Martes, 20 de marzo, 2018
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por las recomendaciones que ha aceptado el gobierno de Perú,[1] pero manifiesta su preocupación por los graves reveses que los derechos humanos han experimentado en el país
El 24 de diciembre de 2017, en contra de las recomendaciones del EPU[2] y de las promesas voluntarias formuladas por Perú al presentar su candidatura a las elecciones al Consejo de Derechos Humanos de 2018[3], el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, así como el derecho de gracia, que extinguía todos los procesos penales que se seguían contra él. Esta medida tiene graves consecuencias para el derecho de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de violaciones graves de derechos humanos a verdad, justicia y reparación.
Incluso concedido por razones humanitarias, un indulto constituiría también un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en caso de que impidiera el cumplimiento efectivo de las penas de personas declaradas culpables de violaciones graves de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional.
Amnistía Internacional acoge con beneplácito la reciente decisión de la Sala Penal Nacional de no aplicar la media de gracia presidencial y continuar con el procesamiento de Fujimori por el asesinato de seis campesinos. La aplicación de la medida de gracia habría equivalido a una amnistía y constituido un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú.
Perú no ha garantizado que los pueblos indígenas expuestos a metales tóxicos, especialmente en Cuninico y Espinar, tengan acceso a servicios adecuados de atención de la salud.
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por las recomendaciones que ha aceptado el gobierno de Perú,[1] pero manifiesta su preocupación por los graves reveses que los derechos humanos han experimentado en el país.
El 24 de diciembre de 2017, en contra de las recomendaciones del EPU[2] y de las promesas voluntarias formuladas por Perú al presentar su candidatura a las elecciones al Consejo de Derechos Humanos de 2018[3], el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, así como el derecho de gracia, que extinguía todos los procesos penales que se seguían contra él. Esta medida tiene graves consecuencias para el derecho de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de violaciones graves de derechos humanos a verdad, justicia y reparación.
Incluso concedido por razones humanitarias, un indulto constituiría también un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en caso de que impidiera el cumplimiento efectivo de las penas de personas declaradas culpables de violaciones graves de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional.
Amnistía Internacional acoge con beneplácito la reciente decisión de la Sala Penal Nacional de no aplicar la media de gracia presidencial y continuar con el procesamiento de Fujimori por el asesinato de seis campesinos. La aplicación de la medida de gracia habría equivalido a una amnistía y constituido un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú.
Perú no ha garantizado que los pueblos indígenas expuestos a metales tóxicos, especialmente en Cuninico y Espinar, tengan acceso a servicios adecuados de atención de la salud.
[1] A/HRC/37/8/Add.1, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Perú, Adición, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado, 28 de febrero de 2018.
[2] A/HRC/37/8, recomendaciones 111.75 (Azerbaiyán), 111.76 (Alemania), 111.77 (Ecuador), 111.78 (Francia), 111.97 (Argentina).
[3] A/72/362. Carta de fecha 24 de agosto de 2017 dirigida a la Presidencia de la Asamblea General por el Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas. http://undocs.org/es/A/72/362