“Reconocemos que el Estado puede imponer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, pero siempre de forma proporcionada y utilizando el instrumento menos intrusivo. En este caso, aplicar la prisión provisional sigue siendo desproporcionado, con lo que la decisión tomada hoy es un paso en la dirección equivocada”

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

3 de noviembre de 2017

Amnistía Internacional muestra su preocupación por la decisión tomada hoy por la justicia española de mantener en prisión provisional a Jordi Sánchez y Jordi Cruixat, presidentes respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, acusados de un delito de sedición, en aplicación del artículo 544 del Código Penal, en relación con las protestas que organizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Ambos ingresaron en prisión el pasado 16 de octubre.

El 18 de octubre Amnistía Internacional manifestó que la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituían restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por ello, pidió a las autoridades que retirara estos cargos y que pusiera fin de inmediato a su prisión provisional, algo que la organización reitera hoy.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional ha declarado hoy: “Reconocemos que el Estado puede imponer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, pero siempre de forma proporcionada y utilizando el instrumento menos intrusivo. En este caso, aplicar la prisión provisional sigue siendo desproporcionado, con lo que la decisión tomada hoy es un paso en la dirección equivocada”. Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, constituirán a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.

Amnistía Internacional también sigue mantienendo su preocupación por los cargos de sedición por los que se acusa a Sánchez y Cruixat, ya que se trata de un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel.

La organización sigue de cerca este procedimiento judicial para comprobar que cumple con todas las garantías.

Foto: Shutterstock.com / Icedmocha