Las autoridades no solo deben iniciar una investigación imparcial e independiente sobre las muertes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias; sino también deben tomar medidas inmediatas para garantizar que traten a todos los reclusos con dignidad, así como respetar y proteger sus derechos humanos, y evitar que eventos de esta naturaleza atroz vuelvan a ocurrir

En respuesta a la noticia de que al menos 68 personas -66 hombres y dos mujeres-, murieron en un incendio en la cárcel de la estación de policía en el estado norteño de Carabobo, en Venezuela, el 28 de marzo, Erika Guevara-Rosas, directora de América de Amnistía Internacional dijo:

“Esta horrible y completamente evitable tragedia es otra señal de la total negligencia e indolencia de las autoridades venezolanas por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Las autoridades no solo deben iniciar una investigación imparcial e independiente sobre las muertes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias; sino también deben tomar medidas inmediatas para garantizar que traten a todos los reclusos con dignidad, así como respetar y proteger sus derechos humanos, y evitar que eventos de esta naturaleza atroz vuelvan a ocurrir”.

Las cárceles y las comisarías de policía de Venezuela, que a menudo sirven como centros de detención permanente, están notoriamente sobrepobladas. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, solo en las cárceles de las comisarías del país hay más de 32,000 personas detenidas, 400% más que su capacidad para albergar a 8,000 prisioneros. Cuando el Estado detiene una persona, tiene una obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos.