Martes, 06 de febrero, 2018
La defensora de los derechos humanos Hanan Badr el-Din, que se halla en prisión por cargos falsos presentados contra ella por denunciar las desapariciones forzadas en Egipto, está privada de la atención médica que necesita. Padece un trastorno genético y su estado de salud se deteriora rápidamente. Es presa de conciencia y debe ser excarcelada de inmediato
Hanan Badr el-Din, defensora de los derechos humanos encarcelada y que padece fiebre mediterránea familiar —trastorno genético que causa fiebre e inflamación dolorosa del abdomen, los pulmones y las articulaciones— está privada en la actualidad de la atención médica que necesita, lo que puede constituir tortura u otros malos tratos. Su salud se está deteriorando rápidamente y corre riesgo de insuficiencia renal por negársele la atención médica necesaria.
Hanan Badr el-Din ha recibido su medicación regularmente por medio de su familia hasta hace unas semanas. Sin embargo, las autoridades de la prisión han dicho a la familia que sólo admitirán prescripciones o diagnósticos de hospitales públicos. La familia ha explicado a Amnistía Internacional que los hospitales públicos se niegan a dar diagnósticos a las personas presas, y las autoridades de la prisión no acceden a trasladar a Hanan Badr el-Din a un hospital externo.
Debido a ello se está negando a Hanan Badr el-Din la atención médica necesaria, en concreto la medicación que precisa. Como consecuencia, su estado ha empeorado considerablemente durante las dos últimas semanas. Según su familia, sufre dolor de muñecas hasta el punto de no poder escribir. También tiene fiebre cada tres o cuatro días y ha perdido mucho peso. Las autoridades penitenciarias sólo le permiten visitar el hospital de la prisión, que está mal equipado y carece de personal suficiente y con formación necesaria para atender específicamente las necesidades de salud de Hanan Badr el-Din. Hanan Badr el-Din comparte celda con otras 19 reclusas, y tienen una cama para cada dos mujeres. Carecen de acceso adecuado a agua limpia para beber y lavarse.
Un juez viene renovando la detención de Hanan Badr el-Din cada 45 días aproximadamente. En la próxima vista de renovación, que tendrá lugar el 5 de febrero, el juez decidirá si dejarla en libertad o prorrogar su detención otros 45 días. Hanan Badr el-Din es presa de conciencia y debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones.
Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades egipcias a garantizar que Hanan Badr el-Din tiene con prontitud acceso periódico a los servicios médicos que necesita, incluidos medicación y chequeos periódicos;
- Pidiéndoles que retiren todos los cargos contra ella y la dejen en libertad de inmediato y sin condiciones, pues está detenida únicamente por su trabajo en favor de los derechos humanos.
Envíen llamamientos antes del 16 de marzo de 2018 a:
Fiscal
Nabil Sadek
Office of the Public Prosecutor, Dar al-Qada al-Ali, Down Town
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 577 4716
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear Counsellor
Ministro del Interior
Magdy Abdel Ghaffar
Ministry of the Interior
25 El Sheikh Rihan Street
Bab al-Louk, Cairo, Egipto
Fax: +202 2 794 552
Correo-e: center@iscmi.gov.eg o E.HumanRightsSector@moi.gov.eg
Twitter: @moiegy
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Y copias a:
Viceministra adjunta de Asuntos Exteriores
Laila Bahaa Eldin
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil, Cairo, Egipto
Fax: +202 2 574 9713
Correo-e: contact.us@mfa.gov.eg
Twitter: @MfaEgypt
Información adicional
Hanan Badr el-Din es defensora de los derechos humanos y cofundadora de la Asociación de Familias de Personas Sometidas a Desaparición Forzada. Comenzó su labor de demanda de justicia para las víctimas de desaparición forzada y sus familias tras la desaparición de su esposo, Khalid Ezz el-Din, el 27 de julio de 2013, durante una protesta contra el golpe de Estado militar. Vio a su esposo herido en un hospital de campo por televisión. Sin embargo, cuando acudió allí, no lo encontró. Las indagaciones que hizo entonces en comisarías de policía, prisiones, hospitales y depósitos de cadáveres para averiguar su paradero no dieron resultado. Durante su búsqueda entró en contacto con las familias de otras personas desaparecidas que también estaban buscándolas.
El 20 de mayo de 2017 fue a visitar a una víctima de desaparición forzada que había aparecido en la prisión de Qanatar, con la esperanza de que le diera alguna noticia de su esposo, y los funcionarios de seguridad de la prisión la detuvieron. Le confiscaron sus pertenencias, entre las que había un papel escrito con información sobre su esposo, y la acusaron de hacer contrabando para intentar introducir clandestinamente objetos en la prisión. Según su abogado, los funcionarios de seguridad de la prisión la tuvieron detenida desde las dos de la tarde hasta las cinco de la mañana del día siguiente, y durante ese tiempo fue interrogada por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional Al día siguiente la trasladaron a la comisaría de policía de Qanatar y, luego, a la fiscalía del sur de Banha, donde se ordenó su detención mientras la Agencia de Seguridad Nacional llevaba a cabo investigaciones. La Agencia indicó tras sus investigaciones que Hanan Badr el-Din era miembro de las células de mujeres de la organización prohibida Hermandad Musulmana. El fiscal ordenó su detención durante 15 días con objeto de investigarla por contrabando y pertenencia a un grupo prohibido. Luego renovó la orden de detención el 20 de mayo y el 3 de junio por 15 días más cada vez. La Asociación de Familias de Personas Sometidas a Desaparición Forzada es un grupo surgido a principios de 2014 como respuesta a la proliferación de las desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas de seguridad egipcias. Sus miembros comenzaron a intentar averiguar la suerte de sus familiares desaparecidos buscándolos en comisarías de policía, prisiones, hospitales y depósitos de cadáveres. A mediados de 2015 habían empezado ya a adoptar un papel más activo en las campañas públicas emprendidas para instar al gobierno a respetar los derechos humanos y cumplir con sus obligaciones, organizando conferencias de prensa y concentraciones públicas y hablando con los medios de comunicación. Estas acciones atrajeron a más familias de personas desaparecidas y las unieron en sus esfuerzos por encontrarlas y en su lucha por la justicia.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las desapariciones forzadas en Egipto, que las fuerzas de seguridad utilizan normalmente como instrumento contra activistas políticos y manifestantes, incluidos estudiantes y menores de edad. Centenares de personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada por agentes estatales. Esas personas no han tenido acceso a sus abogados ni a sus familias y han sido recluidas en régimen de incomunicación y sin supervisión judicial. Las ONG locales afirman que todos los días son secuestradas y sometidas a desaparición forzada en Egipto tres o cuatro personas por término medio. Esta constante de abusos es especialmente patente desde marzo de 2015, cuando el presidente Abdel Fatah al Sisi nombró al general Magdy Abd el-Ghaffar ministro del Interior.
Las autoridades egipcias niegan habitualmente la práctica de la desaparición forzada. Alaa Abed, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento egipcio, ha manifestado reiteradamente que “las desapariciones forzadas no existen, son un término acuñado por la Hermandad Musulmana y la quinta columna”. Asimismo, en marzo de 2016, el ministro egipcio del Interior afirmó: “No hay desaparición forzada en Egipto, y las fuerzas de seguridad actual dentro del marco legal”. Los grupos egipcios de derechos humanos han rebatido las negaciones del Ministerio del Interior con centenares de casos documentados de desaparición forzada.
Índice: MDE 12/7823/2018