Tras las elecciones presidenciales, Honduras se ha sumergido en una profunda crisis, con denuncias de una violencia constante y en aumento a manos de las fuerzas de seguridad. La falta de transparencia sobre la manera en que se procesan y recuentan los votos ha provocado numerosas protestas y ha dado lugar a que se levanten barricadas callejeras en todo el país. Las fuerzas de seguridad hondureñas han respondido con una violenta represión, que ha puesto en peligro la vida y la integridad física de cientos de personas.

Los niveles de violencia desplegados por las fuerzas de seguridad han ido en aumento desde el 15 de diciembre, mediante la brutal represión de las manifestaciones multitudinarias organizadas como parte de una huelga nacional. Según las organizaciones locales, la policía, la policía militar y el ejército han hecho uso de fuerza excesiva, y han recurrido de forma habitual al uso de armas letales para dispersar a manifestantes.

Entre el 15 y el 20 de diciembre se han registrado al menos seis nuevas muertes a consecuencia de la violenta represión; también se ha informado de múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o golpeadas brutalmente por las fuerzas de seguridad, así como de casos que podrían constituir tortura y otro trato cruel, inhumano y degradante. Las organizaciones locales de derechos humanos confirmaron el uso sustancial e indiscriminado de gas lacrimógeno, arrojado incluso desde helicópteros y en el interior de casas, y a causa del cual varias personas, incluidos niños y niñas, han sufrido problemas respiratorios.

Cientos de personas han sido detenidas o recluidas durante las protestas desde el 29 de noviembre. Amnistía Internacional también ha recibido información sobre redadas ilegales nocturnas llevadas a cabo en casas por las fuerzas de seguridad.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que se abstengan de utilizar fuerza desproporcionada y que respeten plenamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica;

- pidiendo que todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la protesta pacífica sean puestas en libertad de inmediato, y que a todas las personas acusadas de delitos se les garantice el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, la atención médica, y el acceso a su familia y a abogados de su elección;

- pidiendo que se abra de inmediato una investigación exhaustiva, imparcial e independiente, llevada a cabo por autoridades civiles, sobre todos los casos de muerte violenta y otros casos de uso excesivo de la fuerza ocurridos en el contexto de la represión de las protestas; pidiendo que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los sospechosos de ser penalmente responsables de esos hechos sean procesados ante tribunales civiles ordinarios.

Envíen llamamientos antes del 31 de enero de 2018 a:

Y copias a:

Amnistía Internacional, Equipo de América Central

Luz Saviñón 519, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C. P. 03100 Ciudad de México, México Correo-e.: equipoca@amnesty.org

El 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones presidenciales en Honduras. A primeras horas de la mañana del 27 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó una indicación inicial de resultados, basada en el recuento del 57% de los votos, que señalaba que el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, llevaba cinco puntos de ventaja respecto al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los dos candidatos se autoproclamaron vencedores.

La tarde del 29 de noviembre, tras un periodo largo y controvertido sin que se publicaran actualizaciones, el TSE anunció un resultado diferente, señalando la victoria de Juan Orlando Hernández. Este anuncio provocó protestas múltiples y multitudinarias en todo el país durante días, como reacción a la falta de transparencia en el procesamiento y el recuento de los votos. Desde entonces, las protestas se han reprimido con violencia. El 1 de diciembre, las autoridades declararon el estado de excepción para un periodo de 10 días. El decreto establece un toque de queda que restringe el derecho a la libertad de circulación por la noche y que podría entrañar la participación de las fuerzas armadas para apoyar a la policía nacional con el fin de mantener la seguridad y el orden.

Las organizaciones de derechos humanos y emisoras de radio de Honduras han estado vigilando y denunciando el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de derechos humanos cometidas tras las elecciones presidenciales.

El 17 de diciembre, Juan Orlando Hernández fue declarado vencedor por el TSE. Ese mismo día, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, una de las organizaciones internacionales que enviaron misiones de  observación electoral para vigilar los comicios hondureños, declaró que el proceso electoral había estado plagado de irregularidades, y pidió nuevas elecciones. Desde esos anuncios, las protestas han continuado, con al menos un centenar de protestas y carreteras cortadas el 19 de diciembre.

Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con unas elevadas tasas de asesinato e inseguridad. También hay una fuerte desconfianza hacia las instituciones, alimentada por el hecho de que la mayoría de los delitos quedan impunes, y por las reiteradas señales de corrupción o la implicación de fuerzas estatales en actividades delictivas.

A consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, durante el cual se aprobaron diversos estados de excepción y toques de queda, se denunciaron graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad hondureñas.