“No hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio excepcional, mejore la seguridad pública o reduzca los daños asociados a las drogas. La pena de muerte no reducirá el alarmante número de muertes relacionadas con el uso de opioides", dijo Kristina Roth, responsable principal del programa de justicia penal de Amnistía Internacional Estados Unidos

Ante el anuncio del presidente Donald Trump relativo al uso de la pena de muerte como medio para abordar la crisis de opioides, Kristina Roth, responsable principal del programa de justicia penal de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:

“Nos preocupan enormemente los planes de la administración de abordar la crisis de opioides de Estados Unidos con el aumento del uso de la pena de muerte. La pena de muerte es la negación máxima de los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a la vida y todas tenemos derecho a no sufrir penas crueles, inhumanas o degradantes. Estos son derechos humanos de los que gozan las personas con independencia de si han sido declaradas culpables de un delito. La pena de muerte nunca es una opción adecuada en ninguna circunstancia, menos aún como respuesta a una crisis de salud pública.

“No hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio excepcional, mejore la seguridad pública o reduzca los daños asociados a las drogas. La pena de muerte no reducirá el alarmante número de muertes relacionadas con el uso de opioides. Lo que necesitamos son unas políticas más humanas, efectivas y con base empírica que protejan mejor la salud pública y los derechos humanos.

“El uso de la pena de muerte está disminuyendo en todo el país. No debemos retroceder ahora creando más vías para que el Estado ejecute a personas.

“No debemos seguir los ejemplos de países como Singapur, cuyas draconianas medidas antidroga no sólo no abordan los daños asociados a las drogas, sino que además violan las leyes y normas internacionales de derechos humanos”.