Jueves, 18 de enero, 2018
Las autoridades guatemaltecas deben adoptar urgentemente y en consulta con las y los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, medidas de protección que garanticen la seguridad e integridad física y psicológica de las personas que defienden los derechos humanos, incluyendo el derecho al territorio, a un medio ambiente sano y aquellos relacionados con el acceso a la tierra
En la mañana del 9 de enero en Taxisco, Santa Rosa, Guatemala, el líder comunitario y defensor de derechos humanos Ronal David Barillas Díaz murió tras un ataque directo en que el tripulante de un vehículo se bajó del auto, se acercó al puesto de periódicos y comida donde Ronal trabajaba y le disparó en al menos seis ocasiones, dándose posteriormente a la fuga.
Amnistía Internacional condena tajantemente estos hechos y exige al estado guatemalteco investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial la muerte del defensor y promover sin demora una política pública integral para la protección de las y los defensores de derechos humanos en el país.
Ronal David Barillas Díaz, líder Xinka, miembro del parlamento Xinka y de la Coordinadora Comunitaria de Afectados por la Industria de la Azúcar, asociación que reúne a más de 70 comunidades de los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa, denunció las afectaciones medioambientales de la actividad agroindustrial azucarera en sus territorios. El defensor fue colaborador puntual de la Comisión de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) quien se opone al proyecto minero El Escobal (Minera San Rafael) y denunció la falta de consulta libre, previa e informada a las comunidades ubicadas cerca de la mina.
El asesinato del defensor deja a su comunidad y a las organizaciones donde laboraba en una situación de mayor incertidumbre, temor y riesgo. Las autoridades guatemaltecas deben adoptar urgentemente y en consulta con las y los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, medidas de protección que garanticen la seguridad e integridad física y psicológica de las personas que defienden los derechos humanos, incluyendo el derecho al territorio, a un medio ambiente sano y aquellos relacionados con el acceso a la tierra. En tal sentido, Amnistía Internacional urge al estado de Guatemala a adoptar sin demora una política integral de protección a personas defensoras que se base en los criterios expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de derechos humanos y otros vs. Guatemala.
Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos para que la investigación del asesinato de Ronal David Barillas Díaz sea exhaustiva, independiente e imparcial con el fin de identificar a los autores tanto materiales como intelectuales y llevarlos ante la justicia.
La investigación debe establecer si el asesinato fue en represalia por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. De lo contrario, las autoridades estarían enviando un mensaje de que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos son tolerados y no tienen consecuencias. Asimismo, el Ministerio Público de Guatemala debe adoptar y publicar la Instrucción General del Protocolo para Investigar Delitos cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, que ha sido trabajada en conjunción con organizaciones de la sociedad civil de Guatemala.