“Mientras prosigue el conflicto armado en Yemen, el juicio manifiestamente injusto de Asmaa al Omeissy y sus tres coacusados es parte del uso general y sistemático por los huzíes del poder judicial para saldar cuentas políticas”, dijo Rawya Rageh, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis

Una mujer y dos hombres fueron sometidos a desaparición forzada y a malos tratos, así como a un juicio manifiestamente injusto, y después fueron condenados a muerte por un tribunal de la capital yemení, Saná, controlada por los huzíes, por ayudar presuntamente a un país enemigo, según una investigación de Amnistía Internacional.

La organización afirma que este caso es el ejemplo más reciente de uso por los huzíes del poder judicial para saldar cuentas políticas en el contexto del conflicto armado en curso con la coalición dirigida por Arabia Saudí que apoya al gobierno de Yemen reconocido por la ONU.

El 30 de enero, el Tribunal Penal Especializado de Saná, alineado con los huzíes, que juzga casos de “terrorismo” y de “seguridad del Estado”, condenó a muerte a Asmaa al Omeissy, Saeed al Ruwaished y Ahmed Bawazeer. Un cuarto procesado, Matir al Omeissy, padre de Asmaa, fue condenado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de un cargo de “acto indecente” relacionado con el caso.

“Mientras prosigue el conflicto armado en Yemen, el juicio manifiestamente injusto de Asmaa al Omeissy y sus tres coacusados es parte del uso general y sistemático por los huzíes del poder judicial para saldar cuentas políticas”, dijo Rawya Rageh, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.

“El juicio se celebró después de toda una serie de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra.

“Inicialmente, los procesados fueron sometidos a desaparición forzada, aislados del mundo exterior y trasladados en secreto de un centro a otro. Estuvieron recluidos meses en la inmundicia, en detención previa al juicio; fueron extorsionados para sacarles dinero y sometidos a humillaciones y malos tratos físicos extremos continuos, y se les negaron derechos básicos como el acceso a un abogado y a recibir visitas de sus familias”.

“Una guerra psicológica” y una “prisión oculta”

Tres de los procesados procedían de la región meridional del país y estaban de visita cuando fueron detenidos en un control de seguridad de Saná en octubre de 2016. La situación empeoró cuando las autoridades empezaron a interrogarlos sobre la acusación de que el esposo de Asmaa al Omeissy estaba vinculado a Al Qaeda.

Dos de los procesados, que hablaron con Amnistía Internacional desde zonas de Yemen fuera del control huzí, dijeron que los sometieron a tortura y malos tratos en todos los centros donde estuvieron recluidos desde su detención, incluso cuando estuvieron bajo custodia del Departamento de Investigaciones Criminales (CID). Además, les negaron la posibilidad de contactar con otras personas durante un periodo de entre dos y tres meses.

Matir al Omeissy comparó los interrogatorios con una “guerra psicológica” en la que la policía “nos acusaba de todo tipo de cosas, de ser un grupo terrorista y una célula durmiente en la capital, Saná”.

Los tres hombres estuvieron recluidos casi ocho meses en una parte del CID conocida como al Makhfi, o “la prisión oculta”. Asmaa al Omeissy estuvo dos meses allí y luego la trasladaron a la Prisión Central.

A los familiares que buscaron a uno de los detenidos en varias prisiones, incluido el CID, les dijeron que no estaba allí. La familia de otro detenido, al no saber nada de él en tres meses, celebró un velatorio, creyendo que había muerto.

“Sólo Dios sabe el tormento al que nos han sometido”

Matir al Omeissy, de 50 años, padre de Asmaa al Omeissy, que estuvo recluido con ella en el CID, contó a Amnistía Internacional cómo los habían torturado: “Traían a los otros dos [Saeed al Ruwaished y Ahmed Bawazeer] a nuestra sala con los ojos vendados y esposados y les pegaban delante de nosotros, obligándonos a mirar. Les pegaban, pidiéndoles que confesaran, pues seguían negando haber cometido ninguna infracción. Nosotros [Asmaa y Matir al Omeissy] guardábamos silencio por miedo a que nos dispararan. “Sólo Dios sabe el tormento al que nos han sometido”.

Saeed al Ruwaished, de 34 años, dijo: “No nos dejaban dormir, nos pegaban continuamente. [...] Me interrogaban desde las 3 de la tarde hasta las 4 o 5 de la tarde del día siguiente. Esto duraba varios días seguidos. Cada interrogatorio incluía torturas y palizas. Preguntaban: ‘¿Estás con la coalición árabe? ¿Estás reclutando combatientes para la coalición? ¿Formas parte de una red de espionaje?’”

Saeed al Ruwaished contó a Amnistía Internacional que a él y a Ahmed Bawazeer los encadenaban de las muñecas y los colgaban del techo durante horas seguidas, a veces toda la noche. Les dieron patadas y puñetazos, incluso en los genitales, les golpearon con zapatos, los amenazaron con la violación y los insultaron. Amnistía Internacional ha visto informes médicos que confirman al menos una de las lesiones agudas derivadas de las palizas.

Asmaa al Omeissy también fue sometida a palizas que incluyeron puñetazos y golpes con un bastón a manos de una agente de policía, contó su padre a Amnistía Internacional.

Cuando se permitió que las familias de los procesados contactaran con ellos, les pidieron que enviaran dinero para cubrir sus gastos en prisión, incluida la comida. Sin embargo, los guardias penitenciarios y los intermediarios huzíes extorsionaron reiteradamente a los detenidos, quedándose con la mitad del dinero que enviaban las familias. Éstas no podían llevarles artículos como mantas y ropa. Uno de los procesados llevó ocho meses la misma ropa interior.

Ahmed Bawazeer contrajo una enfermedad grave del hígado a pesar de que estaba sano y en forma antes de su detención. Después de ocho meses, su familia pudo finalmente reunir el coraje para viajar desde el sur a visitarlo y pagó una pequeña fortuna por su tratamiento y medicación, incluido el automóvil que lo llevó al hospital, donde fue atendido rodeado de hasta seis guardias.

Ahmed Bawazeer y Matir al Omeissy, que también cayeron enfermos bajo custodia, salieron finalmente en libertad bajo fianza en junio de 2017 por motivos médicos. Ese mismo mes Saeed al Ruwaished pagó una cuantiosa fianza para obtener la libertad, y los tres hombres viajaron a zonas de Yemen fuera del control huzí.

El 30 de enero se dictó sentencia contra los tres hombres in absentia. Asmaa al Omeissy, que sigue bajo custodia, fue la única procesada presente en el juicio. La joven, que tiene 22 años y es madre de dos hijos, fue condenada también a 100 latigazos por un cargo de “acto indecente” por viajar en un automóvil con los procesados varones; la pena de 15 años impuesta a su padre es presuntamente por haberlo facilitado.

Un abogado ha presentado una solicitud de recurso en nombre de Asmaa al Omeissy.

“No es la primera vez que el Tribunal Penal Especializado de Yemen, que carece de las garantías necesarias de independencia y debido proceso, ha impuesto condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos. Nos oponemos sistemáticamente a la pena de muerte en todas las circunstancias por ser una pena inherentemente cruel”, dijo Rawya Rageh.

“Condenar a muerte a alguien después de unas actuaciones tan plagadas de irregularidades es una clara violación del derecho internacional. Estas condenas deben ser anuladas sin demora”.

A activistas y familiares les preocupan las condiciones de reclusión de Asmaa al Omeissy. La organización con sede en Ginebra SAM Organization for Rights and Liberties ha informado de que cientos de mujeres recluidas en cárceles huzíes son sometidas a torturas y humillaciones, incluidos trabajos forzados.

Información complementaria

Activistas y profesionales del derecho yemeníes dicen que creen que esta es la primera condena a muerte impuesta a una mujer en un caso de “seguridad del Estado”. Los cargos incluyen “ayudar a un país extranjero en estado de guerra con Yemen,” en referencia a Emiratos Árabes Unidos, parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí implicada en el conflicto.

Amnistía Internacional entrevistó a dos de los procesados, así como a abogados y defensores de los derechos humanos que siguen el caso. La organización también ha revisado documentación del juicio e informes médicos.

En enero, Hamid Haydara, miembro de la minoría bahaí de Yemen, fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Especializado de Saná tras un juicio manifiestamente injusto. Es un preso de conciencia a quien se ha juzgado por sus convicciones profundas y sus actividades pacíficas como miembro de la comunidad bahaí.

El grupo armado huzí controla grandes partes de Yemen desde finales de 2014. Junto con las fuerzas leales al difunto y depuesto presidente Alí Abdulá Salé y agencias de seguridad del Estado y de inteligencia, el grupo ha llevado a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias de quienes se oponen a él, así como desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos de personas detenidas. La represión huzí se intensificó tras el comienzo de la campaña de bombardeos aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí, en marzo de 2015.

Como gobierno de facto que controla la capital y otras partes del país y sus instituciones, los huzíes deben respetar los derechos humanos de las personas sometidas a su poder. Todas las partes de un conflicto, incluidos los grupos armados no estatales, deben respetar las normas del derecho internacional humanitario.