La noche del 24 de enero de 1987, Patrick Cunningham murió por arma de fuego durante un robo en el motel de Cullman, Alabama, en el que trabajaba como recepcionista. Tras el tiroteo, un hombre y una mujer a quienes se interceptó en un automóvil que había sido visto anteriormente en el motel dijeron a la policía local que Doyle Hamm los había secuestrado. Posteriormente admitieron ser cómplices de Hamm y aseguraron que había sido éste quien había disparado a la víctima. En el juicio de Doyle Hamm en 1987, los dos testificaron para la acusación a cambio de declararse culpables de delitos más leves, no punibles con la pena capital, por los que recibieron penas de prisión. Doyle Hamm fue declarado culpable de asesinato punible con la pena capital. Después de una fase de determinación de la pena que duró sólo un día y en la que el abogado de Hamm presentó únicamente 19 minutos de testimonio (de dos testigos), y no presentó a ningún experto en salud mental ni ninguna de las pruebas de daño cerebral que se descubrirían en la apelación, el jurado votó, por 11 votos contra uno, a favor de la pena de muerte.

El juez celebró una vista para dictar la pena el 9 de noviembre de 1987. El juez declaró que Doyle Hamm era uno de los 10 hijos nacidos de un padre que era “alcohólico y había pasado tiempo en prisión”, y que “trató de inculcar en sus hijos la idea de que, si no robaban, no eran un Hamm”. También declaró que los siete hermanos de Doyle Hamm habían cumplido o estaban cumpliendo penas de prisión, lo que era en sí un indicio de la “terrible influencia” que la conducta “irresponsable y deplorable” de su padre había tenido en sus vidas, y que “decididamente había tenido una influencia negativa” en Doyle Hamm. A continuación, el juez aceptó la recomendación del jurado de que se impusiera la pena de muerte.

Doyle Hamm tenía 29 años en el momento del delito. Cumplirá 61 el 14 de febrero de 2018. En 2014, los médicos le detectaron un tumor tras el ojo izquierdo y le diagnosticaron cáncer linfático. Lo trataron con radiación y medicación. A consecuencia del cáncer y el tratamiento, y de su consumo intravenoso de drogas previo, las venas de Hamm están “gravemente comprometidas”, y su abogado alega que la inyección letal le causaría un dolor severo e innecesario y sería inconstitucional.

El 6 de febrero de 2018, una jueza federal de primera instancia concluyó que el abogado había “demostrado una probabilidad sustancial de tener éxito respecto al fundamento” de la alegación constitucional, y emitió una orden de suspensión de la ejecución programada para el 22 de febrero. Esta suspensión es para permitir a la jueza designar un experto médico independiente que examine a Doyle Hamm y emita su opinión sobre la situación actual de su linfoma, el número y la calidad de las venas “periféricas” accesibles (en los brazos, manos, piernas o pies) y, si no hay ninguna vena de esas características, si el aumento de tamaño de los nódulos linfáticos afectaría a los esfuerzos por insertar una “vía central” en la vena yugular (cuello), la subclavia (cerca de la clavícula) o la femoral (ingle). La acusación había instado a la jueza a desestimar de forma sumaria la alegación. El 7 de febrero, la fiscalía notificó su recurso a la Corte de Apelaciones para que se levante la suspensión de la ejecución. El 6 de febrero se presentó una petición de clemencia a la gobernadora.

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, con sus propias palabras:

- pidiendo a la gobernadora que conmute la condena a muerte de Doyle Hamm, independientemente de si se mantiene la suspensión de la ejecución concedida por el tribunal federal de primera instancia a causa de la grave enfermedad que sufre el preso;

- expresando preocupación por la brevedad de la fase procesal de presentación de circunstancias atenuantes, que dejó al jurado sin una imagen completa de a quién les estaban pidiendo que condenaran, y por el impacto que esto tuvo en el acusado.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE FEBRERO DE 2018 A:

Información complementaria

Mantener la pena de muerte es mantener el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. La crueldad no se limita a la cámara de ejecución. En 1890, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció la “horrible” incertidumbre que un preso condenado a muerte tenía que soportar mientras aguardaba la ejecución. En aquella sentencia, señaló un juez en 2015, la Corte “describía una demora de tan sólo cuatro semanas” desde la condena hasta la ejecución, mientras que hoy “debemos describir demoras medidas, no en semanas, sino en decenios”. Doyle Hamm ha permanecido en esta situación de condenado durante 30 años: más de 11.000 días y noches de “horrible” incertidumbre. Su abogado afirma que, pese a su situación, Doyle Hamm ha logrado un “progreso extraordinario y un éxito en su rehabilitación”.

 

En su resolución del 6 de febrero de 2018, en la que suspendía la ejecución, la presidenta del tribunal federal de primera instancia del distrito norte de Alabama, Karon O. Bowdre, escribió que “nadie pone en duda” que Doyle Hamm tiene “un largo y complicado historial médico” o que sus antecedentes de consumo de drogas intravenoso “complican la accesibilidad de sus venas periféricas”. La jueza concluyó que “existe una controversia real de hechos materiales sobre si el Sr. Hamm tiene acceso adecuado a venas periféricas que permitan [al estado] ejecutarlo sin recurrir a una vía central. Y existe una controversia real de hechos materiales sobre si el Sr. Hamm tiene linfadenopatía [aumento del tamaño de los nódulos linfáticos] en zonas del cuerpo que haría sumamente peligrosa la inserción de una vía central [...] Si su enfermedad es como él afirma, entonces su ejecución sería innecesariamente dolorosa y peligrosa”.

 

El abogado actual de Doyle Hamm lleva representándolo los últimos 28 años. En la petición de clemencia que acaba de presentarse a la gobernadora, el abogado señala: “Doyle Hamm se enfrenta actualmente a dos condenas a muerte: una, a manos del estado de Alabama; la otra, muy pronto, a manos de su cáncer”. El abogado describe a su cliente como “extremadamente frágil” y con un “dolor considerable” para el que ha estado tomando “fuerte medicación analgésica”. Hamm está “casi en su lecho de muerte”, e intentar ejecutarlo “es sencillamente un afán macabro”.

 

Hace 27 años, en 1991, el abogado de Doyle Hamm presentó una apelación contra la sentencia condenatoria basada en la “Regla 32” de las Reglas de Procedimiento Penal de Alabama. Tras una vista celebrada en 1999, el tribunal rechazó la apelación. La orden del juez fue una adopción literal de la “Propuesta de Memorando de Opinión” presentada por la fiscalía al tribunal el día laborable anterior. Durante la argumentación oral en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, en 2014, uno de los tres jueces dijo al abogado del estado: “¿no resulta un poco extraño que el juez que decide sobre la Regla 32 de Alabama tome las observaciones y conclusiones propuestas por la fiscalía, de 89 páginas en total, y las presente como la opinión del propio juez al día siguiente de recibirlas, sin eliminar siquiera la palabra ‘propuesta’? Eso no genera mucha confianza en el sistema de justicia estatal de Alabama, ¿verdad? [...] Deje que le diga una cosa: no me creo ni por un segundo que el juez examinara las 89 páginas en un día y luego las presentara como su opinión. Como si hubiera examinado todo, las notas, la transcripción, las pruebas, todas esas cosas. ¡Es imposible! Es imposible”. El juez del Undécimo Circuito señaló a continuación el grado de deferencia que los jueces federales deben otorgar a las decisiones de los tribunales estatales en virtud de la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz, de 1996, y añadió: “Deje que se lo diga: me saca de quicio”. La sala de tres jueces confirmó la condena a muerte en 2015, y al hacerlo “critic[ó] enérgicamente la práctica de los tribunales de primera instancia de adoptar integralmente y sin crítica las propuestas de órdenes u opiniones presentadas por una parte predominante”. No obstante, esta “enérgica” crítica no fue más que una condena vacía, reducida a una nota al pie, mientras la sala subrayaba que “el atajo procesal [del juez de primera instancia] no afecta a nuestra disposición sobre la petición federal de hábeas corpus de Hamm”. Respecto a la cuestión de la actuación del abogado en la fase de determinación de la pena de 1987, la sala reconoció “el entorno de terribles abusos en el que creció Hamm” pero decidió que el jurado había recibido información suficiente, pese a la brevedad de la presentación de circunstancias atenuantes.

 

Alabama es responsable de 61 de las 1.468 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que la Corte Suprema del país aprobó nuevas leyes para la aplicación de la pena capital en 1976. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, con independencia del delito o del método de ejecución elegido.

 

Nombre: Doyle Hamm

Sexo: Hombre 

AU: 29/18 Índice: AMR 51/7848/2018 Fecha de emisión: 7 de febrero de 2018

 

Foto: ShutterStock/sakhorn