El Consejo celebrará una sesión pública sobre la situación en Myanmar hoy, cuando el secretario general Antonio Guterres informará a los miembros sobre la actual crisis en el estado de Rajine.

El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer cuanto pueda para poner fin a los crímenes de lesa humanidad y la limpieza étnica que están teniendo lugar contra la población civil rohingya en Myanmar; para ello debe tomar medidas entre las que se encuentra imponer un embargo de armas integral al país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

El Consejo celebrará una sesión pública sobre la situación en Myanmar el jueves, cuando el secretario general Antonio Guterres informará a los miembros sobre la actual crisis en el estado de Rajine.

“El ejército de Myanmar está desplazando a la fuerza y matando a rohingyas, en una campaña de crímenes de lesa humanidad que constituye una limpieza étnica. Cuando se reúnan el jueves, los Estados miembros de la ONU deben preguntarse de qué lado de la historia quieren estar, y deben hacer cuanto puedan para poner fin a esta pesadilla. Unidos, tienen el poder de presionar a Myanmar para que ponga fin a la violencia”, ha manifestado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

“El Consejo de Seguridad debe poner fin de inmediato a la transferencia a Myanmar de todo tipo de armas, municiones y material relacionado, imponiendo un embargo de armas integral. Ese embargo debería abarcar los suministros tanto directos como indirectos, y también debería garantizar que se pone fin a la formación y otro tipo de ayuda al ejército de Myanmar.”

La reunión del Consejo de Seguridad se celebra casi exactamente un mes después de que el ejército de Myanmar lanzara una brutal operación en el estado de Rajine. Ese ataque se lanzó en respuesta a los ataques perpetrados contra decenas de puestos de seguridad, en los que murieron al menos 12 miembros de las fuerzas de seguridad y cuya autoría reivindicó el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, grupo armado rohingya.

Desde entonces, casi medio millón de personas refugiadas han cruzado la frontera a Bangladesh, lo que significa que casi la mitad de los 1,2 millones de personas que viven en el estado de Rajine han huido de sus casas, y decenas han muerto violentamente en poco más de un mes.

Amnistía Internacional ha documentado la manera en que las fuerzas de seguridad de Myanmar han arrasado pueblos enteros en el estado de Rajine y han disparado contra quienes trataban de huir, en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que constituye crímenes de lesa humanidad. Pese a las afirmaciones del gobierno de Myanmar respecto a que las operaciones militares han cesado, Amnistía Internacional también pudo confirmar nuevos incendios de pueblos en una fecha tan cercana como la semana pasada.

Esta situación está empeorando aún más a causa de las severas restricciones impuestas por Myanmar contra los grupos de ayuda en el norte del estado de Rajine. Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que indica que el miedo a la hambruna, así como los ataques del ejército, están expulsando a más gente de sus casas, mientras muchos rohingyas se encuentran atrapados en pueblos sin apenas acceso al alimento.

“Esta crisis dista de haber terminado, y no cabe duda de que los abusos continúan imparables en el estado de Rajine. Más que nunca, el mundo necesita adoptar una postura firme y presionar a Myanmar y sus fuerzas de seguridad para que pongan fin a los horrores que están infligiendo a la población rohingya”, ha declarado Tirana Hassan.

“Queremos que el Consejo de Seguridad emita una declaración pública en la que condene las atrocidades cometidas en el estado de Rajine, y que inste a que se ponga fin a la violencia y a que se permita el acceso sin trabas a los grupos de ayuda humanitaria.”

Foto: ShutterStock/Alicejou