En todo el mundo se han registrado crisis migratorias de personas solicitantes de asilo y refugio, quienes buscan un sitio seguro para su familia y, trágicamente, son rechazados por las autoridades, internados en campos mal preparados o devueltos a las zonas inseguras que ponen en riesgo la vida de las víctimas

El derecho a no ser discriminado por la raza, sexo, credo, condición física u origen sigue siendo vulnerado en muchos países y territorios del mundo, especialmente en los lugares donde se desarrollan conflictos armados y la situación política afecta directamente a las minorías étnicas.

En todo el mundo se han registrado crisis migratorias de personas solicitantes de asilo y refugio, quienes buscan un sitio seguro para su familia y, trágicamente, son rechazados por las autoridades, internados en campos mal preparados o devueltos a las zonas inseguras que ponen en riesgo la vida de las víctimas.

Las Américas

Países como Venezuela sufren una emergencia humanitaria tan compleja que ha obligado a cientos de miles de personas a salir de su territorio a través de las fronteras con los países vecinos, conformando en la actualidad la mayor ola de emigrantes sudamericanos.

En el último año, hubo un incremento notable del número de personas solicitantes de asilo venezolanas en Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, España, Perú y Trinidad y Tobago. Otros países de la región, entre ellos Colombia y Ecuador, también continuaron recibiendo a un gran número de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que buscaban refugio.

Un elevadísimo número de personas huía de sus hogares para escapar de la represión, la violencia, la discriminación y la pobreza. Muchas de ellas sufrieron nuevos abusos en sus viajes o al llegar a otros países de la región.

En Estados Unidos, el presidente Trump no tardó en llevar a la práctica su discurso contra los derechos, marcado por la discriminación y la xenofobia, que amenazaba con generar un importante retroceso para la justicia y las libertades, con medidas como la firma de una serie de órdenes ejecutivas represivas que ponían en peligro los derechos humanos de millones de personas, en Estados Unidos y en otros países.

Las medidas adoptadas incluían prácticas abusivas en la frontera entre Estados Unidos y México, como el aumento de las detenciones de personas solicitantes de asilo y sus familias; restricciones extremas del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas, en Estados Unidos y en otros países.

El 5 de septiembre, el gobierno anunció que pondría fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) si el Congreso no hallaba en un plazo de seis meses una solución legislativa a la situación migratoria de las personas amparadas por el programa. Ese anuncio ponía en peligro de expulsión a más de 800.000 personas.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a Canadá a fijar un plazo máximo para la detención por razones de inmigración, a poner fin a la detención de menores de edad por ese mismo motivo y a dar acceso a atención médica esencial a todas las personas que se encontraran en Canadá, independientemente de su situación migratoria.

Más de 18.000 solicitantes de asilo cruzaron de manera irregular la frontera entre Estados Unidos y Canadá en el transcurso del año, al deteriorarse las condiciones para las personas refugiadas y migrantes en Estados Unidos.

En México se presentaron un total de 8.703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo; pasó del 35% en 2016 al 12% en 2017.

La mayoría de las solicitudes de asilo correspondían a personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Honduras y Venezuela; por primera vez, estas últimas superaron en número a las procedentes de El Salvador y Guatemala. Sin embargo, entre enero y noviembre, 88.741 personas migrantes en situación irregular fueron detenidas y 74.604 fueron deportadas, en la mayoría de los casos sin la posibilidad de impugnar su deportación.

A pesar de que en octubre el gobierno de Haití había solicitado otra ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció en noviembre su decisión de poner fin al TPS para casi 60.000 personas haitianas en peligro de ser expulsadas de Estados Unidos.

Europa

A la grave situación de los refugiados en Europa, se suman los ataques discriminatorios que sufren por la xenofobia de grupos radicales. En 2017 llegaron a Europa por mar 171.332 personas refugiadas y migrantes, frente a las 362.753 de 2016. Este descenso se debió principalmente a la cooperación de los Estados miembros de la Unión Europea con Libia y Turquía. Al menos 3.119 personas murieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa.

A fin de continuar apuntalando la represión y la discriminación, gobiernos de toda Europa del Este y Asia Central promovieron y aplicaron cada vez más la retórica de los denominados “valores tradicionales”, que interpretaban de manera discriminatoria.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial manifestó que en Chipre se registraron pocas oportunidades de trabajo para los solicitantes de asilo que vivían en la isla, la insuficiente asistencia social que recibían y los limitados centros de acogida.

España incumplió su compromiso de reubicar a 15.888 solicitantes de asilo en aplicación del programa de reubicación de emergencia de la UE; al final del año había reubicado a 1.328, 592 de nacionalidad siria. Tampoco cumplió su compromiso de reasentar a 1.449 personas refugiadas de Oriente Medio y del norte de África; a fecha de 31 de diciembre habían sido reasentadas 1.360, todas de nacionalidad siria excepto una que era palestina.

En la Federación Rusa se amplió aún más la legislación contra el extremismo, que se utilizó de forma arbitraria contra los discursos amparados por la libertad de expresión. Además, las autoridades continuaron devolviendo a personas solicitantes de asilo o refugiadas a países en los que corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

Tras el desalojo del asentamiento informal próximo a Calais (Francia), conocido como “La Jungla”, en noviembre de 2016, las autoridades adoptaron medidas punitivas contra los cientos de personas migrantes y refugiadas que habían regresado posteriormente a Calais.

Entre enero y julio, las autoridades del departamento de los Alpes Marítimos dieron el alto a 28.000 personas refugiadas y migrantes que habían cruzado la frontera procedentes de Italia. Devolvieron a ese país al 95%, entre ellas menores no acompañados, sin que les ofrecieran el derecho a solicitar asilo en Francia.

En Austria, de enero a agosto, 17.095 personas solicitaron asilo; el número se había reducido casi a la mitad respecto a las 32.114 personas que lo habían solicitado en el mismo periodo de 2016.

Aunque disminuyó el número de personas refugiadas y migrantes que llegaban a Bulgaria, continuaron las denuncias frecuentes de devoluciones sin el debido proceso, de uso excesivo de la fuerza y de robos a manos de la policía de fronteras.

Casi 47.000 solicitantes de asilo continuaban atrapados en Grecia debido al cierre de la ruta migratoria de los Balcanes y a la aplicación del acuerdo Unión Europea -Turquía en marzo de 2016. Al terminar el año, 29.716 personas habían llegado por mar desde Turquía, en comparación con las 173.450 de 2016. Aun así, Grecia siguió siendo uno de los principales puntos de entrada de refugiados y migrantes en Europa.

Además, aproximadamente 2.800 personas refugiadas y migrantes murieron en el mar intentando llegar a Italia desde Libia, hacinadas en barcos no aptos para navegar. La cifra supuso una reducción con respecto a las más de 4.500 muertes registradas en 2016. Más de 119.000 personas sobrevivieron a la travesía y llegaron a Italia, frente a las 181.000 de 2016.

África

En algunos países persistían la discriminación, la marginación y los abusos contra las mujeres y las niñas, a menudo derivados de tradiciones culturales e institucionalizados por leyes injustas. Las mujeres y las niñas eran sometidas a violaciones y otras formas de violencia sexual, especialmente en el contexto de conflictos y en países que albergaban a un gran número de personas refugiadas e internamente desplazadas.

En países como Botsuana se continuaba aplicando su restrictiva política de internamiento en campos y negando a las personas refugiadas la libertad de circulación, el acceso al trabajo y la integración local.

En junio, el presidente de Tanzania anunció la prohibición de que las niñas embarazadas se reincorporaran a las escuelas del sistema público, lo que fomentaba la estigmatización y la discriminación de las niñas y de las víctimas de violencia sexual.

Asia y Oceanía

En toda Asia Meridional, las voces disidentes y las personas pertenecientes a minorías religiosas eran cada vez más vulnerables a ataques multitudinarios, como es el caso de los rohingyás en Myammar y Bangladesh.

Las fuerzas de seguridad lanzaron una campaña selectiva de limpieza étnica contra la población rohingya del norte del estado de Rajine que incluyó homicidios ilegítimos, violaciones y quema de poblaciones, constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

Se calculaba que en India había 40.000 personas de etnia rohingya en peligro de expulsión colectiva, de las que más de 16.000 habían sido reconocidas como refugiadas por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Además, en Sri Lanka los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continuaban aplicando criterios raciales contra la minoría tamil y sometiéndola a vigilancia y hostigamiento, en particular a los exmiembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

Australia mantuvo su política de reclusión indefinida obligatoria para cualquier persona sin visado que llegara en avión al país. A fecha de 30 de noviembre, en los centros de detención para inmigrantes de Australia continental y de la Isla de Navidad había 1.301 personas recluidas. El 19,8% de ellas llevaban más de 730 días internadas.

Oriente Medio y Norte de África

En los países del Golfo y en otros, como Jordania y Líbano, los trabajadores y trabajadora migrantes seguían sufriendo explotación y abusos, en especial en sectores como el empleo doméstico y la construcción.

En Arabia Saudí, las autoridades discriminaban a los miembros de la minoría musulmana chií por su fe, limitando su derecho a la libertad de expresión religiosa y su acceso a la justicia, y restringiendo arbitrariamente su derecho a trabajar y su acceso a los servicios públicos. Las personas de esta minoría señaladas por su activismo seguían expuestas a ser detenidas, encarceladas y, en algunos casos, condenadas a muerte en juicios sin garantías.

Entre agosto y diciembre, las autoridades de Argelia detuvieron arbitrariamente a más de 6.500 migrantes subsaharianos y los expulsaron a los vecinos Níger y Malí basándose en criterios raciales.

Por otra parte, los trabajadores y las trabajadoras migrantes en los Emiratos Árabes Unidos, que representaban la gran mayoría de la mano de obra privada, seguían expuestos a sufrir explotación y abusos. Continuaban estando ligados a sus empleadores en virtud del sistema de patrocinio laboral (kafala) y no podían ejercer los derechos asociados a la negociación colectiva.

En Kuwait, más de 100.000 bidun residentes seguían siendo apátridas. En mayo de 2016, el Parlamento había aprobado un proyecto de ley que concedía la ciudadanía kuwaití a un máximo de 4.000 bidun y lo remitió al gobierno; al finalizar 2017 no se había promulgado aún la ley.

Entre enero y abril, las autoridades de inmigración egipcias expulsaron y enviaron a sus países de origen al menos a 50 solicitantes de asilo de Eritrea, Etiopía y Sudán, entre los que había niños y niñas de corta edad, sin darles acceso a representación legal ni al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. La expulsión de solicitantes de asilo eritreos, así como de personas de nacionalidad etíope y sudanesa con un temor fundado de persecución, constituía devolución (refoulement).

Avances lentos

Pese a la situación que enfrentan los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, así como las personas afrodescendientes y pertenecientes a minorías étnicas, se han presentado algunos avances en la protección y garantía de sus derechos.

En 2017 se cumplieron también 30 años de la creación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que, pese a enfrentarse a numerosos desafíos, había contribuido significativamente a la promoción y la protección de los derechos humanos, especialmente mediante la elaboración de una lista impresionante de instrumentos y normas.

Sólo en 2017, la Comisión adoptó al menos 13 de esos instrumentos, que dotaron de contenido concreto las amplias disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África.

El único mecanismo nacional de justicia transicional de la región, la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez (encargada de abordar las violaciones de derechos humanos cometidas entre julio de 1955 y diciembre de 2013), celebró 11 audiencias públicas en las que víctimas y perpetradores declararon sobre diversas violaciones de derechos que abarcaban desde fraude electoral hasta desaparición forzada y tortura.

El Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente establecido para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de derecho internacional más graves cometidos en Siria desde marzo de 2011 cobró forma durante el año, tras su establecimiento oficial en diciembre de 2016 por la Asamblea General de la ONU. Y en septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que se encargaba a un grupo de expertos la investigación de los abusos cometidos por todas las partes en Yemen.

En los Países Bajos, la policía introdujo una normativa profesional y elaboró un módulo de formación para promover el uso imparcial y efectivo de sus facultades de parada y registro. Sin embargo, el impacto de estas medidas siguió sin estar claro, pues no había una supervisión ni un registro sistemáticos del uso que se hacía en la práctica de estas facultades.

Además, en Brasil entró en vigor una nueva ley de migraciones en mayo (la Ley 13.445/2017), que incluía mejoras para los derechos de las personas migrantes.