“El enjuiciamiento penal de Emir-Usein Kuku por cargos falsos e infundados de terrorismo debe terminar y Kuku debe ser puesto en libertad inmediata e incondicional”, declaró Maria Guryeva, responsable de medios de comunicación de Amnistía Internacional Ucrania

“Rusia debe cancelar los planes de juzgar al defensor de los derechos humanos tártaro de Crimea Emir-Usein Kuku en un tribunal militar, retirar todos los cargos de terrorismo formulados contra él y ponerlo en libertad de inmediato”, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del comienzo del juicio contra Kuku en Rostov del Don el 14 de febrero.

“El caso de Emir-Usein Kuku, acusado falsamente de pertenecer a una supuesta organización ‘terrorista’ en Crimea, ilustra la suerte de las personas tártaras de Crimea que se dedican al activismo en la península ocupada por Rusia. Encarcelado por cargos falsos de 'terrorismo', Kuku ya había sido detenido en varias ocasiones antes de su detención el 12 de febrero de 2016 y su domicilio ha sido registrado reiteradas veces. Agentes del servicio secreto ruso hostigaron e intimidaron a su esposa y a su hijo de nueve años cuando Kuku ya estaba en prisión”, ha dicho Maria Guryeva, responsable de medios de comunicación de Amnistía Internacional Ucrania.

“El enjuiciamiento penal de Emir-Usein Kuku por cargos falsos e infundados de terrorismo debe terminar y Kuku debe ser puesto en libertad inmediata e incondicional”.

Información complementaria

Emir-Usein Kuku, activista y defensor de los derechos humanos tártaro de Crimea, fue aprehendido en su domicilio en Koreiz, Crimea, el 11 de febrero de 2016 y detenido formalmente al día siguiente por los cargos de “participar en las actividades de una organización terrorista” e “intento de tomar por la fuerza el poder”. Lo acusaron de ser miembro de Hizb ut Tahrir, movimiento islamista que está prohibido como grupo “terrorista” en Rusia, pero no es ilegal en Ucrania. Kuku niega toda vinculación con este movimiento. Emir Usein Kuku es sólo uno de los numerosos activistas tártaros de Crimea que han sido detenidos o se han visto obligados a marcharse del país tras la ocupación de la península por Rusia en 2014, a la que se opone gran parte de la minoría tártara crimea.

Además, Amnistía Internacional considera que los tribunales militares deberían tener jurisdicción únicamente sobre las causas penales contra personal militar por infracciones de la disciplina militar y no deberían juzgar a civiles debido a la propia naturaleza de estos tribunales y a la preocupación que suscitan su independencia y su imparcialidad.