Martes, 30 de enero, 2018
“Las autoridades nigerianas deben investigar estos ataques y, si hay indicios de responsabilidad penal, enprender acciones judiciales contra los responsables y procesarlos", declaró Osai Ojigho, director de Amnistía Internacional Nigeria
La respuesta de las autoridades nigerianas a la violencia entre comunidades es totalmente inadecuada, demasiado lenta e ineficaz, y, en ocasiones, ilícita, ha dicho hoy Amnistía Internacional, mientras los enfrentamientos entre pastores y agricultores en Adamawa, Benue, Taraba, Ondo y Kaduna se cobran la vida de 168 personas sólo en enero de 2018.
“El gobierno debe modificar completamente su respuesta a estos letales enfrentamientos para evitar que la crisis se descontrole. Debe abrir investigaciones y poner a los sospechosos a disposición judicial”, ha dicho Osai Ojigho, director de Amnistía Internacional Nigeria.
“Cientos de personas perdieron la vida el año pasado, y el gobierno aún no hace suficiente para proteger a las comunidades frente a estos enfrentamientos violentos. Lo que es peor, los autores de las muertes están quedando impunes.”
“En algunos casos en que las agencias de seguridad de Nigeria sí han respondido a la violencia entre comunidades, han hecho un uso excesivo o ilegal de la fuerza, provocando aún más muerte y destrucción.”
El 4 de diciembre de 2017, la fuerza aérea de Nigeria envió aviones de combate a bombardear los pueblos como “advertencia” para frenar la espiral de violencia entre comunidades. Cientos de pastores habían atacado al menos cinco pueblos del estado de Adamawa en venganza por la matanza de hasta 51 miembros de su comunidad, la mayoría niños y niñas, el mes anteror en Kikan.
Un equipo de Amnistía Internacional visitó los pueblos tras los ataques aéreos y recogió testimonios de los residentes, que dijeron haber sido bombardeados por un avión de combate y un helicóptero del ejército mientras intentaban huir.
“Los ataques aéreos no son un método legítimo de hacer cumplir la ley, se mire por donde se mire. Este irresponsable uso de fuerza letal es ilegal e indignante, y pone al descubierto el impactante desprecio del ejército de Nigeria por las vidas de las personas para cuya protección se supone que existe” ha dicho Osai Ojigho, director de Amnistía Internacional Nigeria.
Los medios de comunicación locales se hicieron eco de las declaraciones del director de relaciones públicas de las Fuerzas Aéreas de Nigeria, comodoro Olatokunbo Adesanya, que describió los ataques aéreos como “disparos de advertencia, no para matar”, y afirmó que habían hecho que la gente huyera de la zona y que habían tenido un “efecto positivo”.
Dos semanas después del incidente, Adesanya modificó sus declaraciones, añadiendo que los pastores habían disparado contra el avión.
Adesanya también declaró que las fuerzas aéreas habían grabado en vídeo la operación, en la que había participado un Jet Alpha y un helicóptero EC 135.
Amnistía Internacional pide a las fuerzas aéreas de Nigeria —que han recibido entrenamiento intensivo del ejército británico y estadounidense en los últimos años— que entreguen las imágenes del incidente y cualquier información pertinente a las autoridades, incluido el fiscal general de la Federación y el ministro de Justicia, para que sean investigadas.
“Se trata de un uso ilegal y excesivo de la fuerza de proporciones catastróficas. Otro trágico ejemplo de cómo las fuerzas armadas de Nigeria aplican tácticas militares letales a situaciones de orden público”, ha dicho Osai Ojigho.
“Las autoridades nigerianas deben investigar estos ataques y, si hay indicios de responsabilidad penal, enprender acciones judiciales contra los responsables y procesarlos.”
Los ataques aéreos se produjeron en los pueblos de Lawaru, Dong, Kodomti, Shafaron y Nzuruwei, donde Amnistía Internacional entrevistó a 15 testigos.
Los lugareños de cada localidad también proporcionaron a Amnistía Internacional listas de las personas fallecidas, en total 86.
Dado que los pastores dispararon contra la gente e incendiaron casas, y que el ataque aéreo causó incendios, no fue posible determinar qué proporción de las muertes y la destrucción fue resultado directo de los ataques aéreos y cuál fue atribuible al ataque de los pastores.
Basándose en las declaraciones de testigos, las observaciones sobre el terreno, la determinación del tipo de armas utilizadas y el análisis de imágenes fotográficas y vía satélite, Amnistía Internacional considera que los ataques aéreos tuvieron un importante efecto destructivo, y calcula que ocasionaron al menos 35 muertes y numerosas heridas.
Los testigos que participaron en la identificación y el entierro de las víctimas declararon que 51 de ellas tenían heridas de bala o de machete, y las 35 restantes habían muerto a consecuencia de los ataques aéreos en Dong, Shafaron, Lawaru y Kodomti.
Además, dijeron que la mayoría de las víctimas habían sido enterradas en tumbas individuales, salvo en Dong, localidad donde había 28 en una fosa común.
Dong y Lawaru fueron los lugares donde hubo más víctimas mortales. En los cinco pueblos visitados por Amnistía Internacional quedaron destruidas unas 3.000 viviendas.
Las imágenes aéreas y por satélite obtenidas y analizadas por Amnistía Internacional confirman el efecto devastador acumulado de los ataques de pastores y fuerza aérea: al menos ocho pueblos resultaron muy dañados o totalmente destruidos por el fuego.
Un equipo de Amnistía Internacional documentó el impacto del ataque aéreo sobre el terreno. En Nzuruwei, el equipo vió desgarros de metralla en un vehículo y una moto, probablemente a causa de la fragmentación de un cohete. Las personas testigos del ataque dijeron que habían encontrado restos de cohetes en las cercanías.
En Kodomi, otro testigo del ataque mostró a Amnistía Internacional su casa, destrozada por un cohete, cuyos restos se encontraban entre las ruinas.
En Dong, el equipo de Amnistía Internacional visitó el palacio del jefe tradicional, que había sido destruido por un ataque aéreo unas horas después de haberse ido los pastores, según los testigos, que dijeron que en el interior del edificio había restos del cohete.
Las imágenes de vídeo tomadas por Amnistía Internacional muestran la destrucción generalizada de casas reducidas a ruinas carbonizadas, metales retorcidos y cenizas en zonas donde, según los habitantes del lugar, habían impactado los cohetes. El equipo de Amnistía Internacional grabó también la metralla recogida por los lugareños.
Los expertos identificaron las municiones como cohetes SNEB de fabricación francesa, cuyo uso por las naves Alpha Jet de Nigeria es conocido.
En algunos pueblos, el ataque con cohetes se había producido en el mismo momento que el de los pastores, mientras que en otros la fuerza aérea había llegado poco después, según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional.
“Está claro que la violencia entre comunidades merece una respuesta del Estado, pero lanzar cohetes contra pueblos como ‘advertencia’ es totalmente ilegítimo”, ha afirmado Osai Ojigho.
“En lugar de intervenir con una respuesta proporcionada sobre el terreno, el ejército ha optado claramente por tácticas concebidas para matar y neutralizar al enemigo desde el aire.”
Las personas residentes en la zona describen escenas de terror cuando las naves abrían fuego contra sus casas.
Un agricultor de Shafaron dijo que un helicóptero y un avión de combate habían atacado justo después de la llegada de los pastores.
“El helicóptero y el avión empezaron a lanzar bombas. Las casas comenzaron a arder. Los niños salieron corriendo para salvar la vida. Las madres agarraron a sus hijos y escaparon con ellos. Los hombres, incapaces de responder al ataque, salimos corriendo también. El avión dejó reducidas a cenizas nuestras casas y propiedades”, dijo el agricultor.
Un jefe tradicional de uno de los pueblos, cuya casa había sido destruida en el ataque aéreo, también contó que el avión había llegado poco después de los pastores.
“Mientras tratábamos de escondernos, vimos llegar un helicóptero y un avión de combate, que comenzaron a disparar y a bombardear las casas. Cuando veían gente que intentaba esconderse, el avión les lanzaba bombas”, afirmó.
No se hizo caso de los avisos
Había muchos avisos de que los pastores probablemente lanzarían un ataque de represalia. Las personas residentes en el lugar y los dirigentes locales confirmaron a Amnistía Internacional que habían informado a los organismos de seguridad tras recibir mensajes de texto con información concreta sobre un inminente ataque. Los residentes también informaron de que habían visto a pastores armados reunirse en la zona.
La respuesta de la policía fue anunciar el 29 de noviembre el despliegue de 315 agentes más en la zona.
Sin embargo, los lugareños atrapados en los ataques del 4 de diciembre dijeron que ni la policía ni los soldados habían hecho nada para evitar la violencia.
Violencia entre comunidades
En 2017, los enfrentamientos entre pastores nómadas y agricultores locales se cobraron al menos 549 vidas y desplazaron a miles de personas en los estados de Enugu, Benue, Taraba, Zamfara, Kaduna, Plateau, Nasarawa, Niger, Plateau, Cross Rivers, Adamawa, Katsina, Delta y Ekiti.
Desde el inicio de 2018 se ha producido una espiral de violencia, con ataques y represalias que han causado 168 muertes en los estados de Adamawa, Benue, Taraba, Ondo y Kaduna.
Tras el ataque de pastores en Kikan el 21 de noviembre, el gobierno del estado de Adamawa creó un grupo de investigación de los enfrentamientos. Amnistía Internacional cree que el ámbito de actuación de este grupo de investigación debe ampliarse e incluir las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas.
El 11 de diciembre, el vicepresidente de Nigeria, Yemi Osinbajo, anunció una consulta nacional sobre los enfrentamientos.
“Esta sangrienta oleada de violencia entre comunidades debe resolverse, y todos los pastores y agricultores responsables de los homicidios y la destrucción de bienes deben comparecer ante la justicia”, ha dicho Osai Ojigho.
“El gobierno de Nigeria debe garantizar reparaciones adecuadas para las víctimas de esta violencia, incluidas las familias de las personas que han muerto.”
El despliegue del ejército de Nigeria en las comunidades socava la autoridad de la policía
Actualmente el ejército nigeriano está realizando operaciones de seguridad en 30 de los 36 estados de Nigeria y en el Territorio de la Capital Federal, y a menudo se hace cargo de las obligaciones policiales habituales.
El frecuente despliegue de soldados ha generado muchos casos de uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales en todo el país.
La utilización del ejército por parte del gobierno para ayudarlo a manejar situaciones que deberían ser de orden público también ha minado gravemente la función de la policía en Nigeria.