El Tribunal Supremo de Irán ha pisoteado el Estado de derecho al confirmar la condena a muerte de Ahmadreza Djalali, especialista en medicina de urgencias residente en Suecia y nacido en Irán, mediante un procedimiento secreto y apresurado y sin permitir que la defensa presentara documentación alguna, ha revelado hoy Amnistía Internacional.

Los abogados de Ahmadreza Djalali supieron el sábado 8 de diciembre que la Sala 1 del Tribunal Supremo había estudiado y confirmado sumariamente la condena a muerte sin darles la oportunidad de presentar documentación para la defensa de su cliente.

“Esto no es sólo es un impresionante atentado contra el derecho a un juicio justo, sino también un desprecio total hacia el derecho a la vida de Ahmadreza Djalali. Es lamentable que las autoridades iraníes hayan negado deliberadamente a Ahmadreza Djalali el derecho a una revisión seria de su sentencia condenatoria y de la pena”, ha declarado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades iraníes deben anular inmediatamente la condena a muerte de Ahmadreza Djalali y concederle el derecho a presentar ante la máxima instancia judicial un recurso significativo contra su declaración de culpabilidad. No hacerlo sería una injusticia irreversible”.

Desde principios de noviembre, los abogados de Ahmadreza Djalali se habían puesto en contacto con el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones para averiguar a qué sala le había correspondido ver su recurso con el fin de presentar la documentación de la defensa.

La práctica habitual en Irán es que los abogados sean informados de la sala que verá el recurso antes de presentar la documentación y los argumentos pertinentes. Según los abogados de Ahmadreza Djalali, los funcionarios judiciales les dijeron en reiteradas ocasiones que el expediente no había sido asignado aún y que debían esperar. En consecuencia, la repentina noticia de la decisión del Tribunal Supremo fue toda una conmoción.

Ahmadreza Djalali estaba en viaje de negocios en Irán cuando fue detenido en abril de 2016. Funcionarios del Ministerio de Inteligencia lo recluyeron en la prisión de Evin durante siete meses, tres de ellos en régimen de aislamiento. Ahmadreza ha asegurado que durante ese periodo no tuvo acceso a un abogado y fue sometido a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” que era un espía.

No se tiene noticia de ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos.

En octubre de 2017 fue declarado culpable de “propagar la corrupción en la tierra” por espionaje y condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto. Sus abogados han explicado que el tribunal se basó sobre todo en pruebas obtenidas bajo coacción y no presentó nada que justificara la acusación de que era algo más que un académico que ejercía pacíficamente su profesión.

En una carta escrita desde la prisión de Evin de Teherán en agosto de 2017, Ahmadreza Djalali dijo que estaba recluido únicamente como represalia por haberse negado a utilizar sus contactos profesionales y laborales en instituciones europeas, académicas y de otra índole, para espiar para Irán.

Los órganos internacionales de derechos humanos sostienen sistemáticamente que dictar una condena a muerte tras unas actuaciones penales que violan las garantías de un juicio justo constituye una violación del derecho a la vida. Por otra parte, en virtud del derecho internacional, la única categoría de delitos para los que se podría permitir la imposición de la pena de muerte es la de “los más graves delitos” que, tal como interpretan los órganos internacionales, son únicamente los que conllevan un homicidio intencional.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.