La estudiante Taibeh Abbasi, de 18 años, junto con su madre y dos hermanos, podría ser deportada desde Noruega a Afganistán en cualquier momento, tras la decisión del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2017 de desestimar el recurso de la familia contra la decisión de revocar su condición de refugiados. El 19 de febrero, el Consejo de Apelaciones sobre Inmigración rechazó su petición de anulación y ordenó a la familia abandonar Noruega como muy tarde el 11 de marzo.

Taibeh Abbasi nació en Irán de padres afganos pertenecientes a la minoría étnica hazara. La familia huyó de Afganistán en 1998, durante el régimen talibán. Debido a la discriminación en Irán, la familia de Taibeh Abbasi viajó a Noruega el verano de 2012. Desde entonces vive en Trondheim, en el centro de Noruega, donde Taibeh Abbasi y sus hermanos van a la escuela y se han integrado plenamente. Taibeh Abbasi y su familia recibieron la condición de refugiadas en Noruega en septiembre de 2012. Sin embargo, el 25 de marzo de 2014, la dirección de Inmigración revocó la condición de la familia afirmando que no había pruebas suficientes de un temor fundado a la persecución en Afganistán y que Kabul se consideraba un lugar seguro al que retornar. El recurso de la familia ante el Consejo de Apelaciones sobre Inmigración el 14 de octubre de 2017 fue desestimado, al igual que los posteriores presentados ante los tribunales noruegos. Las autoridades de migración noruegas sostienen que Kabul constituye una alternativa de protección interna para Taibeh Abbasi y su familia. Sin embargo, en cuanto a víctimas civiles, Kabul es en la actualidad la provincia más peligrosa de Afganistán. La situación de la seguridad en el país se está deteriorando y ninguna zona puede considerarse segura, pues diversos grupos combaten por el control del territorio. De ser deportadas, Taibeh Abbasi y su familia estarían expuestas a sufrir daños graves.

“En Kabul no hay futuro para mí ni para mis hermanos”, dice Taibeh Abbasi. “Estaremos expuestos a sufrir discriminación y a sentir físicamente lo que es ser una minoría vulnerable. Por ser mujer estoy especialmente expuesta. Será el fin de mi sueño de tener una educación y una profesión.”

Muchas personas afganas en Noruega corren el riesgo de ser devueltas a Afganistán, sumido en la guerra, a pesar de que estos retornos son ilegales según el derecho internacional. El principio internacional jurídicamente vinculante de no devolución (non-refoulement) prohíbe a los Estados europeos el traslado de personas a un lugar donde corran un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Devolver a personas al peligro y la persecución en Afganistán en medio de una escalada de violencia es una violación del derecho internacional.

Escriban inmediatamente en azerbaiyano, en inglés o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:

- Suspenda inmediatamente la deportación de Taibeh Abbasi y su familia a Afganistán;

- Suspenda todas las devoluciones a Afganistán hasta que puedan llevarse a cabo en condiciones de seguridad y dignidad.

Envíen llamamientos antes del 9 de abril de 2018 a: 

Afganistán está actualmente sumido en un conflicto armado no internacional entre lo que se conoce como “elementos antigubernamentales” y las fuerzas progubernamentales. Entre los elementos antigubernamentales figuran los talibanes y el grupo autodenominado Estado Islámico, aunque hay más de 20 grupos armados que actúan dentro del país. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) informó de que 2016 había sido el año más mortífero para la población civil, con 11.418 personas muertas o heridas. Según la ONU, la inseguridad y la violencia relacionadas con el conflicto ha infligido graves daños a la población civil, especialmente a las mujeres y niños y niñas.

El deterioro de la situación de la seguridad ha persistido en 2017. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de ese año, la UNAMA documentó 5.243 víctimas civiles. La mayoría fueron heridas por elementos antigubernamentales mediante dispositivos explosivos improvisados como bombas suicidas. En lo que se refiere a víctimas civiles, Kabul es la provincia más peligrosa de Afganistán, aunque la población corre peligro en todo el país. El conflicto es inestable y participan en él múltiples grupos que tratan constantemente de capturar o de recuperar territorio y cuyas acciones pueden ser impredecibles.

Además, muchas personas corren un riesgo especial de persecución en todo el país con independencia de si la zona está bajo el control efectivo de fuerzas progubernamentales o de elementos antigubernamentales. En las zonas bajo el control del gobierno, los agentes estatales perpetran habitualmente violaciones de derechos humanos. Los grupos armados progubernamentales son responsables de abusos como homicidios deliberados, asaltos, extorsiones y actos de intimidación. En las regiones que controlan elementos antigubernamentales, las violaciones de derechos humanos están muy extendidas e incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, y la negación de los derechos a la libertad de circulación y de expresión, a la participación política y al acceso a la educación, así como el derecho a la atención para la salud. Además, las dos partes en el conflicto cometen violaciones de derechos humanos en zonas fuera de su respectivo control.

Pero a pesar de que la violencia va en aumento, los países europeos siguen obligando a un número cada vez mayor de personas a volver a Afganistán, de ellas casi 10.000 en 2016. Noruega está entre los países europeos que más personas afganas devuelven. Según Eurostat, este país devolvió a 760 personas a Afganistán en 2016 y a 172 en la primera mitad de 2017. Amnistía Internacional ha documentado casos terribles de personas afganas que, tras su devolución desde países europeos, han resultado muertas o heridas en atentados con bombas, o viven con el miedo constante a sufrir persecución.

Para llevar a cabo estas devoluciones, Noruega, junto con otros gobiernos europeos, ha calificado arbitrariamente algunas zonas de Afganistán de “seguras”, basándose en la idea de una “alternativa de protección interna”. En otras palabras, las autoridades reconocen que la provincia de origen de la persona es peligrosa, pero espera que viva en otra zona del país. Noruega considera que Kabul puede constituir una alternativa de protección interna, a pesar de que esta provincia sigue siendo donde existe el mayor número de víctimas civiles y de que no existe ninguna alternativa de protección interna creíble como tal en Afganistán