En varios países de la región se han venido documentando casos de personas solicitantes de asilo venezolanas que se han visto obligadas a dejar el país por razones diversas, que van de afectaciones severas a su seguridad personal (familiares víctimas de homicidios múltiples, secuestros y extorsión, etcétera), a pacientes de enfermedades crónicas imposibilitados de cumplir con su tratamiento médico a causa de la escasez de medicamentos.

Por Carolina Jiménez Sandoval - Directora Adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional

Las Américas ha sido –y continúa siendo- una región profundamente marcada por la movilidad humana desde épocas pre y post hispánicas. En nuestra historia reciente, el fenómeno más conocido de migración forzada ha sido el generado por el conflicto armado colombiano. La crisis de refugiados colombianos, principalmente a países vecinos, supuso la acogida de cientos de miles de personas víctimas de la guerra. Otros conflictos armados, como el de Nicaragua durante la insurgencia armada, y posteriormente las guerras civiles en Guatemala y El Salvador terminadas a finales del siglo XX, generaron también importantes flujos migratorios.

A pesar de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala y El Salvador tienen hoy altísimos índices de violencia que han generado “una nueva crisis de refugiados” en tiempos de paz. Guatemala y El Salvador conforman junto con Honduras el denominado “Triángulo Norte de Centro América”. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en los últimos cinco años hubo un incremento de 146 % del número de refugiados provenientes del Triángulo Norte en el mundo[1].

En América Latina, varios instrumentos de protección consensuados regionalmente, como la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, tienen gran importancia. Si bien al ser una declaración de buenos principios esta no se convierte en instrumento vinculante en strictu sensula relevancia de tales principios para el contexto latinoamericano ha dado lugar a que muchos países, incluyendo países receptores de migrantes y refugiados como México, Brasil, y Argentina, la hayan incorporado a sus legislaciones nacionales y sea, por lo tanto, la norma jurídica imperante en estos países para proteger a quienes se encuentran en necesidad de protección internacional.

Precisamente uno de los elementos más importantes de esta declaración es su “definición ampliada” de refugiado: partiendo y reconociendo el concepto de refugiado inscrito en la Convención de 1951, la Declaración de Cartagena propone el reconocimiento como merecedoras de la protección internacional a las personas que  “han  huido  de  sus  países  porque  su  vida,  seguridad  o libertad  han  sido  amenazadas  por  la  violencia  generalizada,  la  agresión extranjera,  los  conflictos  internos,  la  violación  masiva  de  los  derechos  humanos  u  otras  circunstancias  que  hayan  perturbado gravemente el orden público”[2].

Esta definición ampliada ha venido a constituirse en un importante reconocimiento de la realidad regional en materia de migración forzada actualmente, para la cual se hacían necesarios nuevos marcos normativos que pudiesen ir más allá del elemento definitorio de “la persecución personalizada” y permitiera a los gobiernos del continente decidir también en base a criterios como el de la “amenaza” que incluye situaciones de desprotección grupal frente a violencia o conflictos de diversa índole,  y no solo la persecución individualizada como tal.

Venezuela: de país de acogida a país del adiós

Venezuela fue por décadas un país de acogida de diversos grupos de migrantes provenientes de diferentes partes del mundo. Para 2015, las Naciones Unidas informaba en su reporte anual sobre migración internacional que los extranjeros comprendían el 5 % de la población venezolana[3].

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) había señalado ya en un estudio publicado un año antes y basado en estudios comparativos de censos del 2000 y el 2010 que Venezuela era –en términos de números absolutos– el segundo país receptor de migrantes latinoamericanos en Suramérica, superado solo por Argentina[4].

Esta realidad fue creando en Venezuela un imaginario colectivamente compartido de “país de acogida” y una sociedad multi-cultural en donde ciudadanos europeos (principalmente de España, Italia, y Portugal), suramericanos (de países como Colombia, Perú, Ecuador, así como refugiados argentinos, uruguayos y chilenos), y ciudadanos de países asiáticos, entre otros, construyeron por años una amalgama plural de nacionalidades con diferentes niveles de integración que fueron aportando y contribuyendo por décadas a la formación económica, social e identitaria de millones de familias venezolanas. 

Más aun, debido a ciertos periodos de bonanza económica, pocos venezolanos se fueron del país de manera permanente y, a diferencia de ciudadanos de otros países de la región, no son muchas las redes de migrantes que los venezolanos construyeron en otros países en años atrás pues sus pasos por terceros países estaban usualmente determinados por estancias de estudios temporales.

El 2017, sin embargo, muestra una realidad migratoria drásticamente distinta de la Venezuela de años precedentes. De país de acogida, Venezuela pasó en relativamente poco tiempo a ser un país de “adioses”.

Lamentablemente, se ha hecho difícil conocer la verdadera magnitud de las despedidas: la opacidad gubernamental en materia de publicación de cifras de indicadores socio-económicos se extiende, de igual manera, a la falta de información sobre la salida de venezolanos del país. Datos del Banco Mundial indican que para el 2015 se calculaba que habían salido 655.000 migrantes venezolanos[5]. Estudios de universidades venezolanas pusieron el número en 800.000 para el mismo año[6]. Tal vez las cifras de mayor alarma corresponden al marcado incremento de las solicitudes de asilos de venezolanos en el mundo. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación en uno de sus primeros comunicados emitidos a raíz del incremento de solicitudes de asilo de personas provenientes de Venezuela:

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para finales de 2012, la cifra de solicitantes de asilo de Venezuela era de 505, pasando a 1.153 en 2013, 4.820 en 2014 y 15.094 para finales de 2015. Lo anterior representa un aumento porcentual de 2.889 % en el número de personas venezolanas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el exterior entre 2012 y 2015[7].

En el boletín más reciente publicado por el Acnur sobre la situación de Venezuela[8], el Alto Comisionado indica que el número de venezolanos solicitantes de la condición de refugiado ha venido incrementándose año tras año y que el total del período 2014-2017 se ubica en 80.000 personas. Los principales países receptores de estas solicitudes son: EE.UU., Brasil, España, Perú, y Costa Rica. A esta situación, el Acnur agrega otros datos que considera “de preocupación”:

• Tan solo en el 2017, 9.000 venezolanos pidieron asilo en Brasil. En el estado brasileño de Roraima (fronterizo con Venezuela) la policía federal registra la llegada de 150 venezolanos por día.
• Unos 300.000 venezolanos están residiendo en Colombia y al menos 650.000 se han registrado para obtener una “tarjeta de movilidad fronteriza” que les permite entrar a Colombia para hacer compras de productos básicos.
• Algunos países del Caribe están recibiendo grandes influjos de venezolanos en comparación con su propia población: Aruba ha recibido a 20.000 venezolanos teniendo el país una población de 110.000 personas. Curazao, por su parte, hospeda a 5.000 venezolanos, siendo su población de 159.000 habitantes.

Los datos anteriores ilustran una nueva realidad en la región: a la ya preocupante crisis de refugiados que vive el Triángulo Norte de Centro-América en México y EE.UU. se suma la crisis de refugiados venezolanos en distintas partes del continente.

Venezuela o la tormenta perfecta: crisis profunda de derechos humanos

En los últimos meses, Venezuela ocupa los titulares principales de medios de comunicación internacional como consecuencia, lamentablemente, de la crisis humanitaria y de derechos humanos. Ya son comunes las fotos y los videos de cientos de personas haciendo filas interminables para adquirir alimentos y otros insumos básicos en supermercados semi-vacíos, intentando comprar medicinas en farmacias desabastecidas y buscando tratamientos médicos en hospitales sin infraestructura.

Por otro lado, las olas de protestas que el país vivió tanto en el 2014 como de abril a agosto del presente año, con la respectiva respuesta represiva y violenta por parte del Estado, han puesto al país en el “ojo del huracán” de la comunidad internacional.

Las denuncias constantes de la sociedad civil organizada y de los propios ciudadanos venezolanos, a través de los medios a su alcance, sobre la existencia de una crisis humanitaria que se suma a una crisis política e institucional dan cuenta de que en materia de derechos humanos el país vive una especie de “tormenta perfecta” en la que la violación continua de derechos civiles y políticos, en especial del derecho a la libertad de expresión que se ha visto severamente limitado en el contexto de la represión a las protestas y la violación  de otros derechos como el de la integridad física, la libertad personal, la no-injerencia arbitraria en el domicilio y una vida libre de tortura, se suma la violación diaria, cotidiana y asfixiante de los derechos económicos, sociales y culturales, con particular énfasis en el derecho a la alimentación y a la salud. Esta “tormenta perfecta” termina cristalizando “su embestida” en el colapso del Estado de derecho y, en consecuencia, en el éxodo de miles de personas.

Ante la situación antes descrita, la respuesta del Gobierno venezolano ha sido la negación sistemática de una realidad a todas luces difícil de esconder. Una vez más, las cifras hablan por sí solas y describen un escenario de crisis humanitaria:

• La pobreza en Venezuela ha ido en aumento en los últimos años. Para el 2015, los estudios hechos por algunas de las principales universidades del país apuntaban que el 73 % de los hogares sufrían pobreza a nivel de ingresos[9]. Para el 2016, el mismo estudio ubicaba la cifra en 81,8 %. Estos números representan un salto alarmante si se compara con la cifra de apenas dos años atrás, cuando la pobreza a razón de ingresos se ubicó en 48 %[10].
• El Observatorio Venezolano de la Salud y la Federación Farmacéutica de Venezuela, entre otras organizaciones, han alertado que los niveles de desabastecimiento en medicinas esenciales y para enfermedades crónicas supera el 80 %. También se ha documentado el deterioro profundo de la infraestructura hospitalaria en casi todo el país[11]. Con la crisis del sistema de salud ya denunciada, no fue del todo sorprendente leer los datos arrojados en mayo de este año cuando se publicó por primera vez en dos años el boletín epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el que se indicó que el número de muertes maternas del 2016 superaba a las del 2015 en 65,79 % mientras que las muertes de menores de un año se ubicaban en un 30 % más con respecto al año anterior.
• Muchos expertos aseguran que el país atraviesa también por una crisis de inseguridad alimentaria. Según la Encovi del 2016, en un año 72,7 % de los venezolanos perdieron en promedio 8,7 kilos por falta de alimentación. No es de sorprender que el 93 % de los encuestados respondieron que no generan suficientes ingresos para comprar alimentos[12].

Son muchos los testimonios, los casos, las denuncias, e incluso los documentales y artículos que diferentes medios de comunicación, ONG, periodistas, ciudadanos, y organismos internacionales han publicado sobre la imperiosa necesidad de que Venezuela abra un canal humanitario que permita la entrada de medicinas, insumos y alimentos en el país. A pesar de que en alguna ocasión el presidente Nicolás Maduro asomó la posibilidad de trabajar con las Naciones Unidas al respecto[13], la promesa quedó incumplida y Venezuela mantiene e incluso agudiza algunos de los peores indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales de toda la región.

La situación de otros derechos humanos no es más alentadora. Después de veintidós planes nacionales de seguridad ciudadana, el país conservó la segunda tasa de homicidios más alta del mundo en el 2016 (70,1 por cada 100.000 habitantes) según datos del propio Ministerio Publico, que agregó además que el 86,6 % de los homicidios fueron cometidos por armas de fuego. [14]

Aparte de la crisis de seguridad ciudadana, los venezolanos se ven expuestos también a violencia promovida desde y por el Estado a través de la limitación de derechos fundamentales como la participación política, la libertad de expresión, y la libertad personal.

Diferentes organizaciones han denunciado patrones constantes de detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, lo cual hace pensar que a pesar de la existencia de una crisis de las magnitudes ya descritas los ciudadanos están obligados a guardar silencio pues el precio de no hacerlo compromete su propia libertad y, en el peor y más extremo de los casos, su propio derecho a la vida[15].

Ante la crisis en casa, protección en el refugio

La crisis de derechos humanos descrita en el apartado anterior da cuenta de las razones por las cuales debe considerarse el éxodo de venezolanos una crisis de refugiados a nivel continental. Los factores de expulsión de esta población son en sí mismos multi-causales, pues expresan la combinación de violación de derechos fundamentales que genera la crisis tanto humanitaria como político-institucional.

En varios países de la región se han venido documentando casos de personas solicitantes de asilo venezolanas que se han visto obligadas a dejar el país por razones diversas, que van de afectaciones severas a su seguridad personal (familiares víctimas de homicidios múltiples, secuestros y extorsión, etcétera), a pacientes de enfermedades crónicas imposibilitados de cumplir con su tratamiento médico a causa de la escasez de medicamentos.

Dada la crisis de violencia institucional ya señalada, también existen diversos casos de persecución por razones de opinión política claramente contemplados en la Convención sobre los Refugiados de 1951.

Este cuadro multi-causal de los solicitantes de asilo venezolanos llama en muchos casos a la necesidad de que se asuma la protección de los mismos bajo una definición ampliada de refugiados incluyendo –pero no exclusiva a– la promovida por la Declaración de Cartagena, que contemple el análisis y la inclusión de diferentes aspectos situacionales en los factores de expulsión. Se necesita, por lo tanto, un consenso regional que impulse políticas de protección a esta crisis de refugiados en los distintos países de acogida sin olvidar que –en última instancia– la solución primordial y duradera es remediar la crisis política y humanitaria que vive Venezuela y cuya responsabilidad última recae en el Gobierno venezolano.

Notas

[1]CIDH y ACNUR: “Declaración Conjunta en ocasión del Día Internacional del Refugiado,” 20 Junio 2017, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/080.asp

[2]Declaración de Cartagena Sobre Refugiados, 22 de Noviembre de 1984. Disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008 (Resaltado nuestro).

[3]United Nations, Department of Economic and Social Affairs: International Migration Report 2015,disponible:http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf

[4]CEPAL: “Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”, Octubre 2014, disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37218/1/S1420586_es.pdf

[5]The World Bank: Knomad Migration Data, Venezuela, disponible en http://www.knomad.org/data/migration/emigration?tid%5B263%5D=263

[6]“Estudio asegura que oleada de venezolanos emigrantes va en aumento”. Diario Panorama, 9 de febrero de 2015, disponible en http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Estudio-asegura-que-oleada-de-venezolanos-emigrantes-va-en-aumento-20140703-0053.html

[7]Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comunicado de Prensa. “CIDH expresa preocupación por situación de personas migrantes venezolanas y llama a Estados de la región a implementar medidas para su protección”, 25 de Enero 2017, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/006.asp

[8]UNHCR: Venezuela Update, Agosto 2017, disponible en http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Venezuela%20Situation%20Update%20-%20August%202017.pdf

[9]Amnistía Internacional: Informe Anual 2015-2016; Capitulo sobre Venezuela. Disponible en https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/

[10]Encuestas sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI); Febrero de 2016, disponible en http://www.fundacionbengoa.org/noticias/2017/images/ENCOVI-2016-Pobreza.pdf

[11]OVS: “Venezuela enfrenta el desafío de satisfacer el derecho a la salud y a la alimentación”. disponible en http://www.ovsalud.org/noticias/2016/derechos-humanos-venezuela-desafio-salud-alimentacion/

[12]ENCOVI: Idem, disponible en http://www.fundacionbengoa.org/noticias/2017/images/ENCOVI-2016-Alimentacion.pdf

[13]“Maduro pide ayuda a Naciones Unidas ante escasez de medicinas”, 25 de Marzo 2017, disponible en https://elpais.com/internacional/2017/03/25/america/1490402446_848555.html

[14]EFE: “Tasa de homicidios es de 70 por cada 100,000 habitantes”, 31 Marzo 2017, disponible en https://www.efe.com/efe/america/sociedad/tasa-de-homicidios-en-venezuela-es-70-por-cada-100-000-habitantes-dice-fiscalia/20000013-3225216

[15] Amnistia Internacional, Silencio a la Fuerza. Detenciones Arbitrarias por Razones Políticas en Venezuela. Abril 2017, disponible en https://amnistia.org.ar/silencio-a-la-fuerza-detenciones-arbitrarias-por-motivos-politicos-en-venezuela/ y “Militarización de la Crisis promueve la violencia”, Junio de 2017, disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/06/venezuela-militarizacion-de-la-crisis-por-parte-de-autoridades-intensifica-violencia-y-promueve-miedo/

Este artículo fue publicado originalmente en Revista SIC – Centro Gumilla

Fotos: Laura Rangel - Amnistía Internacional Venezuela