Un hombre que formó parte del jurado que juzgó a Raymond Tibbetts escribió el 30 de enero de 2018 una carta detallada al gobernador John Kasich tras examinar las circunstancias atenuantes que se habían presentado a la junta de libertad condicional pero no al jurado. Este miembro del jurado expresó su “honda preocupación por el juicio” a la luz de esta información, y concluyó que “basándome en lo que sé hoy, no habría recomendado la pena de muerte”

Raymond Tibbetts fue condenado a muerte en 1998 por el asesinato de Fred Hicks, cometido en 1997. La condena se mantuvo a lo largo del proceso de apelación a pesar de que una jueza federal describió en 2011 “la falta de preparación básica” por parte del abogado defensor sobre las circunstancias atenuantes respecto a la traumática infancia del acusado. Los datos presentados en la apelación, escribió la jueza, “revelaban un entorno mucho más caótico y agresivo” tanto en el hogar parental del acusado como en sus hogares de acogida que el que se había presentado a los miembros del jurado. Esos datos “estremecedores” y “totalmente perturbadores” habrían dado al jurado motivos “convincentes” para votar en favor de una cadena perpetua, escribió la jueza. Pese a ello, en enero de 2017 la junta de libertad condicional de Ohio recomendó, por 11 votos contra uno, que el gobernador denegara la clemencia. La mayoría reconoció la “traumática” infancia de Raymond Tibbetts, pero decidió que no podía “decir, con un grado razonable de certeza, que el resultado del juicio habría sido diferente si los abogados defensores hubieran presentado esas circunstancias atenuantes en la manera sugerida por sus abogados actuales”.

Un hombre que formó parte del jurado que juzgó a Raymond Tibbetts escribió el 30 de enero de 2018 una carta detallada al gobernador John Kasich tras examinar las circunstancias atenuantes que se habían presentado a la junta de libertad condicional pero no al jurado. Este miembro del jurado expresó su “honda preocupación por el juicio” a la luz de esta información, y concluyó que “basándome en lo que sé hoy, no habría recomendado la pena de muerte”. En Ohio, para imponer la pena capital el jurado debe ser unánime en su decisión.

El ex miembro del jurado escribió: “Gobernador, si vamos a tener un proceso judicial que puede enviar a delincuentes a la muerte y que incluye una fase especial de presentación de circunstancias atenuantes, ¿no debemos hacerlo bien?”. También escribió que “no se trata de mi conciencia, más allá de tener la oportunidad de explicar que creo que en este caso el proceso judicial no ha funcionado”. Instó al gobernador a conmutar la condena a muerte. Entre sus motivos estaban “las condiciones realmente espantosas, subestimadas en el juicio, de toda la infancia de Tibbets [sic]”, “la falta de preparación, si no directamente negligencia, por parte de la defensa en la fase de determinación de la pena” y “la aparente ineptitud del equipo de la defensa al no llamar a testificar a la hermana de Tibbets”. El miembro del jurado sugirió también que la escasez de argumentos atenuantes había permitido a la fiscalía “desmantelarlos”. En su opinión discrepante de 2011, la jueza federal de apelación había señalado que los abusos no sólo se habían mencionado de manera “vaga y de pasada” en el juicio, sino que “es importante recordar que una de las tácticas de la fiscalía durante la fase de determinación de la pena fue rebatir la legitimidad de la mención, por parte de la defensa, de los abusos infantiles, por mínima que fuera”.

El 8 de febrero, el gobernador John Kasich escribió a la presidencia de la junta de libertad condicional de Ohio para pedir que la junta convocara una nueva vista para revisar el caso “a la luz de esta nueva información”. Para “facilitar este proceso”, el gobernador dijo que había dictado una suspensión de ocho meses. La orden de suspensión sostiene que la condena a muerte se ejecutará ahora el 17 de octubre de 2018, a las 10 de la mañana, “a menos que se conceda una nueva suspensión o se otorgue clemencia”.

El equipo de la defensa de Raymond Tibbetts ha expresado su gratitud por “el crucial apoyo de la población de Ohio a Stop Executions, Amnistía Internacional y otras organizaciones de base que movilizaron su sólida red para ponerse en contacto con el gobernador de Ohio en favor de Ray”.