Tras haber anunciado el gobierno la liberación de “todos los presos políticos“, 79 personas, entre integrantes de partidos de oposición y defensores y defensoras de los derechos humanos, fueron puestas en libertad entre el 18 y el 28 de febrero. Aunque la medida se comunicó el 18 de febrero, a día de hoy 61 disidentes —entre integrantes de partidos de oposición y defensores y defensoras de los derechos humanos— permanecen recluidos bajo custodia del NISS. Se trata, entre otros de: Omer Yousef El Digair, presidente del Partido del Congreso Sudanés; Almahi Suliman, presidente del Partido del Congreso Sudanés en el estado de Sennar; Mohamed Mukhtar al Khatib, secretario político del Partido Comunista de Sudán; Mohamed Farouk Salman, miembro destacado de Alianza Nacional de Sudán – Fuerzas; Mohieldeen Eljalad y Sidgi Kaballo, miembros del comité central del Partido Comunista de Sudán; Ismail Adam Hamid, activista político; Amjed Farid, médico y defensor de los derechos humanos; Omer Ushari, defensor de los derechos humanos; Salih Mahmoud Osman, defensor de los derechos humanos y vicepresidente del Colegio de Abogados de Darfur, y Khalid Omer Yousif, presidente en funciones del Partido del Congreso Sudanés, designado tras la detención de Omer Yousef.

Fueron detenidos por el NISS entre enero y febrero, en relación con las protestas organizadas por activistas de oposición contra la subida de los precios de los alimentos y las medicinas a partir de enero. Inicialmente, las autoridades no revelaron su paradero.

Asimismo, el director general del NISS declaró ante la prensa, el 20 de febrero, que las demás personas detenidas no quedarían en libertad hasta que sus partidos “mejoraran su conducta, pusieran fin a las manifestaciones y sabotajes [...] y abandonaran su intención de derrocar al régimen por la fuerza”.

Escriban inmediatamente en árabe o en su propio idioma:

- Instando a las autoridades de Sudán a poner en libertad, de inmediato y sin condiciones, a estas 61 personas —pertenecientes a partidos de oposición o defensoras de los derechos humanos— y a cualquier otra persona recluida exclusivamente por haber ejercido, de manera pacífica, su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y a anular, además, cualquier procedimiento penal incoado en su contra;

- Instando a las autoridades a garantizar que, hasta que sean liberadas, estas personas tienen acceso periódico a abogados de su elección, a visitas de su familia y al tratamiento médico que puedan necesitar;

- Pidiéndoles que, en espera de su liberación, estas personas reciban protección contra la tortura y otros malos tratos bajo custodia.

Envíen llamamientos antes del 13 de abril de 2018 a: 

Presidente

HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir

Office of the President

People’s Palace

PO Box 281

Khartoum, Sudán

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

Ministro de Justicia

Idris Ibrahim Jameel

Ministry of Justice

PO Box 302

Al Nil Avenue

Khartoum, Sudán

Tratamiento: Excelencia / Your Excellency

Y copias a:

Ministro del Interior

Hamed al-Mannan

Ministry of Interior

PO Box 873

Khartoum, Sudán

Información complementaria

Los días 7 y 8 de enero, tres líderes del Partido del Congreso Sudanés fueron detenidos arbitrariamente y puestos bajo custodia, entre ellos el presidente nacional del partido, Omer Yousef El Digair, y el presidente del partido en el estado de Sennar, Almahi Suliman. Asimismo, del 16 de enero al 1 de febrero fueron detenidos más dirigentes de partidos de oposición, tales como Mohamed Mukhtar al Khatib, secretario político del Partido Comunista de Sudán; Mohamed Farouk Salman, miembro destacado de Alianza Nacional de Sudán – Fuerzas, y Mohieldeen Eljalad y Sidgi Kaballodos, ambos miembros del comité central del Partido Comunista de Sudán. Además, fueron detenidos tres defensores de los derechos humanos: el también médico Amjed Farid (18 de enero); el defensor Omer Ushari (16 de enero); y el vicepresidente del colegio de Abogados de Darfur, Salih Mahmoud Osman, galardonado con numerosos premios de derechos humanos, incluido el Premio Sájarov, que concede anualmente el Parlamento Europeo (1 de febrero). Por su parte, el activista político Ismail Adam Hamid fue detenido el 16 de enero, mientras que el presidente en funciones del Partido del Congreso Sudanés, Khalid Omer Yousif, lo fue el 23 de febrero.

El 18 de febrero quedaron en libertad Amel Habani, periodista galardonada en 2015 con el Premio Ginetta Sagan de Amnistía Internacional; Nahid Jabrallah, directora del Centro Sima para la Formación y la Protección de los Derechos de las Mujeres y de la Infancia; Egbal Mohamed Ali y Hanan Hassan Hussein, integrantes del Partido del Congreso Sudanés, y Sarah Nugdallah, secretaria general del Partido Nacional Umma. El 19 de febrero fue liberado Mohamed Abdalla Aldoma, vicepresidente del Partido Nacional Umma.

Al finalizar 2017, el gobierno de Sudán aprobó un nuevo Presupuesto Nacional para 2018 que incluye más medidas de austeridad económica y recortes en salud y educación, al tiempo que aumenta el gasto en el sector de la seguridad. A causa de estas nuevas medidas, los precios de los alimentos y las medicinas han aumentado considerablemente. El precio de una barra de pan ha pasado de 50 céntimos a una libra sudanesa, equivalente a 0,055 dólares estadounidenses (tipo de cambio oficial). Este aumento del costo de la vida ha desencadenado numerosas protestas públicas en varias ciudades. Desde que comenzaron las protestas, a principios de enero, el número de personas detenidas en todo Sudán asciende a 319. De ellas, al menos 61 continúan recluidas.

Asimismo, a partir del momento en que se hizo público el nuevo Presupuesto Nacional para 2018, la libra sudanesa no ha parado de devaluarse: sólo en lo que llevamos del mes de marzo, el tipo de cambio del dólar estadounidense ha pasado de 24 a 37 libras sudanesas en el mercado paralelo.

El NISS conserva las amplias atribuciones de detención y reclusión que le otorga la Ley de Seguridad Nacional de 2010, que permite mantener a personas sospechosas recluidas hasta cuatro meses y medio sin revisión judicial. Sus agentes suelen utilizar estas atribuciones para detener y privar de libertad, arbitrariamente, a personas que, en muchos casos, son sometidas, a continuación, a tortura y otros malos tratos. Con arreglo a la misma ley, los agentes del NISS tienen inmunidad procesal por cualquier acto cometido en el desempeño de su trabajo, lo que ha generado una cultura de impunidad generalizada. La situación se ha agravado desde el 5 de enero de 2015, fecha en que se aprobó la enmienda del artículo 151 de la Constitución, que amplía el mandato del NISS. Con arreglo a esta enmienda, el NISS dejó de ser sólo un servicio de inteligencia centrado en la recopilación y análisis de información, y el asesoramiento al respecto, para convertirse en un servicio de seguridad propiamente dicho, con amplias facultades que le permiten ejercer una serie de funciones habitualmente asignadas a las fuerzas armadas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La enmienda otorgó al NISS discrecionalidad ilimitada para decidir qué constituye una amenaza política, económica o social y cómo responder a dichas amenazas. Ni la Ley de Seguridad Nacional ni la nueva redacción del artículo 151 exigen de forma explícita o implícita al NISS respetar las leyes internacionales, regionales y nacionales en el ejercicio de sus funciones.

Nombres: Amel Habani, Nahid Jabrallah, Egbal Mohamed Ali, Hanan Hassan Hussein, Sarah Nugdallah, Mohamed Abdalla Aldoma, Omer Yousif El Digair, Almahi Suliman, Mohamed Mukhtar al Khatib, Mohamed Farouq Salman, Omer Ushari, Mohieldeen Eljalad, Sidgi Kaballo, Ismail Adam Hamid, Amjed Farid, Salih Mahmoud Osman, Khalid Omer Yousef y otras personas

Más información sobre AU: 35/18 Índice: AFR 54/7976/2018