Las organizaciones hondureñas de derechos humanos y los medios de comunicación independientes que vigilan y denuncian la violenta represión de manifestaciones tras las elecciones presidenciales han informado sobre una serie de incidentes relativos a la seguridad, que incluyen amenazas y persecución de sus miembros, redadas ilegales y daños a sus instalaciones.

Las fuerzas de seguridad hondureñas respondieron con violencia y represión a los manifestantes que, en todo el país, se echaron a la calle para protestar por la falta de transparencia en el procesamiento y recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 26 de noviembre. Las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos han estado vigilando, documentando y denunciando públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas en este contexto y durante el toque de queda impuesto el 1 de diciembre.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) informó de que las fuerzas de seguridad se habían presentado en la casa de los miembros de la organización Silvia Maribel Flores Chacón y Oscar Alexi Guillén Paz el 6 de diciembre, y en el centro que tiene el MADJ en el departamento de Atlántida el 8 de diciembre, preguntando por el coordinador general de la organización, Martín Fernández Guzmán. Según los residentes locales, las fuerzas de seguridad ya habían preguntado por el paradero de Martín Fernández Guzmán en los días anteriores, y también se habían publicado amenazas contra el miembro de MADJ Selvin Eduardo Merlo Linares en las redes sociales, amenazas que asimismo se habían escuchado durante las protestas. Anteriormente, el MADJ había denunciado que su sede en San Pedro Sula había sido rodeada por las fuerzas de seguridad después de que la organización celebrara una conferencia de prensa para denunciar la represión de las protestas el 4 de diciembre. El 6 de diciembre, el MADJ cerró su emisora de radio en San Juan Pueblo, Radio Dignidad, como medida de precaución después de que la policía militar la rodeara y de que se viera a dos helicópteros del ejército sobrevolando el lugar.

La Asociación LGBT Arcoiris denunció varios intentos de asalto a sus oficinas en Tegucigalpa entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre por parte de individuos no identificados que escribieron una amenaza de muerte contra el director de Arcoiris, Donny Reyes.

El padre Ismael Moreno Coto, director de la emisora de radio independiente  Radio Progreso, contó a Amnistía Internacional que sus transmisiones en Tegucigalpa se habían visto interrumpidas desde la tarde del 9 de diciembre. Una inspección preliminar realizada el 11 de diciembre concluyó que la antena de radio de Tegucigalpa había sido dañada deliberadamente.

El 12 de diciembre, unas fuerzas militares en Siguatepeque, departamento de Comayagua, interceptaron, registraron y acosaron a aproximadamente 30 miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), entre los que se encontraba su coordinadora general, Berta Zúñiga, en un intento de impedirles asistir a una manifestación.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las redadas ilegales, la persecución, las amenazas y los daños a instalaciones denunciados por personas y organizaciones que defienden los derechos humanos, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

- instándolas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro, de acuerdo con los deseos de las propias personas afectadas, y cumplan así con su obligación de proteger a estas personas, conforme se dispone en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

- pidiéndoles que reconozcan públicamente el trabajo legítimo de derechos humanos que llevan a cabo las personas que defienden estos derechos en el país.

Envíen llamamientos antes del 23 de enero de 2018 a:

Fiscal General

Señor Óscar Fernando Chinchilla

Ministerio Público

Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, Honduras

Correo-e: mprelacionespublicas@gmail.com (con copia a walleskaz@gmail.com)

Tratamiento: Estimado Señor Fiscal

Secretario de Seguridad

Señor Julián Pacheco Tinoco

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Aldea el Ocotal Antiguo Local de la Academia Nacional de Policía ANAPO, Tegucigalpa, Honduras

Correo-e: oaseguridad@hotmail.com sedsdespachohn@gmail.com

Tratamiento: Estimado Secretario de Seguridad

Información complementaria

El 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones presidenciales en Honduras. A primeras horas de la mañana del 27 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó una indicación inicial de resultados, basada en el conteo del 57% de los votos, que señalaba que el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, llevaba cinco puntos de ventaja respecto al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los dos candidatos se autoproclamaron vencedores.

Según el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en Honduras, publicado tras las elecciones, “el sistema de divulgación de resultados, disponible al público online, no fue actualizado [tras el primer anuncio del TSE] hasta entrado el lunes 27 de noviembre. Reanudada la divulgación, la Misión observó cómo la diferencia entre los candidatos se iba estrechando”. La tarde del 29 de noviembre, el TSE anunció un resultado diferente, señalando la victoria de Juan Orlando Hernández.

Este anuncio provocó protestas múltiples y multitudinarias, que fueron reprimidas con violencia. Según se ha informado, al menos 14 personas murieron, decenas más fueron detenidas y otras resultaron heridas. Las organizaciones de derechos humanos y emisoras de radio de Honduras han estado vigilando y denunciando el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de derechos humanos cometidas tras las elecciones presidenciales.

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, especialmente quienes trabajan sobre cuestiones relativas al derecho a la tierra, al territorio y al medio ambiente.

En 2016, el MADJ denunció a las autoridades varios incidentes relativos a su seguridad, tales como vigilancia, amenazas y acoso, en particular contra su coordinador general Martín Fernández. El MADJ proporciona asistencia letrada sobre varios casos graves y emblemáticos de ataques contra quienes defienden el derecho al territorio, a la tierra y al medio ambiente en Honduras. A causa de la gran repercusión de estos casos y de los riesgos asociados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2013 medidas cautelares en favor de los miembros del MADJ, incluidos Martín Fernández y Selvin Merlo.

Radio Progreso ha estado informando de las elecciones y de la subsiguiente represión desde su sede, ubicada en El Progreso. Varios miembros de Radio Progreso son beneficiarios de las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana, a consecuencia del acoso y las amenazas que sufrieron tras el golpe de Estado en Honduras en 2009.

Los miembros de COPINH también dejaron constancia de varios incidentes relativos a la seguridad en 2016 y 2017, relacionados directamente con la lucha de COPINH en favor de los derechos del pueblo indígena lenca, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con una propuesta de una planta hidroeléctrica que podría expulsarlo de sus tierras ancestrales. Varios miembros de COPINH son beneficiarios de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana a causa de las amenazas, los ataques y el acoso de que son víctimas. Berta Cáceres, lideresa y cofundadora de COPINH, murió por disparos el 2 de marzo de 2016. Los miembros de COPINH han estado asistiendo a protestas en varios departamentos tras las elecciones presidenciales.

AU: 271/17 Índice: AMR 37/7595/2017 Fecha de emisión: 12 de diciembre de 2017