Irlanda: Las organizaciones de derechos humanos, amenazadas por una ley draconiana, y Amnistía, expuesta a posibles cargos penales

Los grupos de derechos humanos de Irlanda están siendo injustamente atacados por una ley draconiana que podría utilizarse para penalizar a las organizaciones de activistas, ha dicho hoy Amnistía Internacional Irlanda. La organización podría ser sometida a una investigación penal y un posible procesamiento tras comunicársele que la ley prohíbe una donación que recibió del extranjero.

La oficina en Dublín de Amnistía deberá devolver la subvención de 137.000 euros que recibió el año pasado de la organización  Fundaciones para una Sociedad Abierta (OSF). De no hacerlo, cometería un delito en virtud de la Ley Electoral de Irlanda. La subvención se efectuó para apoyar una campaña que garantizara que las leyes sobre el aborto en Irlanda respetan los derechos humanos.

“Irlanda ha puesto en el punto de mira a Amnistía Internacional simplemente por su trabajo de derechos humanos”, ha dicho Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.

“Esta decisión es un ataque injustificable a los defensores y defensoras de los derechos humanos y evidencia de manera impactante la amenaza que realmente supone la Ley Electoral para las organizaciones de la sociedad civil en general en Irlanda.”

Cambio de postura

Amnistía Internacional Irlanda ha sido informada por la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público, organismo regulador del gobierno irlandés, que ha infringido la ley al aceptar financiación de un donante internacional para su trabajo de derechos humanos.

La Ley Electoral prohíbe las donaciones del extranjero que superen los 100 euros para “fines políticos” destinadas a lo que define vagamente como organizaciones “externas”.

Sin embargo, el año pasado mismo, la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público escribió a Amnistía Internacional reconociendo que su trabajo sobre la reforma de las leyes sobre el aborto de Irlanda, incluido el trabajo al que iba destinada la subvención de la OSF, no vulneraba la Ley Electoral, y que la organización no tenía que inscribirse como “externa”.

Un año después, la Comisión ha cambiado de postura sin que se haya producido un cambio sustancial en los hechos.

“No se sabe con certeza por qué la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público ha cambiado de postura sobre esta financiación. Lo que sí sabemos es que algunos grupos nacionales e internacionales que se oponen a nuestro trabajo sobre los derechos de las mujeres y las niñas, así como algunos medios de comunicación, han caracterizado nuestra campaña de reforma de la ley del aborto de Irlanda como ‘polémica’ o ‘demasiado política’, y además han presentado la financiación del extranjero como una práctica algo siniestra”, ha dicho Colm O’Gorman.

“Y esto a pesar de que la ampliación de la dura ley sobre el aborto de Irlanda y la derogación de la Octava Enmienda cuenta con un gran apoyo entre la opinión pública. Este cambio de postura también pasa por alto que Amnistía Internacional es totalmente independiente de cualquier ideología política, interés económico o religión.

“Amnistía Internacional no acatará la orden de la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público y utilizará todos los medios a su alcance para luchar contra esta ley injusta.”

Uso de la Comisión como arma

La aplicación por parte de la Comisión sobre la Normativa del Servicio Público de la disposición sobre organizaciones “externas” de la Ley Electoral supone fundamentalmente dar respuesta a las denuncias que recibe. En la práctica, esto implica la posibilidad de que sus facultades sean utilizadas indebidamente por ciertos grupos o particulares que, por ejemplo, la bombardean a denuncias con la intención de atacar a organizaciones que se ocupan de determinadas cuestiones.

Amnistía Internacional considera que el mecanismo de presentación de denuncias y las facultades de aplicación de la ley de la Comisión están siendo deliberadamente manipulados por particulares y grupos que no están de acuerdo con el trabajo de la organización.

“Es completamente inaceptable que esta deficiente ley sea utilizada como arma por quienes se oponen a una serie de cuestiones en materia de derechos humanos e igualdad, como el aborto, los derechos sexuales y reproductivos y el matrimonio igualitario.

“Resulta profundamente alarmante que el Estado esté permitiendo que sus leyes y normativas se utilicen de esta forma. El gobierno de Irlanda debe intervenir urgentemente para garantizar que las leyes y los marcos normativos del país dejen de obstaculizar la labor de la sociedad civil.”

Ley deficiente

La Comisión sobre la Normativa del Servicio Público ha puesto de manifiesto reiteradamente los defectos de la Ley Electoral. En 2003, afirmó que la definición excesivamente amplia de “fines políticos” implicaba su posible aplicación al trabajo de una amplia variedad de organizaciones cuya regulación no era objetivo de la ley, y mencionó explícitamente a Amnistía Internacional entre estas organizaciones.

La Ley Electoral, además, no se ajusta en absoluto a la política exterior de Irlanda, una de las naciones que más activamente ha intentado defender el espacio de la sociedad civil y protegerla de leyes represivas, por ejemplo en países como Rusia, Hungría y Egipto.

“A pesar de que a la propia Comisión sobre la Normativa del Servicio Público le preocupa la imprecisión de la Ley Electoral, 14 años después se está sirviendo de ella para aplicarla injustamente al trabajo de derechos humanos de Amnistía Internacional.  La situación sería absurda si no fuera tan preocupante”, ha dicho Colm O’Gorman.

“Es igualmente absurdo que Irlanda, que ha criticado mucho, y con razón, las leyes draconianas contra las ONG en otros lugares, mantenga una que es aún más restrictiva y de mayor alcance.”

La raíz de todo esto reside en la propia Ley Electoral, y más concretamente en sus enmiendas de 2001, que permiten que la financiación de las organizaciones de la sociedad civil sean denegadas o se vean seriamente limitadas por el simple hecho de que se considere que influyen en la política gubernamental.

La Ley Electoral necesita urgentemente una reforma para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil no son injustamente penalizadas por ella.

Amnistía Internacional, el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles y Transparencia Internacional han instado en ocasiones anteriores al gobierno a que reforme la Ley Electoral y en julio de este año presentaron propuestas de sencillas enmiendas para ello.

“El gobierno irlandés no puede permitir que esta situación continúe. Debe modificar urgentemente la Ley Electoral para que quede claro que nunca fue intención del legislador atacar a la sociedad civil y restringir tan punitivamente su acceso a la financiación”, ha dicho Colm O’Gorman.


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