El 8 de marzo de 1986 se encontró el cadáver de Cynthia Tincher en su automóvil en Toledo, Ohio. Ese mismo día se denunció la desaparición de su compañera de apartamento, Debra Ogle. El cadáver de ésta se encontró el 12 de marzo en una zona boscosa de Toledo. Las dos habían recibido disparos. William Montgomery y Glover Heard fueron acusados de los dos asesinatos. Glover Heard evitó la pena de muerte al declararse culpable de complicidad en asesinato a cambio de testificar contra su coacusado y de una condena de entre 15 años de prisión y cadena perpetua. William Montgomery fue juzgado en septiembre de 1986. La teoría de la acusación era que había matado a Debra Ogle el 8 de marzo mientras le robaba, y luego había matado a Cynthia Tincher para impedir que lo identificara como el hombre que había estado con Debra Ogle. La defensa no presentó testigos, sino que se limitó a contrainterrogar a los de la acusación. El jurado declaró a William Montgomery culpable del asesinato con agravantes de Debra Ogle y del asesinato de Cynthia Tincher. Montgomery fue condenado a muerte por el asesinato de Ogle y a entre 15 años de prisión y cadena perpetua por el de Tincher.

Seis años después salió a la luz un informe policial que decía que Debra Ogle había sido vista con vida por varios amigos suyos a primeras horas del 12 de marzo de 1986, cuatro días después de la fecha en la que la acusación afirmaba que William Montgomery la había matado. En 2007, el juez de un tribunal federal de primera instancia concluyó que el informe policial habría “minado seriamente la credibilidad de Heard y habría destruido la sucesión de los hechos establecida por la fiscalía”, así como “la teoría de la acusación sobre los motivos de Montgomery para matar a Tincher”. El juez ordenó al estado que juzgara de nuevo a William Montgomery. La fiscalía apeló. Una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito confirmó, por dos votos contra uno, la orden de nuevo juicio, sobre la base de que el informe socavaba la confianza tanto en la declaración de culpabilidad como en la condena. La fiscalía apeló de nuevo. En 2011, el pleno de la Corte de Apelaciones anuló la orden del tribunal federal de primera instancia. Cinco de los 15 jueces discreparon. Si tres jueces hubieran votado en sentido contrario, William Montgomery probablemente habría recibido un nuevo juicio. En mayo de 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó, sin formular comentarios, asumir el caso.

Mientras la fiscalía ha tratado de arrojar dudas sobre las declaraciones del informe policial que describían que se había viso a Debra Ogle el 12 de marzo de 1986, en 2012 los abogados de William Montgomery obtuvieron un informe de investigación de expertos forenses que concluían que “existe un apoyo considerable a la hipótesis de que la víctima Debra Ogle murió en torno al 12 de marzo de 1986”.

El 8 de marzo de 2018 se celebrará una vista de clemencia ante la Junta de Libertad Condicional de Ohio. El gobernador puede otorgar clemencia independientemente de cuál sea la recomendación de la Junta. William Montgomery lleva más de 30 años en el corredor de la muerte. Su ejecución se ha programado para el 11 de abril.

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, con sus propias palabras:

- Pidiendo a la Junta que recomiende la clemencia, y al gobernador que detenga la ejecución de William Montgomery y conmute su condena a muerte, habida cuenta de las persistentes dudas sobre la fiabilidad de la declaración de culpabilidad;

- Señalando que seis jueces federales han sostenido que William Montgomery debería recibir un nuevo juicio porque el informe policial ocultado contradecía directamente la teoría del caso establecida por la acusación y minaba seriamente la confianza en el veredicto;

- Señalando los frecuentes errores que se han dado en casos de pena de muerte en Estados Unidos, incluido Ohio.

Envíen llamamientos antes del 8 de marzo (junta de indultos) y el 11 de abril de 2018 (gobernador) a:

Junta de Libertad Condicional de Ohio

770 West Broad Street

Columbus, Ohio 43222, EE. UU.

Correo-e: drc.paroleboard@odrc.state.oh.us

Fax: +1 614-752-0600

Tratamiento: Señores miembros de la Junta / Dear Board members

Gobernador

30th Floor, 77 South High St, Columbus, OH 43215-6117, EE. UU.

Fax: +1 614 466 9354

Correo-e.: www.governor.ohio.gov/Contact/ContacttheGovernor.aspx

Twitter: @JohnKasich        

Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor

Información complementaria

Las normas  internacionales sobre la pena de muerte prohíben la ejecución de cualquier persona cuya culpabilidad no “se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos”. Las pruebas presentadas en el juicio de William Montgomery demostraban que éste había comprado el arma utilizada en los asesinatos unas tres semanas antes del crimen, y que había conducido a la policía hasta el cadáver de Debra Ogle la tarde del 12 de marzo de 1986 (Montgomery afirmó que había prestado el arma a Glover Heard y que sabía por éste dónde se encontraba el cadáver). En su sentencia de 2007, el tribunal federal de primera instancia concluyó que la argumentación de la fiscalía no era “irrefutable”. El “informe policial podría haber minado el testimonio de Heard, que fue la base de la argumentación de la fiscalía”, y “podría haber socavado la teoría de la acusación sobre cómo ocurrieron los asesinatos al desacreditar por completo la sucesión de los hechos establecida por la fiscalía y su motivo argumentado para que Montgomery asesinara a Tincher”.

Cuando el pleno de la Corte del Sexto Circuito anuló la orden del tribunal federal de primera instancia, la mayoría reconoció que “algunas pruebas del juicio también tendían a implicar a Heard”, y que los “múltiples relatos [ofrecidos por Heard] [...] minaban sin duda la credibilidad de su testimonio”. No obstante, declaró que el jurado tenía “conocimiento de todo esto”, y que el informe policial ocultado “exonera a Heard como asesino de Ogle porque estaba encarcelado en el momento en que ésta fue presuntamente vista el 12 de marzo”. Tres de los cinco jueces discrepantes dijeron que las pruebas contra William Montgomery no eran “en absoluto” firmes. Incluso sin el informe ocultado, las pruebas de su culpabilidad son “dudosas, en el mejor de los casos”. Alegaron que la afirmación de la mayoría de que el informe policial era irrelevante porque socavaba la teoría de la defensa [que Heard era el asesino] “es totalmente errónea”: el informe “arroja luz sobre posibles teorías de la defensa que podrían haber estado a disposición” de William Montgomery, “y de esa manera socava aún más la fiabilidad de un veredicto ya de por sí cuestionable”.

Los otros dos jueces discrepantes alegaron que la decisión de la mayoría “desincentiva a los fiscales a cumplir con la ley”, al destruir el efecto disuasorio de la norma constitucional contra la ocultación de pruebas “en todos los casos salvo los más inaceptablemente graves”. En este caso “nadie ha impugnado con seriedad el hecho de que el fiscal suprimió la prueba simplemente porque no coincidía con su teoría del caso [...] Montgomery tiene derecho a un juicio con jurado en el que no haya una grave conducta indebida de la fiscalía”. Los jueces discrepantes añadieron que, “aparte del inverosímil testimonio de Heard, el caso contra Montgomery era totalmente circunstancial” y Montgomery “no tenía ningún móvil en absoluto”. También añadieron que “cabe preguntarse si, en caso de que la defensa hubiera conocido la existencia de pruebas afirmativamente exculpatorias, como la declaración de testigos que vieron a Ogle días después de la fecha en que la fiscalía afirma que fue asesinada —y quizá combinada con otras pruebas, como el informe del forense que manifiesta que Ogle murió el día en que fue vista, no días antes—, podría haberse obtenido un resultado diferente en este caso. Nunca lo sabremos, porque la fiscalía se aseguró de que no sucediera”.

Desde 1973 se han descubierto en Estados Unidos más de 160 condenas erróneas en casos de pena capital, 9 de ellas en Ohio. A estos errores han contribuido frecuentemente la conducta indebida de la policía y la fiscalía, y una actuación inadecuada de la defensa. En una opinión discrepante emitida en 2015, dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escribieron que “los delitos que se juzgan en los casos capitales” pueden ir “acompañados de una intensa presión de la comunidad sobre la policía, los fiscales y los jurados para que se dicte una condena. Esta presión aumenta la probabilidad de que se condene a la persona equivocada”. Estos jueces declararon que la frecuencia con la que se ha “impuesto erróneamente” la pena de muerte era “impresionante”, y era otra razón más por la que la Corte debía reconsiderar la constitucionalidad de la pena de muerte en sí.

En Estados Unidos han sido ejecutadas 1.469 personas desde que el país reanudó los homicidios judiciales en 1977 en virtud de las nuevas leyes de pena capital aprobadas por la Corte Suprema en 1976. Ohio ha sido responsable de 55 de estas ejecuciones. En lo que va de año ha habido cuatro ejecuciones en Estados Unidos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En la actualidad hay 142 países abolicionistas en la ley o en la práctica.

Índice: AMR 51/7973/2018