Si la población continúa congregándose para protestar, las autoridades deben garantizar que la respuesta de la policía respeta el derecho y las normas internacionales sobre los derechos humanos y la función de hacer cumplir la ley. En particular, la policía debe intentar evitar hacer uso de la fuerza, a la que sólo puede recurrir si es estrictamente necesario y en la medida precisa para hacer cumplir la ley. No debe pensar que esta prohibición le da luz verde para reprimir con violencia a partidarios de la oposición.

12 octubre 2017

En respuesta a la decisión del gobierno keniano de prohibir las manifestaciones en los distritos comerciales del centro de las tres principales ciudades del país, Nairobi, Mombasa y Kisumu, Michelle Kagari, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, ha manifestado:

“Es probable que esta prohibición, anunciada sólo dos semanas antes de una tensa repetición de las elecciones presidenciales, sirva de base a una fuerte represión policial. Este tipo de prohibiciones absolutas sólo son justificables en las condiciones más extremas, cuando la policía no pueda garantizar, si no, el orden público y la seguridad."

“Pero si la población continúa congregándose para protestar, las autoridades deben garantizar que la respuesta de la policía respeta el derecho y las normas internacionales sobre los derechos humanos y la función de hacer cumplir la ley. En particular, la policía debe intentar evitar hacer uso de la fuerza, a la que sólo puede recurrir si es estrictamente necesario y en la medida precisa para hacer cumplir la ley. No debe pensar que esta prohibición le da luz verde para reprimir con violencia a partidarios de la oposición.”

Al anunciar la prohibición en Nairobi hoy, el ministro del Interior en funciones, Fred Matiang’i, ha dicho que es en respuesta a un “peligro claro e inminente de alteración de la paz y el orden público” y que se ha avisado al director general de la policía en consecuencia. La prohibición se ha impuesto un día después de que la Super Alianza Nacional haya convocado protestas diarias en el marco de su campaña en demanda de cambios de personal en la comisión electoral.


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