La represión violenta de la disidencia y una oleada de homicidios de activistas generan un retroceso en materia de derechos humanos en las Américas, pero la gente se niega a dejar de luchar por sus derechos

En toda América, la gente sufrió una crisis de derechos humanos cada vez más grave, que, fomentada por la creciente intolerancia de los gobiernos con la disidencia y el aumento de la demonización en la retórica política, afianzó la condición de la región como una de las más violentas y con mayor desigualdad del mundo. Así lo advierte Amnistía Internacional hoy, con motivo de la presentación de su evaluación anual de los derechos humanos.

No obstante, la organización ha visto que existe un creciente movimiento de resistencia, protagonizado por activistas tanto noveles como ya avezados, que permite en verdad abrigar la esperanza de invertir la tendencia a la opresión y el miedo.

En su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional evalúa el estado de los derechos humanos en 159 países durante 2017 y presenta un análisis especialmente exhaustivo de las condiciones en que se encuentran en la actualidad en el mundo.

“Desde la continuación de la violencia paramilitar en Colombia hasta la represión violenta ejercida en la calle en Venezuela, pasando por muchas otras violaciones graves de derechos cometidas en la mayoría de los países de la región, las Américas han sido escenario de un preocupante retroceso en materia de derechos humanos durante el último decenio”, señala Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

“La falta de medidas de los Estados para proteger los derechos humanos ha creado unas condiciones favorables para que otros agentes cometan aún más abusos, que ponen en peligro la vida de millones de personas. En toda la región se criminaliza defender los derechos humanos, y con frecuencia se reprime con violencia a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y comunidades marginadas por hablarle claro al poder.”

Con su abandono de los derechos humanos, quienes ejercen el liderazgo provocan movimientos de protesta

En el informe se ponen de relieve alarmantes tendencias de la situación de los derechos humanos en las Américas, entre ellas:

• Altos niveles de violencia que continuaron asolando la región, con oleadas de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. En México continuaban en paradero desconocido más de 34.000 personas, y las ejecuciones extrajudiciales eran muy comunes. Un año después del histórico acuerdo de paz de Colombia, la violencia seguía formando parte de la vida cotidiana, y, según cifras oficiales, sólo en 2017 fueron víctimas de desplazamiento forzoso como consecuencia del conflicto armado alrededor de 60.000 personas.
• Venezuela sigue sumida en una grave crisis de derechos humanos, fomentada por la intensificación de la violencia auspiciada por el Estado para responder al creciente descontento social generado por el aumento de la inflación y por una crisis humanitaria. Se detuvo arbitrariamente a miles de personas, y hubo numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos.
• América Latina y el Caribe seguían siendo la región más violenta del mundo para las mujeres y las niñas, a pesar de las estrictas leyes establecidas para abordar la crisis. La región tiene la tasa más alta del mundo de violencia contra las mujeres no infligida por la pareja, y la segunda tasa más alta de violencia infligida por la pareja.
• Constantes intimidaciones y agresiones contra líderes de comunidades, periodistas y activistas que defendían los derechos humanos. Los defensores y defensoras medioambientales figuraban entre los que corrían mayor riesgo. De los 188 homicidios de defensores y defensoras medioambientales cometidos en 2017, 110 tuvieron lugar en las Américas, según la ONG Front Line Defenders.
• Creciente discriminación de las comunidades rurales y los pueblos indígenas y negación de sus derechos, en especial del derecho a su territorio ancestral y al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos que los afectan. De Perú a Nicaragua, empresas nacionales y transnacionales intentaron hacerse con el control de las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, lo que afectaba a sus medios de vida y contaminaba sus recursos básicos.
• Una crisis de refugiados en gran medida invisible y que quedó rápidamente fuera de control, al negarse asilo urgente a centenares de miles de personas de algunos de los países más violentos del mundo, como El Salvador y Honduras.

No obstante, estas injusticias impulsaron a numerosas personas a sumarse a luchas que venían librándose desde hacía tiempo, y en el informe se detallan muchos logros importantes que el activismo por los derechos humanos contribuyó a conseguir. Entre ellos figuran el levantamiento en Chile de la prohibición total del aborto y la aprobación en México de una ley para ayudar a las familias de las víctimas de desaparición forzada —víctimas también ellas— a encontrar a sus seres queridos.

“El año pasado quedó probado que, por excluida que estuviese, la gente se negaba a renunciar a un futuro sin derechos humanos. El descontento social incipiente la impulsó a echarse a la calle, salir en defensa de sus derechos y exigir el fin de la represión, la marginación y la injusticia”, añade Erika Guevara Rosas.

Las Américas estuvieron en el centro de esta nueva oleada de activismo. El movimiento “Ni Una Menos” denunció la violencia contra las mujeres y las niñas en toda la región, mientras que en Argentina, México, Jamaica, Perú y muchos otros países, las sobrevivientes de violencia sexual y de género salieron a la calle para protestar contra la impunidad de estos delitos.

Las personas refugiadas y las que participan en protestas sufren las peores consecuencias de la violencia “normalizada”

El año pasado mataron a centenares de activistas al intentar las autoridades reprimir a la sociedad civil y amordazar los medios de comunicación, explica el informe. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento y agresiones en la mayoría de los países de la región sin que los Estados hicieran nada para protegerlos ni reconocieran la importancia de su labor.

La injusticia que representaba la cruel promesa del presidente Trump de construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México cobró aún más relieve con la constante crisis de refugiados de Centroamérica. Más de 50.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador buscaron asilo en otros países, y miles de ellas fueron luego aprehendidas en la frontera de Estados Unidos. México recibió un número sin precedente de solicitudes de asilo, pero se abstuvo reiteradamente de brindar protección a quienes la necesitaban, optando en cambio por obligar a las personas a regresar a situaciones sumamente peligrosas.

El número de personas que huían de Venezuela se disparó a medida que el país quedaba sumido en una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente, fomentada por la intensificación de la violencia auspiciada por el gobierno. Cuando la asfixiante falta de alimentos y material médico hizo estallar protestas, la contundente respuesta de la fuerzas de seguridad dio lugar a más de 120 muertes.

En vez de tratar de silenciar a la gente cuando alza la voz, los gobiernos deben atender realmente sus preocupaciones, afirma Amnistía Internacional.

“Estamos presenciando cómo se hace historia a medida que cada vez más gente se rebela y exige justicia. Si quienes ejercen el liderazgo no se percatan de lo que está llevando a la gente a protestar, será su ruina. La gente ha dejado sobradamente claro que quiere derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”, explica Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.