Miércoles, 14 de febrero, 2018
El defensor palestino de los derechos humanos Munther Amira va a ser sometido a juicio ante un tribunal militar israelí por participar pacíficamente en protestas. Podría ser condenado a prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Está previsto que el juicio comience el 21 de enero
Munther Amira fue detenido por soldados israelíes el 27 de diciembre de 2017, cuando participaba pacíficamente en una protesta organizada por activistas y vecinos de la ciudad palestina de Belén, en el territorio ocupado de Cisjordania, para pedir la libertad de los activistas Ahed y Nariman Tamimi. El 16 de enero, el Tribunal Militar israelí de Ofer, Cisjordania, ordenó dejarlo en libertad con fianza, pero se aplazó la ejecución de la orden 72 horas a fin de que el fiscal militar pudiera apelar contra ella. El 18 de enero se presentó el recurso de apelación, y el 1 de febrero fue admitido por un juez del Tribunal Militar de Apelaciones y se decidió que Munther Amira permaneciera bajo custodia hasta el final del juicio.
El mismo día de su detención, el tribunal militar presentó contra él 13 cargos, relacionados con su participación en cinco manifestaciones distintas. Formulados en aplicación de la Orden Militar 101 israelí, algunos de los cargos, como “participar en una marcha sin permiso”, no son delitos reconocibles según las normas internacionales. Munther Amira ha sido acusado además de arrojar objetos contra personas y bienes y arrojar piedras contra agentes de la Policía de Fronteras, cargos relacionados con una manifestación celebrada el 22 de diciembre de 2017 para protestar por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel. Estos cargos se basan en los testimonios de dos agentes de la Policía de Fronteras israelí que aseguran que vieron a Munther Amira arrojar a las fuerzas israelíes un proyectil de gas lacrimógeno que éstas habían lanzado contra los manifestantes. Sin embargo, unas imágenes de vídeo y los testimonios de testigos que asistieron a la protesta contradicen la afirmación de los agentes e indican que Munther Amira no hizo más que intentar apartar de sí el bote de gas con una pancarta que sostenía pacíficamente delante de los soldados israelíes. El examen del acta de acusación, los testimonios de los testigos y las pruebas de cargo indica que Munther Amira ha sido detenido y procesado si más motivo que protestar pacíficamente contra la ocupación israelí.
Escriban inmediatamente en inglés, en hebreo, en árabe o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades israelíes que pongan a Munther Amira en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho humano a la libertad de expresión y de reunión pacífica;
- pidiéndoles que retiren de inmediato todos los cargos contra él;
- pidiéndoles que revoquen la Orden Militar 101 y respeten plenamente el derecho de la población palestina del territorio ocupado de Cisjordania a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Envíen llamamientos antes del 22 de marzo de 2018 a:
Primer Ministro
Benjamin Netanyahu
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, PO Box 187
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950, Israel
Correo-e: pm_eng@pmo.gov.il
Tratamiento: Señor Primer Ministro / Dear Prime Minister
Comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel en Cisjordania
Major-General Roni Numa GOC Central Command
Military Post 02367, Battalion 877 Israel Defence Forces, Israel
Fax: +972 2 530 5741, +972 2 530 5724
Tratamiento: General Roni Numa / Dear Major-General Roni Numa
Y copias a:
Ministro de Defensa
Avigdor Lieberman
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya Tel Aviv 61909, Israel
Correo-e: minister@mod.gov.il pniot@mod.gov.il
Fax: +972 3 691 6940
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Información complementaria
Munther Amira, defensor de los derechos humanos y activista palestino de 48 años, es en la actualidad el coordinador del Comité de Coordinación de la Lucha Popular, grupo que se describe a sí mismo como movimiento de resistencia basado en la comunidad y que cree en el poder de la lucha popular por diversas formas, como huelgas, protestas pacíficas y campañas legales. El Comité presta también asistencia jurídica y apoyo de comunicación y promoción a activistas y fomenta el surgimiento de nuevos comités e iniciativas en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).
Munther Amira es un refugiado palestino del pueblo de Deir Aban, situado en las laderas del sur de Jerusalén. Vive en el campo de refugiados de Aida, cerca de Belén, donde es trabajador social y director del Centro Comunitario Juvenil de Aida. Según el Comité de Coordinación de la Lucha Popular, Munther Amira presta apoyo a campesinos palestinos afectados por los asentamientos israelíes mediante actividades de campaña y promoción y promueve los productos palestinos locales. Munther Amira se esfuerza por utilizar una plataforma de no violencia en su lucha popular y periódicamente organiza protestas pacíficas contra las acciones israelíes en la ciudad de Belén. Tras su detención se presentaron contra él 13 cargos, relacionados con cinco manifestaciones distintas organizadas cerca del puesto de control de la Tumba de Raquel de Belén. La mayoría de estos cargos se formularon en aplicación de la Orden Militar 101 israelí, que sanciona a la población palestina por la expresión política pacífica. Los cargos que figuran en el acta de acusación son: delito contra el orden público, por haber participado en manifestaciones y “marchas sin permiso” que tuvieron lugar el 1 de noviembre y el 13, 22, 23 y 27 de diciembre de 2017, poner obstáculos a un soldado el 27 de diciembre de 2017 y lanzar un objeto incendiario y piedras contra soldados israelíes el 22 de diciembre de 2017. Todos los cargos del acta de acusación se deben estrictamente a que Munther Amira participara y dirigiera marchas, excepto en el caso de la del 22 de diciembre de 2017.
El cargo de arrogar piedras está basado en el testimonio de sólo uno de los agentes anteriormente mencionados. Según el abogado de Munther Amira, el segundo agente ha negado expresamente, en cambio, haber visto a éste arrojar piedras. El abogado ha dicho también que el fiscal no ha presentado ninguna prueba material que respalde el testimonio del agente. Además, la acusación de que Munther Amira arrojó un objeto incendiario contra la Policía de Fronteras israelí está basada en declaraciones de dos agentes de ella. Según el Comité de Coordinación de la Lucha Popular, ambos mencionan en sus declaraciones que conocían a Munther Amira de actos anteriores y afirman haberlo visto concretamente levantar el proyectil del suelo con la mano y arrojarlo de nuevo hacia las fuerzas israelíes. Sin embargo,el fiscal presentó como prueba una imagen descargada de Facebook, lo que carece de cadena de custodia y es, por tanto, inadmisible en los tribunales. Además, las imágenes de vídeo de la manifestación del 22 de diciembre de 2017 (https://www.facebook.com/MohammadAazza/videos/1632948863428537/) parecen mostrar a Munther Amira apartando de sí con una pancarta un bote de gas lacrimógeno. Según cuatro testigos que asistieron también a la protesta del 22 de diciembre, Munther Amira se estaba manifestando pacíficamente. Han indicado que no arrojó piedras y que se limitó a intentar apartar el proyectil de gas lacrimógeno con la pancarta que llevaba.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de los TPO llevan mucho tiempo siendo objeto de campañas israelíes de difamación y hostigamiento dirigidas a deslegitimar su lucha. Según el Comité de Coordinación de la Lucha Popular, las fuerzas israelíes habían estado presionando a Munther Amira para que abandonara su activismo y habían amenazado con causarle daño y detenerlo tres meses antes de su detención. El Comité cree que la detención de Munther Amira tiene por objeto silenciar las voces activas de la lucha popular no violenta por los derechos de la población palestina.
La Orden Militar 101 israelí regula el derecho de la población palestina de Cisjordania a manifestarse y a expresarse libremente. Prohíbe toda reunión de 10 o más personas “con fines políticos o sobre cualquier asunto que pudiera interpretarse como político” si no es con autorización previa del mando militar israelí del la zona. Cualquier persona que infrinja la Orden puede ser condenada hasta a 10 años de encarcelamiento, al pago de una cuantiosa multa o ambas cosas.