La reacción del Consejo de Seguridad de la ONU ante esta crisis, tristemente insuficiente, es lamentable. Desde finales de agosto, más de 620.000 rohingyas han huido de atrocidades indescriptibles; sin embargo, el Consejo no ha hecho más que emitir solo una declaración.

Japón debería aprovechar su turno de presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a una parálisis que dura ya tres meses y medio frente a los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra los rohingyas en el norte del estado de Rajine, en Myanmar; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El Consejo de Seguridad volverá a debatir la situación de los rohingyas en Myanmar el martes 12 de diciembre, una semana después de que el Consejo de Derechos Humanos adoptara una resolución en la que condenaba las violaciones en curso contra ésta y otras minorías étnicas del país. La resolución fue acompañada de una advertencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, según la cual recientes operaciones militares llevadas a cabo en el oeste del estado de Rajine podían incluir “elementos de genocidio”.

“La reacción del Consejo de Seguridad de la ONU ante esta crisis, tristemente insuficiente, es lamentable. Desde finales de agosto, más de 620.000 rohingyas han huido de atrocidades indescriptibles; sin embargo, el Consejo no ha hecho más que emitir una sola declaración, lo que resulta claramente insuficiente ante la gravedad de la situación sobre el terreno”, ha afirmado Sherine Tadros, directora de la oficina de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York.

“La presidencia japonesa del Consejo de Seguridad se enfrenta al momento de la verdad: ¿su legado va a consistir en haber permanecido de brazos cruzados mientras cientos de miles de rohingyas sufrían un largo régimen de apartheid culminado por una limpieza étnica en el estado myanmaro de Rajine? El Consejo de Seguridad debe abundar en la resolución adoptada la semana pasada por el Consejo de Derechos Humanos imponiendo un embargo de armas, así como sanciones específicas a la dirección militar de Myanmar.

“Las autoridades de Myanmar deben permitir sin demora que la misión de investigación de la ONU, organismos de ayuda humanitaria y observadores independientes de derechos humanos accedan sin trabas al país y, en particular, al norte del estado de Rajine. Es fundamental para poner al descubierto la verdad, sentar las bases de la rendición de cuentas por las atrocidades perpetradas contra hombres, mujeres, niños y niñas rohingyas y garantizar el retorno voluntario y en condiciones seguras y dignas de cientos de miles de refugiados rohingyas.” 

A raíz de un llamamiento emitido por la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos la semana pasada en Ginebra, Amnistía Internacional ha pedido también al Consejo de Seguridad que tome medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes contra la humanidad cometidos en Myanmar.

Información complementaria

En una resolución aprobada la semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Myanmar, en particular las cometidas contra los rohingyas en el estado de Rajine. Burundi, China y Filipinas votaron en contra de la medida, mientras que 33 Estados votaron a favor y 9, entre ellos Japón, se abstuvieron.

Más de 620.000 personas han huido a Bangladesh en cuestión de meses desde que las fuerzas de seguridad myanmaras pusieron en marcha una campaña de violencia selectiva contra los rohingyas, matando a un número indeterminado de mujeres, hombres, niñas y niños, violando a mujeres y niñas, colocando minas terrestres y quemando pueblos rohingyas enteros.

La población rohingya que queda en el país está atrapada en un deshumanizador sistema de apartheid financiado por el Estado, en el que prácticamente todos los aspectos de su vida están sujetos a graves restricciones. Desarticular este sistema es fundamental para garantizar el retorno voluntario y en condiciones seguras y dignas de los cientos de miles de rohingyas que han huido de Myanmar.

Amnistía Internacional ha documentado también una amplia diversidad de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra otras minorías étnicas, concretamente en los estados de Kachin y Shan del Norte, que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y trabajo forzoso.

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