Novel Baswedan, destacado investigador de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, organismo estatal independiente, ha sido acusado penalmente de difamación en aplicación del artículo 27.3 de la Ley Núm. 19/2016 (Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas)

Novel Baswedan, defensor de los derechos humanos y destacado investigador del organismo independiente Comisión para la Erradicación de la Corrupción, se enfrenta a un proceso penal por difamación por un mensaje de correo electrónico que escribió como representante sindical. El cargo se presenta cinco meses después de que Novel Baswedan sufriera una agresión con ácido en Yakarta, un incidente cuya investigación no ha avanzado.

Novel Baswedan, destacado investigador de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, organismo estatal independiente, ha sido acusado penalmente de difamación en aplicación del artículo 27.3 de la Ley Núm. 19/2016 (Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas). La denuncia se refiere a un mensaje de correo electrónico en el que Novel Baswedan, en calidad de representante del sindicato de los trabajadores de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, criticaba la labor del actual director del departamento de investigación de dicho organismo y cuestionaba la designación de un investigador de la policía para la Comisión, afirmando que no se ajustaba a los procedimientos internos del organismo.

El 11 de abril de 2017, cuando Novel Baswedan regresaba a su domicilio después de la oración de la mañana, dos hombres que iban en una motocicleta le arrojaron a la cara el contenido de un frasco de ácido clorhídrico. Cuando se produjo la agresión, Novel Baswedan dirigía una investigación sobre malversación de fondos para un proyecto de tarjetas de identificación electrónicas, en el que están implicados parlamentarios y altos cargos del gobierno. Debido a las graves lesiones que sufrió en las córneas, Novel Baswedan se encuentra en Singapur recibiendo tratamiento médico intensivo, y está previsto que permanezca allí entre tres y cuatro meses más.

No ha habido ninguna novedad sobre el caso de la agresión con ácido desde que el presidente Joko Widodo convocó al jefe de la policía nacional a finales de julio para que diera una conferencia de prensa y se hizo público el retrato robot de los sospechosos. Esta falta de avances en la investigación de la policía sobre el ataque con ácido contrasta fuertemente con su rápida respuesta a las denuncias de difamación, lo que demuestra el deficiente tratamiento que la policía da a la investigación del caso y de otras agresiones sufridas por defensores y defensoras de los derechos humanos en el país.

Los activistas contra la corrupción y los defensores y defensoras de los derechos humanos en Indonesia llevan largo tiempo sometidos a amenazas y agresiones, y muchos de estos incidentes están sin resolver. Es precisa una actuación decidida de las autoridades que ponga fin a la actual cultura de impunidad y garantice que los activistas pueden desempeñar su labor pacíficamente y sin temor.

Escriban inmediatamente en inglés, en indonesio bahasa o en su propio idioma, instando a las autoridades a:

- llevar a cabo sin demora una investigación exhaustiva e imparcial sobre la agresión sufrida por Novel Baswedan y  poner a los presuntos autores a disposición judicial con arreglo a las normas internacionales de garantías procesales;

- poner fin de inmediato al acoso que sufren los activistas contra la corrupción y los defensores de los derechos humanos en Indonesia, y garantizar que pueden desempeñar su labor pacíficamente y sin temor;

- revocar o enmendar todas las disposiciones de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas que imponen restricciones injustificadas al derecho a la libertad de expresión, y garantizar que ninguna de sus disposiciones permite imponer sanciones penales por difamación. 

Información adicional

Las anteriores investigaciones de Novel Baswedan sobre graves casos de corrupción han llevado a juicio a parlamentarios, generales de la policía y ministros. Durante su carrera, el activista ha recibido numerosas amenazas de agresión física y ha sido denunciado penalmente por difamación para tratar de obstaculizar sus investigaciones.

El ataque con ácido contra Novel Baswedan no puede considerarse un hecho aislado. La falta de rendición de cuentas en otros casos de amenazas y actos de violencia contribuye al clima de temor reinante entre activistas anticorrupción y defensores de los derechos humanos.

Tama Satya Langkun, investigador de la organización Indonesia Corruption Watch en Yakarta, fue brutalmente golpeado el 8 de julio de 2010 por dos personas sin identificar. Años después, nadie ha sido detenido ni ha comparecido ante los tribunales. En la época en que se produjo la agresión, Tama Satya Langkun había estado investigando cuentas bancarias sospechosas vinculadas a varios altos mandos del ejército.

Haris Azhar, coordinador ejecutivo de la Comisión para las Desapariciones y las Víctimas de la Violencia, publicó en Facebook el 28 de julio de 2016 los vínculos de agentes de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el contrabando de drogas y la corrupción en Indonesia. La denuncia se basaba en conversaciones mantenidas con una persona condenada a muerte por narcotráfico en 2014, y fue publicada 24 horas antes de que este preso fuera ejecutado, el 29 de julio de 2016, junto con otras tres personas acusadas de delitos relacionados con drogas, en la isla de Nusakambangan, en Java Central. Desde la publicación de The dark story of a bandit: testimony from a meeting with Freddy Budiman in Nusakambangan Prison (2014), Haris Azhar ha recibido amenazas anónimas y el personal de la Comisión para las Desapariciones y las Víctimas de la Violencia cree que se ha incrementado la vigilancia por parte de los agentes de los servicios de inteligencia.

El 15 de agosto de 2016, I Wayan “Gendo” Suardana, defensor de los derechos humanos de WALHI (Amigos de la Tierra - Indonesia), fue denunciado a la policía por activistas de una organización de masas con vínculos políticos llamada Pospera (Posko Perjuangan Rakyat, Bastión de lucha del pueblo). Según los activistas, Gendo había realizado comentarios difamatorios contra su organización y contra el presidente de su consejo de administración, que también es parlamentario del partido gobernante. Gendo se refirió a Pospera en un tuit como “Pos Pemeras Rakyat” (Bastión de extorsión del pueblo) y llamó a uno de sus líderes “Napitufulus”, haciendo un juego de palabras con su apellido Napitupulu (fulus significa dinero).

La Ley de Información y Transacciones Electrónicas de 2008 está redactada de una forma imprecisa y se ha utilizado para presentar cargos penales contra disidentes y defensores de los derechos humanos mediante amplias interpretaciones de lo que constituye difamación y blasfemia. El artículo 27.3 de esta ley, que dispone: “Cualquier persona que deliberadamente y sin permiso distribuya, transmita o facilite el acceso a información o documentos en formato electrónico cuyo contenido sea ofensivo o difamatorio” ,o información “encaminada a infligir odio u hostilidad contra personas”, tipifica como delito ciertas formas de expresión. Esto contraviene el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Indonesia es Estado Parte, que dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.

Según las normas internacionales de derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión se extiende a “los modos de expresión audiovisuales, electrónicos o de Internet, en todas sus formas”. Amnistía Internacional se opone a las leyes que penalizan la difamación, ya sea de personalidades públicas o de particulares, ya que este tipo de asuntos deben tratarse por la vía civil.

Foto: ShutterStock/Erik Kalibayev