Lunes, 12 de marzo, 2018
Astrid (de 14 años) y su padre, Arturo (de 49), permanecen detenidos desde el 20 de febrero en el Centro de Detención para Familias del condado de Berks en Leesport, Pensilvania. Han solicitado asilo porque temen ser devueltos a su país de origen, Guatemala, como indígenas k’iche. Astrid además teme la devolución porque, debido a su sexo, puede ser sometida a violencia sexual y de género y a otros daños graves. Ambos deben ser puestos en libertad en espera del resultado de su solicitud de asilo
Astrid y Arturo llegaron a Estados Unidos en febrero de 2015 después de huir de su país de origen, Guatemala, a causa de su identidad como indígenas k’iche. Cuando llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, fueron aprehendidos por la Patrulla de Fronteras y Aduanas estadounidense y fueron detenidos. La Patrulla los puso en libertad al día siguiente con una notificación para que comparecieran ante un tribunal de inmigración, pero la notificación no especificaba la fecha ni el lugar donde debían presentarse. Astrid y su padre no sabían que podían solicitar asilo. Han vivido en Easton, Pensilvania, en la misma dirección, desde que la Patrulla de Fronteras y Aduanas los puso en libertad. Astrid estudia octavo curso en la Easton Area Middle School, a la que lleva acudiendo desde quinto curso.
El 20 de febrero de 2018, hacia las cinco de la madrugada, Astrid dormía en su habitación cuando seis agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se plantaron ante su cama y la despertaron, gritándole: “¡INMIGRACIÓN, ARRIBA!”. Los agentes ordenaron a todos los habitantes de la casa que se metieran en una habitación y les pidieron la identificación. No mostraron orden judicial alguna ni dijeron a quién buscaban. A continuación, Astrid y Arturo —Astrid aún en pijama— fueron llevados al Centro de Detención para Familias del condado de Berks.
Aunque Astrid y Arturo han vivido en la misma dirección desde su llegada a Estados Unidos y reciben correo allí, aseguran no haber recibido nunca una notificación actualizada para una vista judicial. Hasta que fueron detenidos, no sabían que se había ordenado su expulsión de Estados Unidos por no comparecer ante el tribunal de inmigración. El 2 de marzo, los abogados de la familia presentaron una moción para reabrir su caso ante el Tribunal de Inmigración de Filadelfia, debido a la ausencia de notificación sobre la vista judicial. Ese mismo día presentaron también una solicitud de asilo basada en el temor a sufrir persecución si eran devueltos a Guatemala. Han conseguido una suspensión de la deportación en espera de la decisión del juez. No se ha presentado nada que indique que entrañan riesgo de fuga o que constituyen un peligro para la comunidad.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades estadounidenses a liberar juntos y de inmediato a Astrid y Arturo del Centro de Detención para Familias del condado de Berks en espera de que se tome la decisión final sobre su solicitud de asilo.
Envíen llamamientos antes del 19 de abril de 2018 a:
Director en funciones de la Oficina de Campo
Acting Field Office Director
Gregory S. Brawley
Immigrations and Customs Enforcement
US Department of Homeland Security
114 North 8th Street
Philadelphia, PA, 19107, EE. UU.
Tel: + 1 215 656 7164
Correo-e: gregory.s.brawley@ice.dhs.gov
Twitter: @ICEgov
Tratamiento: Sr. Brawley / Dear Mr. Brawley
Subdirector de la Oficina de Campo
Assistant Field Office Director
Joshua G. Reid
Immigrations and Customs Enforcement
US Department of Homeland Security
3400 Concord Road
York, PA, 17402, EE. UU.
Tel: + 1 267 479 3689
Correo-e: Joshua.G.Reid@ice.dhs.gov
philadelphia.outreach@ice.dhs.gov
Twitter: @ICEgov
Tratamiento: Sr. Reid / Dear Mr. Reid
Información complementaria
En virtud del derecho internacional, el gobierno estadounidense tiene la obligación de garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo se respetan, se protegen y se realizan. El gobierno estadounidense tiene también la obligación de garantizar que los menores de edad sólo son detenidos en circunstancias excepcionales, y durante el tiempo más breve posible. Las normas internacionales, incluidos instrumentos en los que Estados Unidos es parte, contienen una firme presunción contra la detención de migrantes y solicitantes de asilo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece claramente el derecho a no sufrir detención arbitraria. La detención sólo debe utilizarse como último recurso, debe justificarse en cada caso individual y debe ser sometida a revisión judicial. La detención sólo es adecuada cuando las autoridades pueden demostrar en cada caso individual que es necesaria y proporcional al objetivo que se pretende alcanzar y por los motivos prescritos por la ley, y que otras medidas alternativas (como el requisito de comparecer periódicamente, la fianza o los depósitos económicos) no serían efectivas.
La familia detenida ha solicitado asilo y otras formas de protección en Estados Unidos. A causa de su identidad como indígenas k’iche, ambos tienen miedo de regresar a su país de origen. La solicitud de asilo presentada por la familia señala que Astrid además teme la devolución a Guatemala porque, debido a su sexo, puede ser sometida a violencia sexual y de género y a otros daños graves. Astrid cumplirá 15 años en 15 de marzo. Había estado planeando con ilusión su “quinceañera” (una fiesta cultural tradicional que se celebra cuando las niñas cumplen los 15 años) antes de ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y enviada a Berks. Su deseo de cumpleaños es que su padre y ella sean puestos en libertad y pueda regresar a la escuela secundaria. Le preocupan los estudios escolares que ha perdido.
El Centro de Detención para Familias del condado de Berks alberga actualmente a decenas de familias, principalmente padres con hijos. También hay varias madres detenidas. Es el único centro de detención para familias de Estados Unidos que permite la convivencia de personas de distinto sexo. Muchas de las familias que están en el centro de detención del condado de Berks proceden de los países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—, una región en la que Amnistía Internacional ha documentado niveles extremos de violencia e inseguridad.
AU: 53/18 Índice: AMR 51/8030/2018 Fecha de emisión: 8 de marzo de 2018