Estamos viendo propagarse una catástrofe humanitaria a ambos lados de la frontera entre Myanmar y Bangladesh, y hay que hacer todo lo necesario para impedir que se agrave.

La reciente violencia desatada en Myanmar presenta todas las características de una limpieza étnica. Las fuerzas de seguridad myanmaras han emprendido una campaña brutal y desproporcionada de incendios de pueblos enteros y disparos al azar contra rohingyas que tratan de huir.

Pero, aparte de la situación inmediata de emergencia humanitaria, lo que está ocurriendo puede también aportarnos importantes enseñanzas sobre la no intervención y los derechos humanos.

El principio de “no intervención en los asuntos internos,” que reviste especial importancia en los discursos de los líderes de la ASEAN, está establecido en el derecho internacional desde hace mucho tiempo. Pero la idea de que es un principio absoluto, que está por encima de todos los demás, fue abandonada por la comunidad internacional hace muchos decenios, una vez que se conocieron el alcance y la magnitud de las atrocidades masivas de la Segunda Guerra Mundial.

En 1970, el entonces secretario general de la ONU dijo que las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas debían abarcar también toda medida humanitaria que pudiera tomarse para salvar la vida de gran número de seres humanos. Ese secretario general se llamaba U Thant y era de Birmania, conocida ahora como Myanmar.

Por tanto, la no intervención no implica que un país pueda hacer con su propia población todo lo que quiera, y menos aún atacar a civiles. Un país que se respete a sí mismo no puede ver cómo el Estado vecino comete actos ilegítimos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, y quedarse callado en nombre de la no intervención.

Las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en gran escala no son jamás un asunto interno. Todos los países del mundo deben defender el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a no sufrir discriminación y otros derechos humanos clave.

Estamos viendo propagarse una catástrofe humanitaria a ambos lados de la frontera entre Myanmar y Bangladesh, y hay que hacer todo lo necesario para impedir que se agrave.

Sin embargo, Myanmar continúa escudándose en el principio de no intervención para justificar estos crímenes en nombre de la “lucha contra los terroristas”. El gobierno hace todo lo posible para eludir el escrutinio internacional, negándose, por ejemplo, a facilitar el acceso a una misión de investigación de la ONU establecida este año para que examine lo que está sucediendo realmente en el estado de Rajine y en otras partes del país.

Los demás miembros de la ASEAN no pueden dejar que Myanmar continúe con este juego.

La propia Carta de la ASEAN prevé entre sus principios destacados la no intervención en los asuntos internos de sus Estados miembros, pero lo hace junto con el del respeto de las libertades fundamentales, la promoción y protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia social, no por encima de él. Por tanto, la no intervención es un buen principio siempre que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos; si no lo hace, ese principio no lo exime del escrutinio, las críticas y otras medidas de los demás Estados, tanto de los pertenecientes a la ASEAN como de los que no.

De hecho, la Carta de la ASEAN da una pista de lo que otros Estados miembros pueden hacer para generar una respuesta significativa a la crisis de Myanmar. Su artículo 20.4 dispone que, en caso de infracción grave o incumplimiento de la Carta, el asunto se remitirá a la cumbre de la ASEAN para que se tome una decisión.

Myanmar ha incumplido de manera flagrante el compromiso contraído en virtud de la Carta de la ASEAN. Por consiguiente, los líderes de la ASEAN debe convocar con urgencia una cumbre para determinar cómo poner fin a las violaciones de derechos humanos y garantizar la asistencia humanitaria a las personas refugiadas rohingyas de Rajine y a las desplazadas dentro de Myanmar, el regreso en condiciones de seguridad de los rohingyas que deseen volver a sus hogares y la resolución de la causas básicas de la crisis, entre ellas la enraizada discriminación de los rohingyas y la pobreza, la infraestructura deficiente y la necesidad de desarrollo sostenible del estado en general.

La lucha de Myanmar contra el grupo armado rohingya no justifica y ni puede justificar  los ataques contra la población civil. Es preciso investigar tales ataques, no hacer caso omiso de ellos, para someter a los responsables a un juicio justo y garantizar reparación a las víctimas.

La crisis de Rajine ha afectado también a otros países. En Indonesia, por ejemplo, la violencia ha calentado el debate mayoría-minoría y ha dado una excusa a grupos de línea dura como el Frente de Defensores del Islam para amenazar con poner sitio al templo budista de Borobudur, en Magelang, Java Central, en venganza por los padecimientos de los musulmanes rohingyas, que son minoría en el Myanmar de mayoría budista

Indonesia ha tomado la loable medida de enviar ayuda humanitaria por valor de dos millones de dólares a la población rohingya de Rajine y Bangladesh. No obstante, debe continuar pidiendo el acceso pleno y sin restricciones de los agentes humanitarios a todas las partes de Rajine.

Además, Indonesia debe presionar a Myanmar para que cumpla los recientes llamamientos de Consejo de seguridad de la ONU para que ponga fin de inmediato a la violencia en Rajine.

Pero, en última instancia, la única solución a la crisis de Rajine está en el lado myanmaro de la frontera. Indonesia y la comunidad internacional deben dejar a un lado el principio de no intervención y presionar a Myanmar para que haga todo lo posible para a abordar la discriminación sistemática ejercida desde hace mucho tiempo en Rajine, que ha dejado a la población sumida en una espiral de violencia y privación.

Para ser justos, según sus llamamientos en la crisis de los rohingyas, Indonesia debería también cumplir el principio de no intervención en los asuntos internos no oponiéndose a ningún escrutinio internacional en las recurrentes violaciones de derechos humanos de Papúa.

Por Usman Hamid, director de Amnistía Internacional Indonesia

Publicado originalmente en el Jakarta Post.

Foto: ShutterStock/Hafiz Johari