Las deportaciones a Afganistán están aumentando en toda Europa. Pese a todas las pruebas sobre la situación en el terreno y pese a lo que dicen en sus propios sitios web, países como Noruega, Alemania y Reino Unido insisten en que Afganistán es lo bastante seguro como para devolver a personas

¿Iría usted mañana a Afganistán? Si sigue las noticias, la respuesta es probablemente no. Tal vez haya leído que un camión bomba mató al menos a 150 personas en mayo o que unos hombres armados irrumpieron en las oficinas de la ONG Save the Children en enero y mataron a cuatro personas. Quizá se pregunte cómo podría sentirse a salvo nadie en Kabul después de que una ambulancia llena de explosivos estallara en una calle llena de gente matando a más de 100 personas e hiriendo al menos a 235.

Si está usted en Europa, es probable que el gobierno de su país le aconseje que no viaje a Afganistán, citando el alto riesgo de secuestro, ataques indiscriminados y enfrentamientos entre grupos armados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth británico, por ejemplo, advierte a las personas que viajan de que la amenaza de ataques “en gran escala” es siempre inminente y de que es especialmente peligroso ir a restaurantes, tiendas y mercados. Los sitios web de Noruega y Alemania contienen advertencias similares: Afganistán está en medio del caos político, no es seguro, es letal. Pero estos gobiernos consideran que la vida de no todas las personas merece ser protegida por igual.

Las deportaciones a Afganistán están aumentando en toda Europa. Pese a todas las pruebas sobre la situación en el terreno y pese a lo que dicen en sus propios sitios web, países como Noruega, Alemania y Reino Unido insisten en que Afganistán es lo bastante seguro como para devolver a personas.

Taibeh Abbasi, de 18 años, conoce bien los peligros de la vida en Afganistán, el país del que huyeron sus padres antes de que ella naciera. El lunes, Taibeh, que vive en la ciudad noruega de Trondheim desde hace cinco años, recibió la desoladora noticia de que las autoridades noruegas de inmigración habían rechazado su petición de que se revisara su caso, confirmando la decisión de deportarla a ella y a algunos miembros de su familia.

En contraste con la crueldad y la indiferencia de las autoridades noruegas, en los últimos meses, los amigos y amigas de Taibeh se han movilizado por ella organizando protestas, escribiendo a políticos y pidiendo públicamente a su gobierno que proteja a su compañera de clase dándole el derecho a quedarse en Noruega. Sus súplicas de compasión, urgentes y apasionadas, se han encontrado con oídos sordos y Taibeh podría ser deportada en cualquier momento, dejando un profundo agujero en la comunidad.

Afganistán no es más seguro para Taibeh que para usted; así es como funcionan los ataques indiscriminados. Tampoco es más familiar: Taibeh nació en Irán y nunca ha estado en el país del que huyeron sus padres. Cuando llegue a Kabul, la familia estará perdida, separada de sus amistades y redes en Noruega. En Kabul no tienen ningún lugar donde vivir y ninguna forma de ganarse la vida. Taibeh está más acostumbrada a hablar noruego que farsi. Tendrá que comprar ropa nueva y aprender los entresijos de la buena educación y la cultura de un lugar donde los derechos de las mujeres siguen estando gravemente limitados.

En Noruega, Taibeh es una alumna de calificaciones sobresalientes que ha trabajado arduamente para obtener las notas que necesita para estudiar Medicina en la universidad. Sus profesores no dudan de que si se quedase en Noruega podría alcanzar su sueño de convertirse en médica. Pero Taibeh será arrancada de la escuela apenas unas semanas antes de los exámenes finales y todo su trabajo habrá sido en vano. En Afganistán hay enormes obstáculos para la educación de las niñas; casi dos tercios de las niñas afganas no asiste a la escuela y quienes sí van temen constantemente por su integridad física.

Hay muchas personas en la terrorífica situación de Taibeh, en Noruega y en toda Europa. La investigación de Amnistía Internacional muestra que, entre 2015 y 2016, casi se triplicó el número de personas afganas deportadas por países europeos, pasando de 3.290 a 9.460. Alemania, Grecia, Reino Unido y Suecia son algunos de los países que están enviando a personas afganas al peligro de nuevo, a pesar de que aconsejan no viajar allí.

Este doble rasero mortal revela el menosprecio con el que los líderes europeos tratan la vida de las personas refugiadas y migrantes. Muestra cómo las personas como Taibeh se han convertido en instrumentos utilizados en la política para recuperar terreno de los renacientes partidos contrarios a la inmigración. La ministra noruega de Inmigración, Sylvi Listhaug, admitió que no iría a Afganistán, pero insistió en que era diferente para las personas afganas. Es difícil no oír los matices racistas que contienen comentarios como estos. Las bombas son aterradoras para todas las personas. Si Afganistán no es seguro para la ciudadanía británica o sueca o para sus ministros y ministras, tampoco lo es para unos adolescentes que nunca han vivido allí ni para quienes huyeron de una persecución selectiva.

Si las autoridades noruegas llevan a cabo la deportación, la siguiente parte de la historia de Taibeh seguirá una trayectoria deprimente familiar para las personas afganas deportadas desde Europa. Las autoridades la sacarán de su casa, la detendrán y luego la pondrán en un avión que la llevará a una zona de guerra. Las autoridades noruegas no sabrán lo que le ocurra a Taibeh una vez que se baje del avión en Kabul. Se lavarán las manos respecto de la suerte que corran Taibeh y su familia. No comprobarán si su valoración de Afganistán como país “seguro” fue correcta. No verificarán si su decisión estaba justificada o si deberían revisar su política para futuras Taibehs. Esta es la vergonzosa realidad de la política miope y asustada de los gobiernos europeos de devolver a personas afganas a Afganistán. Cuesta vidas de personas y puede que esta semana le cueste a Noruega una brillante joven médica.

Créditos: María Serrano, encargada de campañas sobre derechos de las personas migrantes y refugiadas.