución prevista de Doyle Hamm. Los términos de ese acuerdo son confidenciales, pero el abogado de Doyle Hamm ha declarado que Hamm, su familia y su equipo letrado “están sumamente aliviados”. Tras firmar el acuerdo confidencial, el abogado procedió junto con la fiscalía de Alabama a retirar una demanda basada en los derechos civiles y la petición de hábeas corpus ante el tribunal federal de primera instancia del Distrito Norte de Alabama, así como su petición estatal en el condado de Cullman, Alabama. Con esto se pone fin a los intentos del estado por programar otra fecha de ejecución.

El 26 de febrero, la jueza del tribunal federal de primera instancia había emitido una orden en la que fijaba una “conferencia de programación” para el 6 de marzo. La jueza añadió que “antes de la conferencia, las partes DEBATIRÁN la posibilidad de un acuerdo previo” [énfasis en el original]. El abogado de Doyle Hamm ha declarado que llevaba manteniendo conversaciones para alcanzar un acuerdo con la fiscalía de Alabama desde poco después del intento de ejecución de Doyle Hamm del 22 de febrero de 2018.