Doyle Hamm, que tenía 29 años en el momento del delito, cumplió 61 el 14 de febrero de 2018, después de 30 años en el corredor de la muerte. Tiene las venas muy dañadas a causa del cáncer linfático que padece y del tratamiento que recibe para él, así como por su consumo previo de drogas por vía intravenosa. Su abogado alegó que su ejecución por inyección letal sería inconstitucional. El tribunal federal de primera instancia y la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito resolvieron que la ejecución podía llevarse a cabo siempre que el estado no tratara de acceder a las venas periféricas del preso en los brazos o las manos, después de que un médico independiente designado por el tribunal federal de primera instancia concluyera que ninguna de esas venas sería accesible. La Corte Suprema de Estados Unidos dictó una suspensión de la ejecución el 22 de febrero, pocas horas antes del momento en que debía llevarse a cabo. Hacia las nueve menos cuarto de la noche levantó la suspensión.

 

En torno a las once y media de la noche, el director de Asuntos Penitenciarios de Alabama anunció que se había cancelado la ejecución. Declaró que, tras más de dos horas de intentos, hacia las once y cuarto de la noche “el personal médico me informó de que, en su opinión, no creían que pudieran lograr un acceso adecuado a las venas antes de que expirara la orden de ejecución” a medianoche. En ese momento “tomamos la decisión de detener el procedimiento”. El director dijo que se había puesto en contacto con la gobernadora y que ésta se había mostrado “de acuerdo” con la decisión. El director añadió que "no calificaría necesariamente lo que ha sucedido esta noche como un problema”.

 

Posteriormente, el abogado de Doyle Hamm ha descrito lo que sucedió durante las dos horas y media que transcurrieron desde que la Corte Suprema levantó la ejecución y ésta se canceló. En un informe presentado en el tribunal federal de primera instancia el 23 de febrero, el abogado escribió que el equipo encargado de administrar la inyección letal había pasado mucho tiempo intentando “encontrar una vena en algún punto de las extremidades inferiores para obtener acceso a venas periféricas”. Al no encontrar venas periféricas accesibles, otro personal trató de obtener “acceso a venas centrales”, e intentó “múltiples veces” “insertar un catéter en la ingle derecha de Doyle Hamm, lo que le provocó un intenso dolor y una fuerte hemorragia”. El abogado ha declarado: “Esto fue algo más que justicia macabra y pena cruel e insólita. Fue tortura. Fue precisamente el tipo de tortura sobre el que los relatores de derechos humanos de la ONU habían advertido a la gobernadora de Alabama”. Esta última frase hace referencia a la intervención, el 19 de febrero, de dos relatores especiales (sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) que expresaron preocupación por la posibilidad de que “los intentos por insertar agujas en las venas del Sr. Hamm para administrar la inyección letal inflijan un dolor y sufrimiento que pueda constituir tortura”.

 

El 26 de febrero, la jueza del tribunal federal de primera instancia emitió una orden en la que fijaba una “conferencia de programación” para el 6 de marzo. La jueza añadió que “antes de la conferencia, las partes DEBATIRÁN la posibilidad de un acuerdo previo” [énfasis en el original]. El 27 de febrero, la fiscalía pidió que esta vista se trasladara a la semana del 12 de marzo.

 

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, con sus propias palabras:

 

- Expresando pesar por que la gobernadora permitió que la ejecución de Doyle Hamm se llevara a cabo el 22 de febrero, señalando con honda preocupación los hechos ocurridos aquella noche e instando a la gobernadora a conmutar ahora esta condena a muerte.

 

Envíen llamamientos antes del 11 de abril de 2018 a: 

 

Kay Ivey

Alabama State Capitol, 600 Dexter Avenue, Montgomery, Alabama 36130, EE. UU.

Fax: +1 334 353 0004

Correo-e.: http://governor.alabama.gov/contact (utilicen datos de Estados Unidos)

Tratamiento: Señora Gobernadora / Dear Governor

 

 

En su informe del 23 de febrero a la jueza del tribunal federal de primera instancia, el abogado de Doyle Hamm declaró que el equipo encargado de la ejecución había “insertado agujas múltiples veces en las piernas y tobillos izquierdos y derechos [de Hamm], forzando todas las veces las agujas para que entraran en sus extremidades inferiores”, incluso después de hacer que se tumbara boca abajo para buscar acceso en las venas de la parte posterior de las piernas. Tras acompañar a un médico a que examinara a Doyle Hamm en prisión el 25 de febrero, el abogado dijo que el equipo de ejecución parecía haber pinchado la vejiga del preso durante el intento de ejecución, y posiblemente le había “alcanzado también la arteria femoral”. El preso presentaba “múltiples heridas de pinchazos en los tobillos, la pantorrilla y la zona de la ingle derecha, en torno a una docena [...] Parece tener seis marcas de pinchazos en la ingle derecha, y un gran hematoma con hinchazón en la ingle [...] Durante la ejecución, Doyle estaba allí tumbado rezando y esperando que tuvieran éxito, por el dolor que estaba padeciendo, y se desmayó cuando lo levantaron de la camilla”.

 

El intento de ejecución vino precedido de un litigio para intentar detener la ejecución, pero cada acción fue recurrida por la fiscalía. El 13 de febrero, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, levantó la suspensión de la ejecución concedida a Doyle Hamm por la jueza del tribunal federal de primera instancia el 6 de febrero. La Corte del Undécimo Circuito ordenó a la jueza que “designe de inmediato un médico independiente”. El 15 de febrero, el tribunal federal de primera instancia cumplió esta orden y ordenó a su vez al médico que examinara a Doyle Hamm, “específicamente el estado de sus venas periféricas y centrales”. El médico concluyó que Doyle Hamm tenía venas periféricas accesibles (la safena mayor) en las piernas por debajo de las rodillas, ninguna en los brazos o las manos, y que las venas yugular y femoral (centrales) serían accesibles pero sólo bajo “guía ecográfica” y con la participación de “un médico de nivel avanzado”.

 

El 20 de febrero, la jueza del tribunal federal de primera instancia emitió su opinión. Señalando que el estado había estipulado que “no intentaría el acceso a venas periféricas en las extremidades superiores del Sr. Hamm”, la jueza resolvió que el preso tenía “acceso adecuado a venas periféricas y centrales para la inyección letal intravenosa de una gran cantidad de fluido. No puede demostrar factores médicos que hagan que el protocolo de inyección letal de Alabama, tal como se le aplicará, tiene más probabilidades de violar la Octava Enmienda [prohibición de las ‘penas crueles e insólitas’] que en el caso de cualquier otro preso ejecutado siguiendo ese protocolo”.

 

El 21 de febrero, la Corte del Undécimo Circuito ordenó a la fiscalía que proporcionara una o más declaraciones juradas de “alguien con conocimientos y autoridad” que afirmaran que se cumpliría la estipulación de no intentar el acceso a venas en los brazos o las manos de Doyle Hamm, y que indicaran “si habría presentes tecnología ecográfica y un ‘médico de nivel avanzado’” en la ejecución y si el estado era “capaz de insertar una vía intravenosa en la safena mayor de Hamm”. Esa tarde, la fiscalía presentó una respuesta en la que protestaba por la orden de la Corte del Undécimo Circuito, pero adjuntaba una declaración jurada firmada por el alcaide del Centro Penitenciario de Holman. El 22 de febrero, la Corte del Undécimo Circuito confirmó la resolución dictada el 20 de febrero por el tribunal federal de primera instancia: “Hamm tiene dos venas periféricas accesibles para una inyección letal, y sus venas centrales son igualmente accesibles para una inyección letal. Por último, se dan las condiciones necesarias para que las venas centrales sean accesibles en el caso de Hamm: disponibilidad de equipo ecográfico y de un médico de nivel avanzado”.

 

Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos levantó su suspensión temporal hacia las nueve menos cuarto de la noche del 22 de febrero, las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor discreparon, y señalaron que “la inserción de catéteres intravenosos en las venas centrales o de la pierna de Hamm” era un método de ejecución que, “aunque entra dentro de lo abarcado por el protocolo de ejecución del estado, nunca, según la información de que disponemos, se ha probado en Alabama”. El juez Stephen Breyer escribió una declaración aparte: “Este caso refleja las circunstancias especiales de intentar ejecutar a una persona que lleva 30 años en el corredor de la muerte y tiene cáncer. Tal como he escrito anteriormente, en lugar de crear una jurisprudencia constitucional que se centre en las circunstancias especiales de los ancianos, yo reconsideraría la constitucionalidad de la pena de muerte en sí misma”.

 

 

Índice: AMR 51/7972/2018