John Dalhuisen sostiene que, en última instancia, la penosa situación de las personas refugiadas y migrantes en Libia es consecuencia de tendencias económicas y políticas más amplias que existen en el continente africano y de deficiencias más generales de que adolecen las políticas de migración de Europa.

“En la cárcel nos golpeaban a menudo”, contaba Ousman, quien había pasado cinco meses en un centro de detención de Trípoli en 2016. “Mataron a muchos chicos. Vi morir a muchas personas en la cárcel, porque caían enfermas o porque las golpeaban.”

Ousman es una de las centenares de miles de personas refugiadas y migrantes que se han atrevido a hacer el viaje hasta Libia cruzando África y sólo una de las decenas de miles que han acabado atrapadas en un compleja red de abusos y extorsión.

Las personas refugiadas y migrantes sufren de manera habitual violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios libios, así como abusos infligidos por grupos armados y bandas criminales, que a menudo actúan en estrecha colaboración y por conveniencia económica mutua. En un país sin ley, las personas refugiadas y migrantes se han convertido en un recurso que se puede explotar, en un bien alrededor del cual se ha formado toda una industria, como pusieron de relieve el mes pasado las terribles imágenes mostradas en la CNN de una actividad que parecía ser una subasta de esclavos.

Por la reacción de los líderes mundiales ante esas granuladas imágenes, cualquiera diría que se trata de algo inesperado y que es un problema propio de África. Pero nada podría estar más lejos de la verdad.

La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros –Italia en particular– se han centrado en su objetivo de restringir la afluencia de migrantes a través del Mediterráneo sin pensar apenas en las consecuencias para las personas atrapadas en Libia debido a ello o sin que parezcan preocuparles mucho.  Se han puesto a firmar acuerdos de cooperación con autoridades libias que son responsables de graves violaciones de derechos humanos, en particular la Guardia Costera y la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal.

Aparentemente, estos acuerdos concebidos para aumentar su capacidad para hacer frente a los contrabandistas, efectuar operaciones de búsqueda y salvamento e impedir las salidas irregulares han dado buen resultado. El número de llegadas a Italia ha descendido un 67% entre julio y el 7 de noviembre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado, y las muertes en el mar se han reducido de manera similar. Pero los países de la UE no deberían fingir asombro o indignación ante la evidencia del coste humano de estos acuerdos.

Las autoridades de la UE e italianas son poco convincentes cuando afirman no tener conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo algunos de los funcionarios de los centros de detención y agentes de la Guardia Costera libia con los que cooperan tan asiduamente. Ni son tampoco muy creíbles cuando dicen que han exigido insistentemente a sus interlocutores libios mecanismos y garantías de protección de derechos clave. Debido a ello, con cómplices en esos abusos e incumplen sus propias obligaciones en materia de derechos humanos.

La penalización de la entrada irregular en la legislación libia, sumada la ausencia absoluta de normas jurídicas o de infraestructura práctica para la protección de las personas solicitantes de asilo y las víctimas de tráfico, ha convertido la detención masiva, arbitraria e indefinida en el sistema primario de gestión de la migración del país.

Las personas refugiadas y migrantes que la Guardia Costera intercepta son enviadas a centros de detención de la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal donde reciben un trato terrible. Hasta 20.000 personas se hallan recluidas actualmente en estos centros de detención en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Las personas migrantes y refugiadas que entrevistamos contaban haber sufrido o haber visto cometer abusos como detención arbitraria, tortura, trabajo forzoso, extorsión y homicidio ilegítimo, perpetrados por autoridades, traficantes, grupos armados y milicias por igual.

La colusión entre guardias, traficantes y agentes de la Guardia Costera relega a las personas migrantes y refugiadas a una destructiva espiral de explotación en la que quedan atrapadas. Los guardias de los centros de detención las extorsionan por medio de torturas. Si pagan, las dejan en libertad. También pueden dejarlas en manos de contrabandistas que pueden sacarlas de Libia en cooperación con la Guardia Costera. Los acuerdos entre la Guardia Costera y los contrabandistas se indican poniendo marcas en los barcos para que pueden navegar por aguas libias sin ser interceptados, y se sabe que la Guardia Costera ha llegado incluso a escoltar barcos hasta aguas internacionales.

Las acciones de los países europeos están dando lugar a un aumento del número de personas que son abordadas o interceptadas. Con ellas, los gobiernos europeos, en particular Italia, incumplen sus obligaciones internacionales y se convierten en cómplices de las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades libias a las que brindan su patrocinio y su cooperación.

Bakary es de Gambia; la Guardia Costera lo abordó en el mar y que estuvo recluido en el centro de detención de Zawiya, en el norte de Libia, en diciembre de 2016: “La policía me dio el número de un gambiano y me dijo que si quería pagar e irme lo llamara, que me ayudaría”, explicó. “En el centro no me daban comida y me golpeaban con una manguera de goma, porque querían dinero por dejarme en libertad. Todavía tengo cicatrices”.

John Dalhuisen sostiene que, en última instancia, la penosa situación de las personas refugiadas y migrantes en Libia es consecuencia de tendencias económicas y políticas más amplias que existen en el continente africano y de deficiencias más generales de que adolecen las políticas de migración de Europa. A falta de suficientes rutas a Europa legales y seguras y dadas las pocas perspectivas de ser devueltas si se considera que no tienen derecho a protección, las personas perseguidas o con ambiciones seguirán considerando el viaje por vías irregulares como la única opción y, a la larga, como una opción razonable.

Este juego de fuerzas sólo puede abordarse aumentando el número de vías legales y seguras de entrada a los países europeos y de regreso de ellos. No es sostenible ni admisible abordarlo recurriendo a los servicios de actores corruptos y dados a cometer a abusos en los países de tránsito para que corten las rutas a medio camino, sin tener en cuenta cómo lo hacen ni las consecuencias para las personas que queden atrapadas a causa de ello.

No hay soluciones rápidas para esta compleja crisis, pero es esencial replantear los objetivos y la naturaleza de la cooperación europea con Libia de manera que se ponga fin a esta colusión inadmisible para causar sufrimiento humano.

Foto: Shutterstock/Nicolas Economou