Martes, 06 de febrero, 2018
Ramin Hossein Panahi, preso kurdo iraní, está en huelga de hambre desde el 27 de enero como protesta por haber sido condenado a muerte en un juicio manifiestamente injusto a que fue sometido tras cuatro meses de desaparición forzada. Ha sido recluido en régimen de aislamiento como represalia. Su sentencia y condena violan el derecho internacional y deben anularse
Ramin Hossein Panahi, miembro de 22 años de la minoría kurda de Irán, se declaró en huelga de hambre el 27 de enero al saber que había sido condenado a muerte por su pertenencia al grupo armado kurdo de oposición Komala. El 31 de enero, un funcionario del Ministerio de Inteligencia fue a verlo a la prisión y le dijo que le conmutarían la condena de muerte por cadena perpetua si accedía a hacer “confesiones” televisadas y calificar en ellas a los grupos kurdos de oposición de “terroristas”. Parece que, como se negó, el funcionario se enfureció y le dijo que iba a pagar su “testarudez” con la vida. Ramin Hossein Panahi fue recluido entonces en régimen de aislamiento, y continúa así. Se teme por su salud, pues padece persistentes dolores de cabeza y una infección renal, posiblemente como consecuencia de torturas. Tras su detención, el 23 de junio de 2017, estuvo cuatro meses sometido a desaparición forzada. Afirma que durante ese tiempo y a lo largo de dos meses más de reclusión en régimen de aislamiento, funcionarios del Ministerio de Inteligencia y de la Guardia Revolucionaria lo sometieron de manera reiterada a torturas como azotarlo con cables, propinarle patadas y puñetazos en el estómago y golpearle la cabeza contra la pared. También le negaron deliberadamente la atención médica que necesitaba por heridas de bala que había sufrido en el momento de su detención.
Su juicio, que tuvo lugar el 16 de enero, fue manifiestamente injusto y duró menos de una hora. Su familia dijo a Amnistía Internacional que había comparecido ante el Tribunal Revolucionario de Sanandaj con marcas obvias de tortura en el cuerpo, a pesar de lo cual el tribunal no ordenó una investigación. Según su abogado, el tribunal lo condenó a muerte tras declararlo culpable de “tomar las armas contra el Estado” (baqi) por su pertenencia a Komala, pero sin que hubiera ninguna prueba concreta que lo vinculara con actos en los que se hubiera cometido homicidio intencional, que es la condición necesaria, según el derecho internacional, para imponer la pena de muerte. Desde su detención hasta su juicio sólo se le permitió una breve reunión con su abogado, que tuvo lugar en presencia de funcionarios del servicio de inteligencia. Se violó por ello el derecho a consultar con el propio abogado confidencialmente. Las autoridades judiciales se negaron también a desvelar a su abogado y a él los detalles de las pruebas en su contra antes de la vista. Su abogado piensa recurrir la condena.
Escriban inmediatamente en inglés, en persa o en su propio idioma, instando a las autoridades iraníes a:
- Garantizar que se anulan la sentencia y la condena de muerte de Ramin Hossein Panahi y se lo deja en libertad si no hay pruebas suficientes, no obtenidas por medio de tortura u otros malos tratos, para imputarle un delito común reconocible y someterlo a un juicio justo y sin recurrir a la pena de muerte;
- Dejar de utilizar la negación de atención médica como medida punitiva y garantizar que Ramin Hossein Panahi tiene de inmediato acceso a servicios médicos adecuados fuera de la prisión;
- Ordenar que se realice con prontitud una investigación independiente e imparcial sobre su reclusión prolongada en régimen de aislamiento y sus denuncias de tortura y otros malos tratos y que se lleve ante la justicia a los responsables, incluidos quienes lo sean como superiores, para que sean sometidos a un juicio justo y en el que no se recurra a la pena de muerte.
Envíen llamamientos antes del 19 de marzo de 2018 a:
Consejo Superior de Derechos Humanos
Mohammad Javad Larijani
Esfaniar Boulevard, Niayesh Intersection
Vali Asr Street, Tehran, Irán
Director de la prisión central Sanandaj
Aziz Heidary
Ershad Street
Sanandaj, Kurdistan Province, Irán
Adjunto para derechos humanos y asuntos internacionales del Ministerio de Justicia
Mahmoud Abbasi
Number 1638, Below Vali Asr Square Vali Asr Avenue, Tehran, Irán
Correo-e: dr.abbasi@sbmu.ac.ir
Ramin Hossein Panahi estuvo recluido en régimen de aislamiento en centros de detención de la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Inteligencia desde su detención, el 23 de junio de 2017, hasta el 9 de enero de 2018, cuando lo trasladaron a la prisión central de Sanandaj. Amnistía Internacional no conoce bien las circunstancias de su detención. Komala hizo al principio una declaración en la que señalaba que él y otros tres de sus miembros habían tenido un enfrentamiento armado con la Guardia Revolucionaria en el barrio de Shalman de Sanandaj. Komala es un grupo armado kurdo de oposición, que lleva a cabo actividades armadas contra la República Islámica de Irán desde la década de 1980. El tiroteo comenzó al parecer en un puesto de control de la Guardia Revolucionaria, al ser identificados los cuatro hombres y no detener su automóvil cuando les dieron el alto. Durante el enfrentamiento, Ramin Hossein Panahi resultó herido de gravedad, y los otros tres hombres —Sabah Hossein Panahi, Hamed Seyf Panahi y Behzad Nouri— murieron. No obstante, Ramin Hossein Panahi y su abogado afirman que sólo efectuó disparos la Guardia Revolucionaria. Esta afirmación está respaldada por información publicada el 17 de julio de 2017 por un medio de comunicación iraní afín al Ministerio de Inteligencia, Akam News, según la cual la Guardia Revolucionaria tendió una emboscada a los cuatro hombres y disparó contra ellos sin que pudieran efectuar a su vez ningún disparo. En una declaración oficial de la Guardia Revolucionaria del 23 de junio de 2017 tampoco se mencionaron víctimas.
Los ancianos padres de Ramin Hossein Panahi aseguran que, durante los cuatro meses que pasó sometido a desaparición forzada tras su detención, hicieron enormes esfuerzos para localizarlo y visitaron diversas oficinas del gobierno en Sanandaj y Qorveh, así como el pueblo de Dehgolan, todo ello en la provincia de Kurdistán, pero que los funcionarios se negaron a desvelar su suerte y su paradero. En vez de informarlos, los funcionarios los amenazaron e insultaron y tacharon a su hijo de “terrorista” Tras atormentar a su familia durante más de cuatro meses, el 31 de octubre de 2017 el Ministerio de Inteligencia contactó en Sanandaj con la madre de Ramin Hossein Panahi y le dijo que fuera a la terminal de autobuses de la ciudad, lo que hizo de inmediato. Allí, unos funcionarios del Ministerio de Inteligencia la llevaron en un vehículo a un lugar desconocido donde vio a su hijo. La mujer ha afirmado que al principio los funcionarios quisieron hacer fotografías y vídeos del encuentro, pero que retiraron las cámaras porque Ramin Hossein Panahi se negó.
Horas después de la detención de Ramin Hossein Panahi el 23 de junio de 2017, la Guardia Revolucionaria asaltó la vivienda de sus padres, en el pueblo de Qeruchay, cerca de Sanandaj, y detuvo a su hermano, Afshin Hossein Panahi. El 24 de junio irrumpió de nuevo en la casa y detuvo a otros tres miembros de la familia: Ahmad Hossein Panahi (cuñado de los hermanos), Zobeyr Hossein Panahi (pariente lejano) y Anvar Hossein Panahi (primo). La información recibida por Amnistía Internacional indica que ninguno de estos hombres tuvo nada que ver con el enfrentamiento armado, sino que la Guardia Revolucionaria los detuvo al parecer a modo de represalia y para crear un clima de temor. En octubre de 2017, Afshin Hossein Panahi fue condenado a ocho años y medio de prisión, pena que se halla cumpliendo en la actualidad en la prisión central de Sanandaj. Ahmad Hossein Panahi y Zobeyr Hossein Panahi fueron condenados a cinco y seis años, respectivamente. Los tres fueron declarados culpables de cargos contra la seguridad nacional relacionados con su relación con Komala.
El derecho internacional limita la aplicación de la pena de muerte a “los más graves delitos”, lo que los órganos internacionales consideran que está limitado al “homicidio intencional”. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es vinculante para Irán por ser Estado Parte en él, todas las personas llevadas ante los tribunales tienen derecho a un juicio justo. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, el derecho internacional de los derechos humanos dispone de manera expresa que, en los casos de pena capital, los procedimientos deben cumplir escrupulosamente todas las normas internacionales pertinentes que protegen el derecho a un juicio justo, sin importar la gravedad del delito. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada y el método utilizado por el Estado para matarla, por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
Índice: MDE 13/7827/2018